Una nueva investigación de Amnistía Internacional (AI) revela que se corre el riesgo de que las empresas tecnológicas europeas fomenten los abusos generalizados contra los derechos humanos al vender tecnología de vigilancia digital a agencias de seguridad pública de China. Las conclusiones de la investigación se publican en vísperas de una reunión decisiva que tendrá lugar el 22 de septiembre en Bruselas, donde el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE decidirán si endurecer las laxas normas de exportación de tecnología de vigilancia.

Amnistía Internacional ha determinado que tres empresas con sede en Francia, Suecia y Países Bajos han vendido sistemas de vigilancia digital, como tecnología de reconocimiento facial y cámaras de red, a actores clave del aparato de vigilancia masiva chino. En algunos casos, las exportaciones se han destinado directamente a su uso en los programas de vigilancia masiva indiscriminada de China, con el consiguiente riesgo de que se utilicen contra la comunidad uigur y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes del país.

La mayoría de los gobiernos de la UE, incluidos el francés y el sueco, se oponen a las peticiones de endurecer las normas de exportación con el fin incluir estrictas salvaguardias de los derechos humanos en la tecnología de vigilancia biométrica, campo que las empresas europeas dominan. Alemania, que ocupa la presidencia de la UE desde el 1 de julio, y Países Bajos han expresado anteriormente la necesidad de contar con salvaguardias de los derechos humanos más estrictas, pero por el momento no han abordado esta cuestión de manera satisfactoria en el ámbito de la UE.

“El sector europeo de la vigilancia biométrica está fuera de control. Lo que hemos descubierto sobre las ventas a agencias de seguridad chinas y a las instituciones de investigación que las apoyan es sólo la punta del iceberg de una industria que mueve miles de millones de euros y que florece vendiendo sus mercancías a responsables de abusos contra los derechos humanos, con escasas salvaguardias contra su uso final indebido”, ha manifestado Merel Koning, responsable superior de políticas del equipo de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

En toda China se están implantando proyectos de vigilancia masiva, como “Skynet” y “Sharp Eyes”, para mantener a la población bajo observación constante. Las agencias de seguridad pública de China son actores clave en la expansión sin precedente de la vigilancia. La vigilancia biométrica es un fenómeno omnipresente en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang del noroeste de China, donde se calcula que hasta un millón de uigures y miembros de otros grupos étnicos han sido recluidos arbitrariamente en los denominados “campos de reeducación”.

“Las expresiones de condena de los gobiernos de la UE contra la represión sistemática que se ejerce en Sinkiang suenan a falso en tanto que continúen permitiendo a las empresas vender precisamente la tecnología que podría estar propiciando estos abusos. El sistema de reglamentación de las exportaciones de la UE es defectuoso y tiene que repararse en seguida”, ha añadido Merel Koning.

Las herramientas de vigilancia biométrica, incluidas las aplicaciones informáticas de reconocimiento facial, figuran entre las tecnologías de vigilancia digital más invasivas, que permiten a los gobiernos identificar y rastrear a personas en los espacios públicos o clasificarlas atendiendo a sus características psicológicas o de comportamiento. Estas tecnologías representan una clara amenaza al derecho a la privacidad; la libertad de reunión, de expresión y de religión, y el derecho a no sufrir discriminación.

En la investigación de AI se ha identificado la venta de tres tipos distintos de tecnología de vigilancia digital a agencias de seguridad del Estado chinas y a entidades que contribuyen a hacer cumplir leyes que violan los derechos humanos, así como a entidades de Sinkiang.

En 2015 se adjudicó a Morpho, que forma parte ahora de la multinacional francesa Idemia, un contrato para suministrar equipos de reconocimiento facial directamente al Departamento de Seguridad Pública de Shanghái. Es una empresa especializada en sistemas de seguridad e identidad, incluidas tecnologías de reconocimiento facial y productos de identificación biométrica. Amnistía Internacional pide que se prohíba el uso, desarrollo, producción, venta y exportación por agencias estatales y agentes del sector privado de tecnología de reconocimiento facial con fines de identificación.

