El Congreso de Estados Unidos debe proteger el acceso al aborto en la legislación federal, en tanto que los legisladores de Texas deben revocar la prohibición extrema del aborto (ley SB8 de Texas), que tendrá efectos devastadores para la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos de las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas en el estado, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

“La prohibición pone en grave peligro vidas al penalizar la prestación de una atención de la salud esencial. Al declarar ilegal arbitrariamente que quienes prestan servicios de atención de la salud interrumpan un embarazo después de las seis semanas, esta ley prohíbe de hecho todos los abortos antes incluso de que las mujeres y las niñas sepan que están embarazadas. Debe ser condenada en términos inequívocos por revertir decenios de salvaguardias de su bienestar y sus derechos. Los legisladores de Texas deben revocar esta terrible disposición legal y centrarse en prestar apoyo, no en infligir castigo, a las mujeres, niñas y otras personas que están embarazadas”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Para Amnistía Internacional es motivo de extrema preocupación no sólo el hecho de que esta prohibición tendrá graves consecuencias para el acceso al aborto en Texas, sino también porque sienta un precedente peligroso que pueden seguir otros estados. Forma parte de una estrategia a largo plazo de quienes se oponen a esta práctica para privar a las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas de su autonomía reproductiva y sus derechos sexuales y reproductivos. Ante esta amenaza, el Congreso debe actuar con urgencia para proteger el acceso al aborto en la legislación federal.”

En una decisión adoptada por 5 votos contra 4, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear la entrada en vigor de la ley sobre el aborto de Texas, aduciendo que su fallo se basaba en motivos de procedimiento, no en la constitucionalidad de la ley, y que podían interponerse otros recursos. La prohibición del aborto en Texas ha pasado a ser la legislación sobre el aborto más restrictiva del país. La prohibición entra en vigor en un momento decisivo en el que la Corte Suprema se dispone a conocer de otro caso importante sobre el aborto este mismo año.

La negativa de la Corte Suprema estadounidense a intervenir sienta un peligroso precedente que los detractores del aborto en otros estados aprovecharán para eludir de hecho la doctrina de Roe v. Wade, la sentencia de la Corte Suprema que garantiza el derecho a acceder a aborto legal y sin riesgos.

Una prohibición casi total

La ley prohíbe el aborto a partir de las seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las personas sepan siquiera que están embarazadas.

También incluye una disposición sin precedentes que permite que particulares interpongan demandas para que se aplique la prohibición. Establece una compensación económica de 10.000 dólares, más costos judiciales, a toda persona que demande con éxito a quien preste servicios de aborto o a quien “ayude o contribuya” a que a una persona se le practique un aborto después de las seis semanas de embarazo.

Esto significa que las clínicas y su personal podrían ser objeto de demandas, así como los familiares o amistades de las pacientes, o cualquier persona que transporte a alguien que trata de obtener un aborto a una clínica, proporcione ayuda económica o asesoramiento, o incluso que “tenga intención” de realizar cualquiera de estas acciones. De hecho, el órgano legislativo de Texas ha clasificado a los ciudadanos y ciudadanas del estado como cazadores de recompensas, al ofrecerles recompensas monetarias por entablar acciones civiles para castigar los procedimientos médicos de sus vecinos.

“Al autorizar que ciudadanos particulares demanden a cualquier persona que ‘ayude o contribuya’ en un aborto después de la fase de seis semanas, la ley penaliza a profesionales médicos, activistas del derecho al aborto, familiares, amistades y otras personas que presten apoyo a mujeres, niñas y otras personas que tratan de obtener un aborto. También crea un clima de temor e intimidación al alentar a la ciudadanía a buscar recompensas monetarias por controlar los derechos de los demás”, ha manifestado Agnès Callamard.

Estados Unidos retrocede en el derecho al aborto

En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida, la salud y los derechos humanos de las mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas.

“Mientras países como Argentina e Irlanda han logrado avances históricos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al despenalizar el aborto en los últimos años, seguidos de la sentencia progresista de la Suprema Corte de Justicia de México de 7 de septiembre, Estados Unidos ha retrocedido”, ha afirmado Agnès Callamard.

Desde que la Corte Suprema estadounidense falló en 1973 que el aborto era legal en la histórica causa Roe v. Wade.

La aprobación por los estados de prohibiciones radicales del aborto que vulneran claramente la doctrina de Roe v. Wade es la última táctica de los activistas contrarios al derecho a decidir, como parte de una estrategia deliberada de presentar estos casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, con miras a que una mayoría cada vez más conservadora pueda pueda menoscabar o incluso anular la doctrina de Roe.

