Con el inicio del nuevo periodo legislativo en el Estado Plurinacional de Bolivia (2016-2017) este 22 de enero, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades del país - y muy especialmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional- a priorizar el debate para el establecimiento de una Comisión de la Verdad que pueda exponer información completa y veraz sobre las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en Bolivia durante los 18 años de gobiernos militares y autoritarios (1964 – 1982). El trabajo de dicha Comisión también debe servir para que avancen los procesos judiciales contra los presuntos responsables de las graves violaciones que se cometieron así como para asegurar un resarcimiento integral a las víctimas y sus familiares.

En los últimos meses, varias organizaciones de víctimas trabajaron en la elaboración de un proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación que está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Su pronta discusión en la Asamblea Legislativa debe ser una prioridad como paso inicial para dar respuesta a las legítimas preocupaciones de las víctimas y sus familiares quienes año tras año recuerdan y mantienen viva la memoria por las torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias que se cometieron en Bolivia durante este periodo negro de la historia del país y que hasta el día de hoy han quedado en la total impunidad. Se estima que al menos 150 personas fueron desaparecidas forzosamente mientras que miles otras vieron vulnerados su derecho a la vida y a su integridad personal y coartadas sus libertades.

El establecimiento de una Comisión de la Verdad es sumamente importante para recordar estos hechos de la historia, preservar la memoria y esclarecer lo ocurrido. Esto no es solo un deber para con las víctimas y sus familiares sino también para la sociedad en su conjunto, que también tiene el derecho de conocer lo que pasó en esa época a fin de evitar que nada similar vuelva a suceder en el futuro.

Muchas de las víctimas y sus familiares que siguen reclamando activamente sus derechos son de avanzada edad. Priorizar el establecimiento de una Comisión de la Verdad es fundamental para que puedan participar aportando su valioso testimonio y para que puedan ser reconocidas como sujetos de derecho.

La creación de la Comisión de la Verdad respondería además al compromiso público que las autoridades bolivianas hicieron en el contexto de una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2015, de avanzar en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Los resultados de una Comisión de la Verdad son valiosos para impulsar los ya tardíos e infructíferos esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas en Bolivia y contribuir al enjuiciamiento y sanción de los responsables de estas y otras graves violaciones que se cometieron en ese periodo de gobiernos inconstitucionales. Una comisión de la verdad en cualquier caso no reemplaza los procesos judiciales.

Amnistía Internacional confía en que la Asamblea Legislativa Plurinacional dará prioridad legislativa a este proyecto, asegurándose de establecer una Comisión autónoma e independiente, con acceso a toda la información y archivos necesarios, incluyendo la apertura de los archivos militares, que hasta ahora no ha sido posible a pesar de existir varias órdenes judiciales y una resolución del Ministerio de Defensa.

Bolivia puede escoger ahora pasar a la historia como un Estado que ignora a sus víctimas o como un Estado que las reconoce como tal en el marco de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.

Amnistía Internacional insiste en que solo escogiendo el segundo camino el país logrará pasar página y enviará un mensaje claro de que violaciones tan terribles como las cometidas durante los 18 años de gobiernos militares no volverán a suceder.

 

Información de contexto 

Durante los últimos años, diferentes organismos de derechos humanos han emitido informes con recomendaciones para el Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación por los hechos ocurridos durante los regímenes militares y autoritarios.

En 2013, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue enfático en señalar que Bolivia no estaba haciendo lo suficiente para enjuiciar a los perpetradores y reparar a las víctimas. De forma similar se ha pronunciado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia en sus informes anuales durante los últimos años.

En marzo de 2015, las organizaciones de víctimas comparecieron en una audiencia temática sobre Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar entre otras acciones, la creación de una Comisión de la Verdad que pueda sacar a la luz las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los 18 años de gobiernos militares. La Ministra de Justicia, que encabezó la delegación del Estado Plurinacional de Bolivia en la audiencia, tomó nota de los reclamos y se comprometió públicamente a trabajar con las víctimas.

Amnistía Internacional, presente también en la audiencia junto con la organización Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) acogió con beneplácito el anuncio de la Ministra así como el compromiso posterior anunciado por representantes de la Procuraduría General del Estado de trabajar específicamente para la creación de la comisión de la verdad. Asimismo, el Estado Plurinacional también se mostró partidario de la comisión de la verdad al aceptar una recomendación específica sobre este asunto en el contexto del Examen Periódico Universal sobre Bolivia en Naciones Unidas adoptado en 2015.