Amnistía Internacional ha determinado en su investigación que la empresa sueca Axis Communications incluso se jacta en su sitio web de participar en la expansión del Estado de vigilancia chino. Axis desarrolla y comercializa cámaras de red, tecnología especializada que se emplea para vigilancia de seguridad y seguimiento a distancia. La empresa ha suministrado su tecnología al aparato chino de seguridad pública y aparece reiteradamente como “marca recomendada” en documentos oficiales chinos de licitación de proyectos de vigilancia de entre 2012 y 2019.

En su sitio web se indica que, en Guilin, ciudad del sur de China con aproximadamente cinco millones de habitantes, ha ampliado la red de cámaras de seguridad (de 8.000 a 30.000) en el marco de una actualización del programa de vigilancia Skynet de la ciudad. Las cámaras de la red cubren un ángulo de 360 grados y tienen un alcance de entre 300 y 400 metros, lo que permite rastrear los objetivos desde todas las direcciones.

“Las agencias de seguridad pública chinas están utilizando productos vendidos por empresas europeas para aumentar su capacidad de vigilancia abusiva. Estas empresas se lucran con la venta de tecnologías de vigilancia digital que están relacionadas con terribles violaciones de derechos humanos. Debían saber perfectamente que las ventas a las autoridades chinas comportaban considerables riesgos, pero no parece que tomaran medidas para impedir que sus productos fueran utilizados y estudiados por responsables de abusos contra los derechos humanos. Al hacerlo, incumplieron totalmente con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es por ello que el órgano legislativo de la UE debe tomar medidas para impedir este tipo de comercio abusivo”, ha afirmado Merel Koning.

Una empresa holandesa, Noldus Information Technology, ha vendido sistemas de reconocimiento de emociones a instituciones de seguridad pública y relacionadas con la aplicación de la ley en China. Su software “FaceReader” se utiliza para el análisis automático de las expresiones faciales de enfado, felicidad, tristeza, sorpresa y disgusto. Se ha determinado que FaceReader era utilizado por universidades chinas vinculadas al aparato de seguridad pública y la policía, así como al Ministerio de Seguridad Pública. El sistema legal de China incumple las normas internacionales en numerosos aspectos, y las autoridades hacen a menudo uso indebido de él para restringir los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha determinado también que Noldus vendió su tecnología de vigilancia digital al menos a dos universidades de Sinkiang entre 2012 y 2018. En 2012 suministró, por ejemplo, su software “The Observer XT” a la Universidad de Shihezi. Este centro educativo está administrado por el Cuerpo de Producción y Construcción de Sinkiang, que desempeña una función especial “en la protección de la unificación del país y la estabilidad social de Sinkiang y en la persecución de los delitos violentos de terrorismo”.

En 2012 se sabía ya que el gobierno chino vinculaba las prácticas culturales y religiosas uigures con el terrorismo. En los años siguientes se hizo evidente el desarrollo tecnológico de la represión de las minorías en Sinkiang, con sistemas de análisis de las emociones y la conducta de particular interés para las autoridades chinas.

Las exportaciones investigadas de las empresas de la UE entrañan considerable peligro para los derechos humanos. Ninguna de las empresas ha ofrecido a Amnistía Internacional respuestas claras sobre hasta qué punto se ejerció la diligencia debida antes de efectuar tales ventas. Esta es una de las razones de que la UE deba tomar medidas ya.

El informe de AI ilustra las graves deficiencias del actual marco regulador de las exportaciones de la UE, el Reglamento sobre el doble uso. Amnistía Internacional pide al órgano legislativo de la UE que incluya toda la tecnología de vigilancia digital en su marco regulador de las exportaciones, refuerce las salvaguardias de los derechos humanos en las decisiones sobre exportaciones y garantice que todas las empresas llevan a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos.

“En respuesta a Amnistía Internacional, Axis Communications ha afirmado que no necesita licencia para la exportación de cámaras que vayan a utilizarse en los programas de vigilancia masiva chinos. Este es exactamente el problema del actual marco regulador de las exportaciones de la UE. Los gobiernos de la UE tienen que asumir sus responsabilidades y poner freno a esta industria fuera de control”, ha manifestado Merel Koning.

“Hasta que la UE no lo haga, tienen que responder a serias preguntas sobre su participación potencial en las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno chino.”