El fallo contra una mujer de 19 años, sobreviviente de una violación sexual, que la condena a 30 años de prisión por “homicidio agravado” después de haber sufrido complicaciones obstétricas, es un ejemplo escalofriante de la necesidad de abolir urgentemente la retrograda ley anti-aborto en El Salvador, aseguró Amnistía Internacional.

“La ley anti-aborto en El Salvador solamente está causando dolor y sufrimiento a innumerables mujeres y niñas y sus familias. Esta ley va en contra de los derechos humanos y no tiene lugar en este país ni en ningún otro,” aseguraron desde Amnistía Internacional.

"La prohibición total del aborto en El Salvador viola los derechos de las mujeres a la vida, la salud, la intimidad, al debido proceso y a vivir libre de discriminación, violencia, tortura y tratos crueles. Todas las mujeres y niñas encarceladas por tener un aborto o sufrir emergencias obstétricas deben ser liberadas inmediata e incondicionalmente y la ley debe de ser derogada sin demora”, sostuvo Amnistía Internacional.

Evelyn Beatriz, la joven de 19 años, sobreviviente de una violación, fue ingresada a un hospital de Cojutepeque, en el norte de San Salvador, el 6 de abril de 2016, tras haberse desmayado en su casa. Estaba en trabajo de parto sin saber que estaba embarazada. Según organizaciones locales, Evelyn había sido violada meses antes pero por miedo, no lo había denunciado. El personal del hospital denunció a Evelyn a las autoridades. La joven fue llevada a un tribunal y el 5 de Julio de 2017 fue sentenciada a 30 años de prisión, por cargos de homicidio agravado. Sus abogados están apelando la sentencia.

Una ley extrema

El aborto ha sido criminalizado en todas sus circunstancias en El Salvador desde 1998, incluso cuando el embarazo es resultado de una violación, incesto o cuando la vida o la salud de una mujer o niña embarazada están en riesgo. Muchas mujeres y niñas han muerto o fueron encarceladas debido a la prohibición total del aborto.

El marco legal actual obliga a mujeres y niñas a tener abortos inseguros para salvar sus vidas, y crea un ambiente de sospecha frente a quienes sufren abortos espontáneos u otro tipo de emergencias obstétricas. Por lo tanto, mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo han sido enjuiciadas y sentenciadas por cargos de “homicidio agravado”, con sentencias de hasta 40 años de cárcel.