“A pesar de la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump la semana pasada, miles de menores de edad asustados continúan separados de sus angustiados padres, que no tienen ni idea cuándo volverán a verlos. Al poner a estos niños y niñas en jaulas o enviarlos en avión a albergues situados a miles de kilómetros, las autoridades estadounidenses les están infligiendo deliberadamente un sufrimiento mental profundo y duradero, en un intento de disuadir a familias desesperadas de solicitar asilo”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La orden del presidente Trump de encarcelar a hijos e hijas con sus progenitores en lugar de separarlos no hace más que sustituir un castigo traumático por otro. Las autoridades estadounidenses deben liberar de inmediato a las familias que aspiran a solicitar asilo, y respetar su derecho a hacerlo en condiciones justas y humanas. Ningún menor de edad debe ser arrancado de los brazos de su padre o su madre ni obligado a crecer entre rejas. Es hora de acabar definitivamente con las prácticas inhumanas de separar y detener a las familias.”
En la orden ejecutiva que firmó el 20 de junio, el presidente Trump ordena que se encarcele a los hijos con sus progenitores en centros de detención para inmigrantes mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Para poder implementar la orden, que entra en conflicto con la legislación estadounidense, el gobierno intenta obtener una exención del Acuerdo Flores, dictado por un tribunal, que exige poner en libertad sin demora a los menores de edad detenidos, en un plazo máximo de 20 días.
Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una serie de declaraciones en las que deja claro que las separaciones familiares podrían continuar en un futuro próximo, incluso mientras los solicitantes aguardan el resultado de sus solicitudes. Aunque las autoridades anunciaron su intención de reunir a algunas de las familias que ya están separadas, muy pocas familias han sido reagrupadas, y muchas continúan traumatizadas, separadas y en peligro de ser deportadas sin haber tenido acceso a un proceso justo y humano de concesión de asilo.
La orden preliminar dictada el 26 de junio por un tribunal federal estadounidense para reunificar a las miles de familias separadas a la fuerza es una noticia positiva, a pesar de que el gobierno de Trump aún esté a tiempo de impugnar esta orden. La presión pública es fundamental para conseguir que el gobierno no reagrupe a las familias sólo para detenerlas y volver a una separación forzosa mientras impugna la orden judicial en el futuro.
Aunque el gobierno de Trump sólo haya anunciado formalmente la separación de las familias como medida disuasoria en aplicación de la “política de tolerancia cero a la entrada ilegal de inmigrantes” el 6 de abril de 2018, Amnistía Internacional concluyó que ésta práctica lleva en uso desde que Trump empezó a gobernar, y que se ha utilizado incluso contra personas que habían llegado a puntos fronterizos de aduana para ejercer su derecho a solicitar asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el 19 de junio que, del 5 de mayo al 9 de junio, 2.342 niños y niñas habían sido separados de 2.206 progenitores en la frontera de Estados Unidos con México en aplicación de “política de tolerancia cero”. Los datos estadísticos oficiales obtenidos por medios informativos apuntan a que hay varios miles más de familias separadas por el gobierno estadounidense con anterioridad a la adopción de esta política.
“Las familias que solicitan asilo huyen de una violencia terrible en sus países de origen y sólo quieren criar a sus hijos en condiciones seguras y humanas. La idea de que se pueda proteger a los hijos encerrándolos o separándolos de sus progenitores desafía todo sentido de la lógica y la humanidad. Estas prácticas increíblemente crueles son ilegítimas y serán una mancha permanente en el historial de derechos humanos de Estados Unidos”, añadió Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional pidió al Congreso de Estados Unidos que presione al Departamento de Seguridad Nacional para que éste reagrupe con la mayor rapidez posible a las familias separadas, ponga fin de inmediato a la separación forzada de las familias y garantice que esta práctica no se va a reanudar.
El Congreso debe también presionar al gobierno para que acabe con la práctica de detener a las familias que solicitan asilo y ponga en libertad de inmediato a los padres, madres, niños y niñas detenidos, y debe rechazar cualquier propuesta de incrementar los fondos destinados a centros de detención de inmigrantes para familias y menores de edad.
Casos de separación forzada
Personal investigador de Amnistía Internacional visitó la frontera de Estados Unidos con México en abril y mayo de 2018 para documentar el trato recibido por solicitantes de asilo. En la mayoría de los casos de separación familiar documentados por la organización, las familias se habían presentado legítimamente en puestos fronterizos oficiales para solicitar asilo, y las autoridades estadounidenses no habían justificado en modo alguno las separaciones.
En un caso, una mujer brasileña de 39 años y su hijo, de 7, huían de su país de origen tras recibir varias amenazas de muerte de miembros de bandas delictivas, a las que ella había denunciado por traficar con drogas delante de su casa. Los miembros de esa banda colaboraban a diario con la policía local y habían dicho que matarían a Maria y a su hijo en cualquier lugar de Brasil donde se escondieran.
Cuando habló con el personal de Amnistía Internacional en un centro de detención para inmigrantes de Texas, Maria contó que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la habían separado de su hijo sin darle ninguna explicación al día siguiente de haber solicitado asilo en un punto fronterizo de aduana en marzo de 2018.
“Me dijeron: ‘Vos no tienes ningún derecho aquí, y tampoco tenes ningún derecho a quedarte con tu hijo’”, contó, entre lágrimas. “Me quise morir. Habría preferido caerme muerta [...] Sin saber dónde estaba mi hijo, lo que estaría haciendo. Es la peor sensación que puede tener una madre. ¿Cómo no va a tener derecho una madre a estar con su hijo?”
En otro caso, una mujer de 63 años procedente de Honduras contó a Amnistía Internacional que los miembros de una banda habían amenazado con matarlas a ella y a su nieta de 14 años y con incendiar su casa. Automáticamente habían huido de Honduras, ya que conocían casos de personas que habían sido asesinadas por bandas tras pedir ayuda a la policía o mudarse a otra parte del país.
Después de más de un año en un centro de detención de Texas, la mujer contó a Amnistía Internacional que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza la habían separado de su nieta dos días después de solicitar asilo en un punto fronterizo de aduana de Texas:
“No me dijeron por qué se la llevaban. Sólo que iban a separarla de mí. Si me envían de vuelta a mi país, ¿qué voy a hacer? Voy a morir en Honduras”, dijo. Tengo sesenta y tres años y ya no puedo más. Hay días en que me siento muy desesperada y triste. Hace mucho tiempo que no veo a mi familia.”
Muchos padres y madres a los que habían separado a la fuerza de sus hijos mostraban extrema angustia y, a ratos, llanto incontenible al recordar sus casos para Amnistía Internacional. En los casos que se documentaron, la organización concluye que la separación forzada de las familias con el objetivo declarado de disuadir y castigar a quienes buscan protección solicitando asilo en las fronteras de Estados Unidos, es equiparable a tortura con arreglo a su definición en la legislación estadounidense e internacional.
