“Las estadísticas que ha hecho públicas hoy el Departamento de Salud y Asuntos Sociales de Reino Unido, que muestran que en 2020 viajaron desde Irlanda 194 mujeres y niñas para acceder a servicios de aborto en Inglaterra y Gales revelan las perjudiciales barreras de nuestra legislación sobre el aborto”, ha declarado Amnistía Internacional Irlanda.

“El hecho de que 194 personas se vieran obligadas a viajar, especialmente en medio de una pandemia global, muestra que la legislación de Irlanda sobre el aborto sigue ignorando a las personas. Ya advertimos Amnistía y otras organizaciones de que las lagunas y barreras de esta ley impedirían el acceso de personas embarazadas a la atención médica que necesitan en Irlanda. Esto no es lo que votó la gente en el referéndum de hace tres años”, dijo Colm O’Gorman, director ejecutivo de Amnistía Internacional Irlanda.

“Es inaceptable que las mujeres y niñas sigan teniendo que viajar a otro país para acceder a algo a lo que tienen el derecho humano de acceder aquí. La necesidad de viajar puede tener repercusiones graves para la salud física y mental, además de conllevar una enorme carga económica y de otro tipo.

“Pedimos la inclusión en la nueva ley de una cláusula de revisión en tres años, y mostramos nuestra satisfacción por dicha inclusión. Esta revisión se hará este año. Aunque es demasiado tarde para quienes tuvieron que viajar en los años transcurridos desde que entró en vigor la ley, el gobierno tiene que garantizar que en la revisión se abordan las lagunas y barreras de la ley y los servicios de aborto.

“Una laguna crítica de la ley es la falta de provisión de acceso en caso de embarazo con malformación grave y no mortal del feto. En 2018, el 3% de quienes viajaron a Reino Unido para acceder al aborto lo hicieron por anomalías del feto. En 2019, este porcentaje fue del 17% y, en 2020, del 32%. También preocupa el umbral, potencialmente alto y ambiguo, creado por la redacción sobre “daño grave” para la salud de la madre y el periodo de espera obligatorio para el aborto médico temprano.

“Se debe eliminar la criminalización de los y las profesionales sanitarios para que el efecto disuasorio que conlleva no repercuta en las decisiones sobre atención sanitaria de las mujeres. También necesitamos urgentemente las zonas seguras prometidas hace tiempo en torno a centros de atención sanitaria para que las personas embarazadas puedan acceder a un aborto en condiciones de seguridad y dignidad”.