En respuesta a la sentencia condenatoria en contra el excoronel y exviceministro de defensa salvadoreño Inocente Montano por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas en 1989, dictada hoy por la Audiencia Nacional de España, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Este fallo histórico es un paso importante en la búsqueda de la justicia que, por décadas, ha sido negada en El Salvador a las víctimas del conflicto armado. Pero también nos recuerda la enorme deuda que tienen las autoridades salvadoreñas en garantizar verdad, justicia y reparación. Es inadmisible que, en El Salvador, a casi 30 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, se siga permitiendo que los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado escapen de la justicia y gocen de impunidad”.

“Las autoridades salvadoreñas tienen bajo su conocimiento varias causas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. La única causa que ha avanzado sustancialmente es la referida a la masacre de El Mozote. En los próximos días, el juez de la causa inspeccionará instalaciones de la Fuerza Armada en búsqueda de información sobre este operativo militar. El gobierno del presidente Bukele tiene en sus manos cumplir con la justicia, entregar los archivos o reconstruirlos. De rehusarse, pasaría a la lista de gobiernos que intentan dejar a las víctimas en el olvido”.

“Instamos a todas las autoridades estatales, incluyendo al presidente, a dar pasos decididos y contundentes encaminados a garantizar, de una vez por todas, los derechos de las víctimas del conflicto armado”.

Información adicional

De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado interno en El Salvador entre 1980 y 1992.

El Ejército de El Salvador fue responsable de numerosos crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de derechos humanos en el seno de comunidades acusadas de apoyar a grupos de la guerrilla. Los grupos de oposición armada también cometieron, por su parte, crímenes de derecho internacional y abusos de derechos humanos.

En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta, fueron asesinados por militares en la residencia de las víctimas dentro de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador. Los soldados, miembros del Batallón Atlacatl, entraron en el campus y en la residencia de los sacerdotes. Ordenaron salir de sus dormitorios a los sacerdotes. Después, dispararon contra ellos. También dispararon contra Julia Elba Ramos y Celina, su hija de 15 años.

Nueve miembros del batallón fueron juzgados entre el 26 y el 28 de septiembre de 1991. Siete fueron absueltos. Sin embargo, el 24 de marzo de 1993 los pocos condenados quedaron en libertad al beneficiarse de la ley de amnistía que se había aprobado dos días antes. A pesar de que habían sido identificados en el Informe de la Comisión de la Verdad, a los sospechosos de haber planificado y ordenado los asesinatos no se los procesó.