Las leyes antiaborto no detienen ni reducen los abortos, pero sí los hace peligrosos. Estados Unidos tiene la mayor tasa de mortalidad materna de los países desarrollados, y los estados con las leyes sobre el aborto más restrictivas ya tienen mayores tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Por eso estas nuevas leyes son el camino al desastre para la salud de las personas embarazadas.

La prohibición es una flagrante violación de derechos humanos

La prohibición del aborto en Texas viola el derecho a acceder a aborto sin riesgos y legal, así como otros derechos humanos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad y el derecho a no sufrir discriminación, violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El acceso al aborto es un derecho humano y es fundamental para proteger y defender la totalidad de derechos humanos de las mujeres, las niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. La capacidad de la persona de controlar su reproducción y ejercer la autonomía reproductiva afecta a todos los ámbitos de la vida de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas. La penalización, restricción o denegación del acceso a dichos servicios tienen un efecto dominó en la calidad y el curso de la vida de las personas. Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a tratar de obtener un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos, incluidos los derechos a la igualdad, la intimidad y a la autonomía corporal.

El derecho y las normas internacionales de derechos humanos en evolución reconocen con cada vez más el aborto como parte integrante de la atención de la salud sexual y reproductiva, lo cual es clave para hacer efectiva la autonomía reproductiva de las personas y la totalidad de sus derechos humanos. Los órganos de derechos humanos y personas expertas independientes de la ONU también califican el acceso al aborto de fundamental para lograr la igualdad de género y la justicia social y económica, y critican las leyes sobre el aborto que restringen y menoscaban el derecho de las personas embarazadas a tomar decisiones autónomas. A tal fin, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha identificado explícitamente el aumento del acceso al aborto, así como a otros servicios de salud sexual y reproductiva, en la obligación de los Estados de respetar el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud. Personas expertas de la ONU han señalado asimismo que las leyes y políticas restrictivas sobre el aborto no sólo contravienen el derecho de los derechos humanos, sino que además niegan su autonomía de las personas en la toma de decisiones acerca de su propio cuerpo”.

“La única persona que debe decidir sobre un embarazo es la que está embarazada. Pero esta prohibición elimina violentamente la capacidad de las personas para tomar esa decisión. En vez de tratar de controlar los cuerpos de las personas, las autoridades deben proteger los derechos las mujeres, las niñas y otras personas, incluido su derecho al aborto”, ha manifestado Agnès Callamard.

Afecta de forma desproporcionada a las personas de bajos ingresos y a quienes prestan los servicios

La prohibición del aborto en Texas afecta directamente a 7 millones de mujeres en edad de procrear en el estado. Pero sus efectos desproporcionados recaen en las personas de bajos ingresos, como adolescentes, personas de color, personas migrantes y refugiadas, que tienen dificultades para acceder a atención de la salud.

Las clínicas que prestan servicios de aborto en Texas no podrán interrumpir el embarazo a partir de las seis semanas, y ello bajo la amenaza de represalias ya que son atacadas incluso por ser “sospechosas” de haber violado la nueva prohibición del aborto. Según profesionales afectados y personas que defienden el derecho al aborto, la ley prohíbe de hecho el 85% de los abortos que se procuran actualmente en Texas.

El Guttmacher Institute afirma que la distancia media en una dirección que habrá que recorrer por carretera para obtener un aborto fuera del estado se multiplicará por 20. Esto supone también un aumento de la inversión necesaria en gastos y tiempo, lo que puede dar lugar a enormes demoras en el caso de las personas que no pueden costearse fácilmente el viaje debido a barreras económicas y de otra índole.

La ley dará lugar a un aumento de los costos legales para las clínicas ya que deberán contratar abogados que defiendan a su personal frente a las demandas judiciales que prevén afrontar. Si pierden una demanda, el estado podrá cerrar la clínica además de obligar a pagar los costos judiciales de la parte contraria. Si ganan, la ley les impedirá recuperar sus propios costos judiciales. Es probable que la mayoría de las clínicas dejen de prestar servicios de aborto por temor a estos litigios, y que el acceso al aborto se reduzca radicalmente.

El acceso al aborto ha se limitó en Texas tras la aprobación en 2013 de la ley HB2, que aumentó de forma considerable los requisitos administrativos para las clínicas que prestan servicios de aborto. Como consecuencia de esta ley, la mitad de las clínicas que prestaban servicios de aborto cerraron y no volvieron a abrir, ni siquiera después de que la Corte Suprema la declarase inconstitucional en 2016.