En respuesta a la aprobación por parte del Parlamento esloveno de las reformas en el Código Penal del país que van a reconocer que el sexo sin consentimiento es violación, Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:
“Ésta es una victoria histórica para las mujeres en Eslovenia y un paso importante en el camino hacia un cambio cultural, de actitudes y de comportamiento. Es testimonio también de los años de campaña por parte de supervivientes que han ayudado a garantizar que otras mujeres no tienen que soportar lo que ellas han soportado.”
“Sorprendentemente, Eslovenia se ha convertido en el que es solo el decimotercer país europeo que reconoce el simple hecho de que el sexo sin consentimiento es violación, si bien existe una tendencia positiva en la región, con cada vez más países que cambian sus definiciones jurídicas de violación.”
“La nueva definición está basada en el modelo de consentimiento explícito ‘sí significa sí’, lo que implica que la coacción —esto es, el uso o amenaza de uso de la fuerza— o la incapacidad de autodefensa dejarán de ser condiciones indispensables para que un delito se considere violación.”
“Todavía queda mucho por hacer para cambiar las actitudes arraigadas respecto a la violación y los nocivos estereotipos de género, pero hoy nos tomamos un respiro para celebrar este logro.”
Información complementaria
Según el Convenio de Estambul, que Eslovenia ratificó en 2015, la violación y todos los demás actos de naturaleza sexual no consentidos deben considerarse delito. Hasta la fecha, para clasificar un acto como violación, el Código Penal esloveno requería que hubiera evidencia del uso de la fuerza o amenaza del uso de la fuerza y violencia.
Este cambio es fruto de una larga campaña llevada a cabo por personas y grupos de la sociedad civil, entre otros, Amnistía Internacional.
Eslovenia se ha convertido en el decimotercer país del Espacio Económico Europeo que modifica su definición jurídica de la violación para que ésta se base en el consentimiento, tras hacerlo Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Suecia y el Reino Unido. En España y Países Bajos se están llevando a cabo consultas sobre proyectos de ley similares.