Amnistía Internacional recibe con satisfacción la noticia de que Ecuador está tomando pasos concretos para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008.

En 2007 el Estado estableció una Comisión de la Verdad, con la tarea de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008. En 2010 esta Comisión publicó su informe final, que documenta 118 casos que afectan a 456 víctimas de detención arbitraria, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio e identificó a 460 presuntos responsables, en su mayoría miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

El martes pasado se dio inicio al juicio en contra de diez altos oficiales del Ejército y la Policía Nacional por las violaciones cometidas en contra de Luís Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, tres casos documentados por la Comisión de la Verdad.  Las víctimas, quienes estuvieron presentes en esta primera audiencia, fueron detenidas y desaparecidas el 10 de noviembre de 1985 por efectivos militares, incomunicadas en un centro secreto de detención, interrogadas y torturadas, incluso con el uso de descargas eléctricas y violencia sexual. Javier Jarrín y Susana Cajas fueron luego entregados a la Policía y  puestos en libertad. Luis Vaca permaneció en condición de desaparecido hasta su liberación en 1988.

La Comisión de la Verdad revisó casos de violaciones de derechos humanos que abarcan tres décadas.  Dicha Comisión señaló que durante  el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha  una estrategia de contrainsurgencia para derrotar al grupo armado de oposición conocido como¡Alfaro Vive, Carajo!  y que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos fueron sistemáticas y extendidas.

Amnistía Internacional espera que todos y cada uno de los casos de violaciones a los derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad y presentados ante  la Fiscalía General del Estado tras la publicación de su informe en el 2010, sean plenamente investigados, para así asegurar que los responsables sean llevados a la justicia y se repare a las  cientos de  víctimas y familiares.