La consolidación de un modelo de poder ejecutivo sin contrapesos en El Salvador avanza con rapidez. La ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, ocurrida el 29 de enero de 2025, pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos al reducir drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana en la toma de decisiones de gran calado para el país. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó:
“La ratificación de esta reforma constitucional marca un preocupante riesgo de mayor erosión de derechos humanos en El Salvador. Al eliminar la obligación de que los cambios constitucionales sean aprobados por dos Asambleas Legislativas diferentes, el oficialismo se garantiza una vía expedita para modificar la Carta Magna sin procesos deliberativos adecuados ni la participación ciudadana. En un contexto donde la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo han sido sistemáticamente debilitados, esta medida podría allanar el camino para la instauración de reformas que socaven aún más los derechos humanos de la población”.
Desde mayo de 2021, con el control absoluto del órgano legislativo, el partido oficialista ha impulsado reformas legales que han debilitado el acceso a la justicia, eliminado mecanismos de rendición de cuentas y suspendido, durante más de 1,000 días, derechos humanos –como el derecho a un juicio justo y otras garantías al debido proceso bajo un régimen de excepción que incluía medidas desproporcionadas, y una serie de reformas penales que han resultado en la detención arbitraria de más de 84,000 personas.
La eliminación del requisito de dos legislaturas para reformar la Constitución, excluye a la población de procesos clave en la construcción del marco normativo del país y otras medidas que les afecten. Esta modificación deja abierta la posibilidad de futuras reformas que podrían continuar violando derechos humanos, facilitando cambios estructurales que podrían perpetuar la impunidad.
“Los cambios constitucionales deben ser fruto de amplios consensos y garantizar mecanismos de control que permitan a la población ejercer su derecho a participar efectivamente en la vida pública. Con esta reforma, se crean condiciones para que cualquier modificación futura responda únicamente a los intereses del poder en turno, sin un debate serio y amplio, ni consideración alguna por los derechos de la población,” añadió Piquer.
Ante este panorama, es fundamental que la comunidad internacional mantenga un monitoreo constante sobre la situación en El Salvador y exija al Estado salvadoreño se abstenga de cualquier medida que ponga en riesgo los derechos humanos de la población o ponga en riesgo la institucionalidad que debe garantizarlos y protegerlos.
Ver también: El Salvador: Constitución “a la carta” podría profundizar la crisis de derechos humanos en los próximos años.
