Por Jurema Werneck y Erika Guevara Rosas

Durante las elecciones, las personas candidatas tienen una tribuna que permite que sus discursos se amplifiquen, y con ello sus repercusiones, para bien o para mal. En esos momentos decisivos, la ciudadanía debe tener acceso a información fidedigna, objetiva y basada en evidencias. En cualquier contexto se debe proteger el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar y difundir información, ideas y opiniones de todo tipo, pero tratándose de un contexto electoral esto es de vital importancia, pues las personas necesitan tener información para poder ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos, así como expresar su opinión acerca de las candidaturas.

En Brasil, ese derecho a la información está bajo ataque cuando uno de los candidatos, y actual presidente, utiliza un discurso anti-derechos humanos consistentemente, ya desde las elecciones anteriores. Más aún, cuando uno de los candidatos, Jair Bolsonaro, se presenta a la reelección y no solo ha persistido en este discurso, sino que lo ha profundizado con su actuar durante su gobierno y lo ha utilizado para poner en duda la legitimidad de otras instituciones públicas fundamentales en el resguardo de los derechos de las personas y las garantías del debido proceso, como el Supremo Tribunal Federal y del Superior Tribunal Electoral.

Las personas candidatas tienen libertad para expresar sus ideas y movilizar a quienes les apoyan, pero esta libertad de expresión conlleva obligaciones y tiene límites, lo cual es más importante tratándose de altos funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha determinado que cuando altos funcionarios públicos se pronuncian sobre temas de interés público, están “sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones.” Por ello, las personas que ocupan cargos públicos “deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, debido a su alta investidura, el alto alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”.

Además, la Corte establece que personas que son funcionarias públicas deben tener en cuenta que “tienen una posición garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.

En Brasil, este contexto altamente polarizado está claramente presente, y por tanto es responsabilidad de todas las candidaturas, y muy especialmente de quien actualmente ejerce el rol de presidente, de estar a la altura de esta responsabilidad. Deben resguardar que tanto sus propuestas de gobierno como su discurso público estén en línea con los derechos humanos, e impliquen avances, jamás retrocesos, en esta materia.

Seguimos acompañando a las personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas que han pagado altos costos por defender los derechos humanos en los últimos años, así como de las personas que de una u otra forma han sido víctimas de discursos de odio y anti-derechos. Y hacemos un llamado al actual presidente y demás personas candidatas a no perder el tiempo con polémicas y ataques, sino aprovechar el momento para enfocar sus esfuerzos en discutir temas de derechos humanos que serán claves para los próximos cuatro años en el país, tales como medidas para una recuperación justa por la pandemia generada por el Covid-19, la violencia policial, los derechos de los Pueblos Indígenas, las urgentes medidas para garantizar la justicia climática y asegurar la libertad de expresión a todas las personas, así como la protección a personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas.

Las elecciones no pueden ser un pretexto para vulnerar o promover la vulneración de los derechos humanos.

Jurema Werneck es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil. Erika Guevara Rosas es la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Este texto fue publicado originalmente en O Globo