Los retrocesos que, en materia de derechos humanos, especialmente los civiles y políticos, ha registrado El Salvador en el último quinquenio son alarmantes. En este contexto y ante la reciente reforma al artículo 248 de la Constitución, donde se ha limitado el derecho de las personas de participar en el proceso de reforma constitucional en el futuro, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La reforma constitucional aprobada en la última sesión de la Asamblea Legislativa saliente, suscita preocupación por el impacto negativo que podría haber sobre el respeto de los derechos humanos a futuro y la limitación de las oportunidades para que las personas participen en asuntos públicos. Este nuevo método de reforma constitucional, que se pretende aplicar, tiende a reducir drásticamente el espacio para el debate, la reflexión y a limitar la participación de las personas en los asuntos de interés público.

“Adicionalmente, durante los últimos tres años, la super-mayoría del oficialismo en la Asamblea Legislativa ha sido una pieza clave que posibilitó, entre otras cosas, la erosión de la independencia judicial, el debilitamiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas, violar sistemáticamente las garantías del debido proceso y suspender por 26 meses consecutivos derechos que, de acuerdo con los estándares internacionales, deben garantizarse bajo cualquier circunstancia.”

“Frente a esta situación, surge la preocupación legítima de que esta reforma constitucional pueda abrir la puerta a futuras modificaciones normativas en la Carta Magna que tiendan al menoscabo de los derechos humanos en la legislación nacional.”

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Originalmente, el artículo 248 indicaba una única manera en la que se podía reformar la Constitución, la cual consistía en que cualquier cambio al texto de dicho cuerpo normativo debía contar con la aprobación de dos Asambleas Legislativas diferentes. Este método podría promover un mayor tiempo de consideración, permitiendo generar escenarios más propicios para el debate público y la deliberación, lo que a su vez sienta mejores condiciones para que la población pueda participar en la toma de decisiones en asuntos públicos. En la práctica, la aplicación de este método de reforma podría fomentar el escrutinio público sobre las reformas constitucionales en discusión, así como brindar múltiples oportunidades para que diversos sectores de la sociedad expresen sus opiniones y preocupaciones sobre dichos cambios.

Con la reforma aprobada el pasado 29 de abril, se introduce una segunda opción para realizar cambios en la Constitución, la cual establece que las reformas podrán aprobarse por una sola legislatura, cuando se cuente con los votos de las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa.

La posibilidad de aprobar la nueva fórmula estará en las manos de la nueva Asamblea Legislativa que, al igual que la legislatura pasada, gozará de una amplia mayoría del partido oficialista. Esta composición ya facilitó que, entre mayo de 2021 y abril de 2024, se cambiaran múltiples cuerpos normativos de carácter secundario de forma exprés, en algunos casos de manera sorpresiva e inconsulta y sin dar posibilidades de participación a la sociedad civil, quienes en muchos casos representaban a grupos minoritarios o marginalizados.