La decisión adoptada el 20 de mayo por una autoridad judicial estadounidense de paralizar la rescisión del Título 42 es una afrenta a los derechos humanos de todas las personas que buscan seguridad en toda la región de las Américas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Desde que el Título 42 —-medida creada inicialmente por el gobierno de Trump con el pretexto de la COVID-19 que autoriza las expulsiones sin evaluaciones ni protección de asilo— entró en vigor en marzo de 2020, decenas de miles de personas solicitantes de asilo han sido expulsadas a los países de donde huyeron. Debido a su aplicación en conjunción con la política “Quédate en México” —en virtud de la cual el gobierno estadounidense ha devuelto a México a personas que estaban esperando la resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos—, las personas solicitantes han quedado atrapadas en campos situados a lo largo de la frontera entre ambos países, donde se ven empujadas a peligros extraordinarios.

“Las expulsiones con arreglo al Título 42 siempre han obedecido a una política xenófoba mal disfrazada de medida de salud pública. La decisión de paralizar su rescisión es un golpe demoledor para los derechos humanos en las Américas y pone incontables vidas en peligro, en incumplimiento de la legislación estadounidense y el derecho internacional. Transmite a todos los gobiernos de las Américas el mensaje de que Estados Unidos desprecia absolutamente el derecho humano a solicitar asilo, y sienta un vergonzoso precedente en la protección de los derechos de quienes buscan seguridad. Mientras el gobierno de Biden continúa su lucha ante los tribunales para acabar definitivamente con el Título 42, el Congreso estadounidense debe bloquear toda propuesta legislativa de demorar la rescisión o dar carácter permanente a las expulsiones en aplicación del título”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Los Estados de las Américas deben implicarse en iniciativas de cooperación internacional para hacer que los derechos humanos se respeten de manera efectiva y concreta en el proceso de asilo de cada Estado y suprimir los condicionantes que empujan a la gente a desplazarse.

Amnistía Internacional ha publicado una amplia investigación sobre los efectos del Título 42 en diversos grupos de personas necesitadas de protección internacional:

Efectos del Título 42 en la migración haitiana

En diciembre de 2021, junto con Center for Gender & Refugee Studies, Haitian Bridge Alliance, el Centro de Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), Refugees International, Rezo Fwotalye Jano Siksè y Service Jésuite aux Migrants Haiti, Amnistía Internacional publicó información sobre los peligros que corren las personas haitianas expulsadas en aplicación del Título 42.

Las expulsiones con arreglo al Título 42 siempre han obedecido a una política xenófoba mal disfrazada de medida de salud pública. La decisión de paralizar su rescisión es un golpe demoledor para los derechos humanos en las Américas y pone incontables vidas en peligro, en incumplimiento de la legislación estadounidense y el derecho internacional.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

Según la investigación de Amnistía, con el pretexto de la salud pública, Estados Unidos ha hecho un uso indebido sistemático de la orden del Título 42 para llevar a cabo expulsiones masivas e impedir que las personas procedentes de Haití y de otros países soliciten asilo. Esta práctica, ampliamente criticada por la ONU, especialistas en salud, organizaciones de derechos humanos e incluso autoridades estadounidenses, pone a las personas en un riesgo cada vez mayor de contraer la COVID-19 y parece haber facilitado el racismo, la xenofobia y la discriminación en las políticas de fronteras de Estados Unidos. La fuerza excesiva empleada contra las personas haitianas inmigrantes y solicitantes de asilo por agentes de fronteras a caballo en Del Rio (Texas) en septiembre de 2021 es un reflejo del racismo sistémico y la negrofobia inherentes al sistema policial del país.

Amnistía Internacional concluyó igualmente en su investigación, realizada en octubre de 2021, que otros Estados de la región americana, incluidos México, Chile y Brasil, no están protegiendo a las personas haitianas en movimiento frente a una diversidad de violaciones de derechos humanos, como detención y devolución ilegal, extorsión, racismo antinegro, abusos —incluida violencia de género— a manos de grupos armados, y desamparo. La combinación de estos fallos cometidos por los Estados ha dejado a decenas de miles de personas haitianas sin protección internacional y, a menudo, sin posibilidades de rehacer su vida en algún sitio en condiciones seguras.

Desde principios de 2021 y hasta hoy mismo, Estados Unidos es responsable de la inmensa mayoría de las expulsiones de personas haitianas, a quienes ha empujado a peligros potencialmente graves; las cifras de expulsiones desde México y de otras islas caribeñas son inferiores.

Efectos sobre las personas menores de edad no acompañadas

En junio de 2021, Amnistía Internacional publicó información sobre decenas de miles de menores no acompañados que habían sido empujados al peligro con su devolución resultante de políticas como el Título 42. De marzo a noviembre de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional capturó y expulsó sumariamente a al menos 13.000 migrantes menores no acompañados con arreglo al Título 42. A mediados de noviembre de 2020, un tribunal federal ordenó temporalmente al gobierno estadounidense que dejara de expulsar a menores de edad en virtud del Título 42 y, a finales de enero de 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva para mantener la exención de los menores no acompañados respecto al Título 42.

Estas exenciones han dado lugar a infinidad de separaciones familiares, ya que padres y madres toman la difícil decisión de enviar a sus hijos o hijas a Estados Unidos como menores no acompañados mientras ellos se quedan en México, donde corren grave peligro.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): duncan.tucker@amnesty.org

Vanessa Parra (Amnistía Internacional EE. UU.): media@aiusa.org