Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha hallado que la policía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) llevó a cabo una amplia campaña de detención arbitraria y deportación que afectó al menos a 375 personas migrantes africanas que fueron aprehendidas en sus casas en aterradoras redadas nocturnas; llevadas a prisión, donde fueron sometidas a tratos degradantes y otras violaciones múltiples de derechos humanos y, por último, deportadas colectivamente sin ningún tipo de debido proceso.La noche del 24 al 25 de junio de 2021 fueron detenidas centenares de personas de diversos países africanos y recluidas de forma arbitraria en régimen de incomunicación en la prisión de Al Wathba, donde algunas permanecieron hasta dos meses. Posteriormente, la policía emiratí falsificó pruebas PCR negativas para que pudieran viajar, les quitó sus efectos personales —entre los que había documentos legales de vital importancia— y les negó el acceso a asesoramiento jurídico.“Estos trabajadores y trabajadoras africanos vivían y trabajaban legalmente en EAU. Esta actuación basada en la raza causó devastación en la vida de algunos de los miembros más marginados de la sociedad emiratí en un momento en el que el gobierno de EAU se presenta como un país modelo de tolerancia multirracial como anfitrión de la Expo Dubai 2020”, declaró Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades han infligido un trato brutal a cientos de personas basándose en el color de la piel, las ha maltratado en detención y les ha despojado de sus efectos personales y de su dignidad para después deportarlas en masa. EAU debe declarar de forma pública y clara que no aceptará ninguna actuación racista por ningún motivo y garantizar que quienes ya han sufrido este trato recibirán la restitución y el resarcimiento adecuados”.
"EAU debe declarar de forma pública y clara que no aceptará ninguna actuación racista por ningún motivo y garantizar que quienes ya han sufrido este trato recibirán la restitución y el resarcimiento adecuados." Lynn Maalouf, Amnistía Internacional
Sin embargo, a las personas de procedencia africana no se les dio la oportunidad de impugnar su deportación, tal como exigen las normas del derecho internacional y sobre el debido proceso. Al detener y deportar arbitrariamente en masa a cientos de personas de origen africano basándose en la raza y sin el debido proceso legal, EAU violó la prohibición de la discriminación racial y de las expulsiones colectivas que conllevan un riesgo inherente de devolución contenida en el derecho internacional.
Redadas basadas en la raza
Todas las personas entrevistadas describieron la misma constante de actuación basada en la raza en las aprehensiones. Residentes deportados del edificio Lagym dijeron que en éste vivían personas de diversas nacionalidades asiáticas y africanas, pero que las fuerzas de seguridad actuaron contra las africanas y que el puñado de residentes del sur y del sudeste de Asia detenidos lo fueron porque vivían con personas africanas.
Las personas trabajadoras entrevistadas dijeron que la policía emiratí irrumpió en su casa entre las 2 y las 4 de la madrugada y las hicieron salir sin permitirles siquiera vestirse adecuadamente. Dijeron que los policías, algunos de los cuales fueron identificados como miembros del Departamento de Investigación Penal, no les habían permitido mostrar sus documentos de residencia que demostraban que estaban legalmente en el país.
Kabirat Olokunde, de Nigeria, trabajaba como ayudante en una escuela internacional cuando fue deportada el 22 de agosto. Dijo que la policía no le había dejado vestirse y que la esposó a pesar de que llevaba la ropa de dormir. Dijo: “Les pregunté: ‘¿Por qué estoy aquí? No soy una delincuente. Tengo mis papeles. ¿Por qué me traéis aquí?’ Y me respondieron: ‘Emiratos da, Emiratos quita’”. También dijo que los policías la habían acosado sexualmente. “Esos idiotas me tocaron los pechos… Les dije: ‘Si me volvéis a tocar, os daré una bofetada’”.
Condiciones de reclusión precarias
Las personas deportadas describieron las precarias condiciones en la prisión de Al Wathba, donde estuvieron en habitaciones masificadas e insalubres, y se les negó el acceso a atención médica adecuada, antes de ser deportadas arbitrariamente.
Las autoridades penitenciarias separaron a los hombres y a las mujeres al entrar, llevándolos a salas distintas.
Las mujeres entrevistadas dijeron que había hasta 220 detenidas en su parte de la prisión. Sólo había 4 aseos para todas. Todas las personas entrevistadas dijeron que no les habían dado mascarillas y que no les habían hecho pruebas de COVID-19 a pesar del riesgo importante de transmisión en un espacio tan abarrotado.
Una mujer que estaba embarazada cuando la detuvieron dijo que le negaron medicación para la anemia y que el personal de enfermería ignoró sus quejas de dolor abdominal. “Entré allí embarazada de tres meses, volví y estaba… de cinco meses, sin [haber recibido] ninguna atención médica”, dijo. “Antes pesaba 58, 59 [kg]. Salí, pesaba 51… Fue horrible”.
Derechos legales ignorados en expulsiones masivas
Las personas entrevistadas dijeron que no las habían llevado ante un fiscal, juez o tribunal, ni les habían dado documentos que mostrasen por qué estaban detenidas. También indicaron que nunca les habían dado la oportunidad de consultar con un profesional de la abogacía ni de recibir visitas. Todas menos dos dijeron que no les permitieron llamar por teléfono o contactar con un profesional de la abogacía. Las dos restantes dijeron que, después de un mes en prisión, a las personas con las que compartían celda les habían dejado hacer una llamada si tenían el número memorizado.
Las 18 personas deportadas dijeron que las habían devuelto a su país de origen tras despojarles de sus efectos personales: ropa, ahorros, televisores, aparatos electrónicos, todo tipo de licencias y certificados, historiales médicos y, en algunos casos, la prueba de su identidad jurídica.
Una enfermera de Camerún dijo: “Todos mis títulos, mi diploma, mi licencia, todo se quedó en EAU. Nuestro dinero en el banco —porque a medida que trabajamos, vamos invirtiendo—, nuestro dinero se quedó allí. Todo. Llegamos [a casa] sólo con el pasaporte”.
Cinco de las personas entrevistadas dijeron que las autoridades emiratíes habían falsificado los resultados negativos de las pruebas PCR para la COVID-19 necesarias para los viajes internacionales cuando en realidad no les habían hecho pruebas desde semanas antes de ser deportadas. Amnistía Internacional examinó tres de los falsos documentos, que estaban emitidos con papel con membrete de la Jefatura General de Policía de Abu Dabi y no llevaban la firma de ningún médico.
La inexistencia de un proceso legal y de una evaluación individual de los casos y los riesgos hace que las deportaciones constituyan expulsiones colectivas, prohibidas en el derecho internacional consuetudinario. La expulsión debe basarse en una evaluación individual que tenga en cuenta el riesgo de deportar a alguien a un país donde podría sufrir violaciones graves de derechos humanos. Las personas afectadas deben ser informadas de los motivos y tener la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención y de su deportación.
“Las autoridades de EAU deben investigar este deplorable incidente con el fin de restituir sin demora a las víctimas sus pertenencias y de abordar el vergonzoso trato del que fueron objeto antes de su deportación. EAU debe cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional consuetudinario y del derecho de los tratados, que prohíben la discriminación racial y las devoluciones masivas”, concluyó Lynn Maalouf.
