La propuesta del gobierno para despenalizar el aborto en Chile en determinadas circunstancias, constituye un punto de partida importante para avanzar en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, ha dicho Amnistía Internacional.

El proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso Nacional el pasado sábado 31 de enero propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el feto es inviable.

De acuerdo al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de derogar las leyes que criminalicen a las mujeres y niñas que buscan y obtienen un aborto y a los/as profesionales que lo practican en todas las circunstancias; garantizar que cualquier mujer o niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise sin temor a ser denunciada; y garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto, a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud física o mental y en los casos de anormalidad fetal grave, como mínimo.

Amnistía Internacional espera que la futura discusión sobre la causal de violación reconozca la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y las niñas que han sido víctimas de violencia sexual y las dificultades que pueden enfrentar para acceder al aborto si los plazos o procedimientos son restrictivos. Por su parte, el proyecto presentado por el gobierno no contiene el riesgo a la salud de la mujer o niña embarazada como causal de excepción, conforme lo requieren las obligaciones internacionales.

La discusión ha quedado ahora en manos del Congreso Nacional, que tiene la oportunidad de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que la legislación chilena en materia de aborto proteja los derechos de mujeres y niñas.

“Si bien este proyecto de ley constituye un paso en la dirección correcta de protección de derechos, la experiencia Argentina demuestra que la amenaza de cárcel sigue siendo un factor inhibidor para solicitar un aborto legal o requerir atención de urgencia post aborto”, ha dicho Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó “Las mujeres no deben ser penalizadas por practicarse un aborto en ninguna circunstancia”.

 

Información complementaria 

Chile es uno de los pocos países del mundo y de la región que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití y Surinam.

En diciembre de 2014, la República Dominicana modificó su código penal que también contenía prohibición absoluta del aborto, para despenalizarlo en los casos en que el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer, de inviabilidad fetal y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto.