Policías y soldados violan, dan palizas, asfixian y electrocutan a hombres y mujeres para obtener supuestas “confesiones”

¿El resultado? Miles de inocentes en la cárcel y una sociedad de millones de personas viviendo atemorizada: el 64 por ciento de los habitantes de México aseguran no sentirse a salvo de la tortura. La población mexicana sabe que, en su país, prácticamente cualquiera puede ser torturado.

Mientras tanto, las autoridades miran hacia otro lado, y confían en que la comunidad internacional también lo haga. En esa situación, la justicia sigue estando fuera del alcance de la mayoría de quienes reúnen el valor suficiente para denunciar la tortura que han sufrido. Los peritos médicos a menudo descartan las lesiones o examinan a las víctimas demasiado tarde, cuando hace ya mucho que las heridas han curado. Así, con las pruebas físicas desaparecidas, y las pruebas psicológicas ignoradas, nadie rinde cuentas de lo sucedido.

En México existen leyes contra la tortura, pero casi nadie les presta atención, y los torturadores quedan impunes. Si se quiere que la iniciativa de ley gubernamental más reciente sobre la tortura, que se está redactando actualmente, cambie esta situación, los torturadores deberán finalmente ser castigados. De lo contrario, será una promesa más sobre el papel para las miles de personas que sufren tortura en México.

Cualquiera puede estar en peligro

Enrique Guerrero recuerda la noche del viernes en la que comenzó su pesadilla en Ciudad de México. De repente, “dos sujetos me perseguían, siguen disparando. Ya me bajé de mi coche y corrí... Me agarran. Cuando se acercan y quieren subirme a la camioneta, ahí es donde veo que algunos son uniformados”.

Una vez en el interior del furgón, sujetaron a Enrique contra el suelo y lo llevaron a un almacén. Allí, unos policías lo desnudaron de cintura para abajo y le vendaron los ojos, y luego lo torturaron toda la noche.

Usan una bolsa y la estrangulan en mi cuello para asfixiarme. Yo me negaba a firmar [la confesión]; entonces dijeron: ‘Bueno, entonces ponemos algo ilegal’.”

Enrique cumplió recientemente los 30 años. Sin embargo, su vida no avanza: ha pasado los últimos dos años encerrado en una prisión de máxima seguridad.

 

Yecenia Armenta describe su tormento. “[Los policías dijeron] que los iban a traer a mis hijos, que los iban a violar, que los iban a volver pedazos [...]. [D]espués de muchas horas, que ya me violaron, yo dije que iba a firmar lo que querían que firmara. Me bajan del lugar donde me tienen colgada desnuda. Yo firmé, aún vendada [...]. Jamás leí lo que yo firmé.”

Tres años después, no se ha castigado a nadie. “Y yo sí”, añade Yecenia desde su celda.

¡La justicia es posible!

El año pasado, Ángel Colón quedó libre después de que 20.000 activistas de Amnistía Internacional enviaran a las autoridades mexicanas mensajes pidiendo su liberación. Ángel, migrante hondureño que buscaba trabajo para pagar el tratamiento de su hijo, gravemente enfermo, había sido detenido por policías y soldados mexicanos y brutalmente torturado hasta que “confesó” unos delitos que no había cometido. A consecuencia de ello, pasó cinco años en prisión y, aunque su tortura fue confirmada por personal médico independiente, las autoridades no investigaron en ningún momento sus denuncias. Aún hoy busca justicia.

“El hecho de que yo esté hoy aquí, libre, ante ustedes, es la prueba de que los esfuerzos de los simpatizantes de Amnistía tienen resultados positivos.”

 

A principios de este mismo año, un juez retiró los últimos cargos de los que se acusaba a Claudia Medina, después de que se recibieran peticiones de 300.000 activistas de Amnistía Internacional. El juez confirmó que Claudia había sido torturada sexualmente por marines en 2012 para obligarla a “confesar” delitos de drogas.

Hoy, Claudia lucha por que se haga justicia para otras personas como ella. “No voy a permitir que ninguna otra mujer sea torturada en México”, dice.

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