Desde que tomó posesión de su cargo, el presidente estadounidense Donald Trump no ha perdido el tiempo en poner en práctica la venenosa retórica de su campaña. En sus primeras dos semanas en la presidencia, ha impulsado una serie de represivas órdenes ejecutivas que amenazan los derechos humanos de millones de personas en Estados Unidos y en otros países. He aquí siete medidas potencialmente devastadoras que ya ha adoptado el presidente Trump:

Volver la espalda a las personas refugiadas

A la semana de llegar a la presidencia, Trump suspendió 120 días el programa estadounidense de admisión de personas refugiadas, implementó la exclusión indefinida de los refugiados sirios e impuso un límite de 50.000 refugiados al año. Este límite afectará probablemente a 60.000 personas solamente en 2017, pues el gobierno del presidente saliente Barack Obama se había comprometido a admitir a 110.000 refugiados en el ejercicio actual. En medio de una emergencia global en la que 21 millones de personas se han visto obligadas a huir de su hogar debido a la guerra y la persecución, la iniciativa de uno de los países más ricos y poderosos del mundo de bloquear la vía del reasentamiento es absolutamente atroz. Trump está impidiendo que hombres, mujeres, niños y niñas refugiados huyan del mismo terror contra el que supuestamente lucha.

Discriminación religiosa

El presidente Trump ha actuado también con rapidez para prohibir la entrada en Estados Unidos de todas las personas procedentes de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, siete países predominantemente musulmanes. Aunque la orden ejecutiva no mencionaba expresamente que se prohíbe la entrada de las personas musulmanas, era evidente la descarada discriminación religiosa, especialmente a la luz de la retórica preelectoral del presidente. La prohibición contempla excepciones, como las personas que sufren persecución religiosa... pero únicamente si forman parte de una “minoría religiosa”. Una lectura de esta salvedad es que la Casa Blanca aceptará a personas de religión cristiana que huyan de países predominantemente musulmanes, lo que refuerza el tema de la división religiosa. Tras haber sido suspendida temporalmente por una corte federal estadounidense, la “prohibición de entrada de musulmanes” es actualmente objeto de una lucha jurídica. Amnistía Internacional pide al Congreso de Estados Unidos que intervenga inmediatamente para bloquear la prohibición.

Expulsión rápida de personas que huyen de la violencia en América Central

La promesa de Trump de construir un muro “grande, hermoso” a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México como medio de mantener fuera a los “delincuentes” fue una de las piedras angulares de su campaña electoral. Así pues, no sorprendió a nadie cuando firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a cumplir esa promesa a los pocos días de tomar posesión. En una se comprometía a crear la barrera, mientras que en la otra —posiblemente más preocupante para las miles de personas migrantes que huyen de la violencia armada en México y América Central— se comprometía a contratar a 10.000 funcionarios de inmigración adicionales. Lo más probable es que un número más elevado de personas migrantes, muchas de las cuales necesitan protección internacional, sean recluidas en campos de detención temporales junto a la frontera antes de ser devueltas en última instancia a lugares donde sus vidas corren peligro.

Acoso a lugares seguros para personas refugiadas y migrantes

En el mismo decreto en el que se ordenaba la contratación de más funcionarios de fronteras, Trump trató de bloquear otras vías para quienes solicitan asilo con la cancelación de los fondos federales destinados a lo que se conoce como “ciudades santuario”. Estas ciudades limitan la cooperación con la aplicación de las leyes federales de inmigración y se niegan a expulsar a migrantes indocumentados, como los que tienen motivos legítimos para obtener asilo. Incluidas Nueva York, Dallas, Mineápolis, Denver y San Francisco, hay 39 ciudades santuario en el país que perderán miles de millones de dólares de fondos federales en virtud del plan de Trump.

Ataque generalizado contra los derechos de las mujeres

La imagen de un grupo de hombres vestidos con traje alrededor del presidente Trump mientras éste firmaba la supresión de los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres y niñas de todo el mundo se ha convertido en todo un símbolo del peligro que representa el nuevo gobierno para los derechos de las mujeres. La orden ejecutiva que reintroduce la “regla de la mordaza global” bloquea la financiación federal estadounidense para organizaciones no gubernamentales de otros países que proporcionan asesoramiento o remisiones en relación con el aborto y propugnan la despenalización del aborto o la ampliación de los servicios de aborto, aun cuando Estados Unidos no financie directamente estos servicios. Solamente en Latinoamérica y el Caribe, donde el aborto está totalmente prohibido en siete países incluso cuando la salud o la vida de la mujer o niña dependan de él, no hay duda de que la postura de Trump costará muchas vidas. Incluso en algunos países donde el aborto es legal, el acceso a él depende en gran medida de la financiación estadounidense, lo que significa que la regla de la mordaza también pone en peligro la vida de personas allí.

Restricción del acceso a servicios de salud

La “regla de la mordaza global” tendrá consecuencias de gran alcance que van más allá de su objetivo declarado de reducir el acceso al aborto. Muchas de las organizaciones afectadas por importantes reducciones de la financiación también facilitan tratamiento para el VIH/sida, anticoncepción de emergencia y otros servicios de atención de la salud reproductiva, junto con servicios e información relacionados con el aborto, especialmente en África y América Latina. De hecho, la versión de Trump de la regla de la mordaza, aplicada por última vez por George W. Bush, es mucho más amplia que las anteriores y afecta a toda la financiación de Estados Unidos para la salud en el mundo, es decir, más allá de la salud reproductiva.

Ataque contra las tierras y medios de vida de los indígenas estadounidenses

La decisión de Trump de promover el sumamente polémico oleoducto Dakota Access, una ruta de 1.200 millas para el transporte de petróleo crudo que atraviesa cuatro estados de Estados Unidos, coloca los beneficios de las empresas petroleras antes que los derechos humanos de los pueblos indígenas. La tribu sioux de Standing Rock, que tiene un lugar sagrado cerca de la ruta que atraviesa las tierras indígenas siguiendo el curso del río Misuri, dice que el oleoducto contaminaría el agua que consumen y causaría daños a enterramientos sagrados. La decisión de construir el oleoducto no sólo se aprobó en violación del derecho del grupo indígena estadounidense a acceder a agua apta para el consumo, sino que se tomó sin consultarlo y sin obtener su consentimiento, requisito previsto en el derecho internacional de los derechos humanos y en la legislación estadounidense. La detención de decenas de manifestantes que se oponían al oleoducto la semana pasada se produjo después de que la policía ya hubiera sido acusada de uso de fuerza excesiva en su tratamiento de manifestaciones anteriores, y aumenta el temor de que ahora corra mayor peligro el derecho de los activistas medioambientales a la protesta pacífica.