En respuesta a la noticia de que las autoridades españolas tienen previsto deportar a Mohamed Benhlima, solicitante de asilo argelino, denunciante y activista contra la corrupción, Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
"Las autoridades españolas son muy conscientes del sombrío destino que le espera a Mohamed Benhlima si lo deportan. En los últimos dos años, las autoridades argelinas han intensificado su descarada persecución de activistas en su intento de aplastar toda forma de disidencia.
"La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de defender a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos y alzan su voz contra la corrupción. España debe anular inmediatamente sus planes de deportación de Mohamed Benhlima y respetar el principio de no devolución.
"Según el derecho internacional, nadie debe ser devuelto a un país en el que corra peligro de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Deportar a Mohamed Benhlima representaría una grave violación de las obligaciones de España en virtud del derecho internacional de los derechos humanos."
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Mohamed Benhlima es un ciudadano argelino y un ex funcionario militar que se convirtió en denunciante y que hizo pública la corrupción entre los altos cargos militares de Argelia en 2019.
Huyó a España en septiembre de 2019 tras ser informado de que su nombre estaba en una lista de militares buscados después de participar en el movimiento de protesta Hirak. Desde entonces ha pedido asilo tanto en España como en Francia.
El 7 de enero de 2021 fue condenado "in absentia" a 10 años de prisión por compartir vídeos online que exponían la corrupción en el ejército.
Amnistía Internacional España se ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior para mostrar su preocupación por el caso de Mohamed, que se encuentra en estos momentos detenido y pendiente de que un juez autorice su trasladado a un centro de internamiento para extranjeros (CIE) para proceder a su expulsión; y exigir que se detenga su expulsión. En la actualidad hay al menos 290 presos encarcelados por motivos políticos en Argelia, que están recluidos en prisión preventiva abusiva o condenados por su activismo pacífico. Las autoridades argelinas también han recurrido cada vez más al uso de los cargos de terrorismo contra los disidentes, especialmente después de cambiar la definición de terrorismo para incluir "la tentativa de obtener el poder o de cambiar el sistema de gobierno por medios inconstitucionales", lo que podría conducir efectivamente a la criminalización de la defensa pacífica del cambio político y democrático.
Amnistía Internacional ha documentado el uso de la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en al menos cuatro casos de activistas detenidos en los últimos tres años por su participación en el Hirak.
En un caso similar, las autoridades españolas expulsaron el 20 de agosto de 2021 al exmilitar y solicitante de asilo Mohmed Abdellah, que se había refugiado en España en noviembre de 2018 tras haber acusado públicamente de corrupción a los militares argelinos. Tras su expulsión a Argelia, Mohmed Abdellah fue llevado directamente al centro de alta seguridad "Antar" de Argel. Hasta la fecha sigue detenido. Durante una vista judicial celebrada el 2 de enero de 2022, declaró públicamente que había sido sometido a tortura y malos tratos durante su detención.
