En todo Estados Unidos, las fuerzas policiales han cometido de manera generalizada atroces violaciones de derechos humanos contra personas que se manifestaban en contra de los homicidios ilegítimos de personas negras y en favor de una reforma de la policía, manifestó Amnistía Internacional hoy, al presentar un mapa interactivo de incidentes de violencia policial y una nueva campaña que pide cambios sistémicos en la actuación de la policía.
Amnistía Internacional documentó 125 casos distintos de violencia policial contra manifestantes, ocurridos en 40 estados y el Distrito de Columbia entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2020, periodo en el que centenares de miles de personas de Estados Unidos y otros países protestaron contra del racismo y la violencia policial y para manifestar que las vidas de las personas negras importa. El análisis muestra que los agentes encargados de hacer cumplir la ley violaron a diario los derechos humanos en la calle, en vez de cumplir con su obligación de respetar y facilitar el derecho de la gente a manifestarse pacíficamente.
Este uso ilegítimo de la fuerza incluyó palizas, empleo indebido de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta, y disparos injustificados con proyectiles menos letales, como granadas de esponja y balas de goma. Tales abusos fueron obra de diversas fuerzas de seguridad, desde departamentos locales de policía, hasta organismos federales y la Guardia Nacional.
“El análisis lo deja bien claro: cuando activistas y simpatizantes del movimiento Black Lives Matter (La vida de las personas negras importa) se echaron a la calle en localidades de todo Estados Unidos para exigir pacíficamente el fin del racismo y la violencia policial sistémicos, recibieron de forma abrumadora una respuesta militarizada y más violencia policial aún”, afirmó Brian Castner, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis relativas a armas y operaciones militares.
“No es momento ya de poner parches y excusas por unas cuantas ‘manzanas podridas’. Ahora lo que se necesita es una reforma sistémica y en profundidad de la actuación policial en Estados Unidos, que ponga fin al flagelo del uso policial de fuerza excesiva y los homicidios extrajudiciales de personas negras. Las comunidades no deben vivir con el temor de sufrir daños a manos de los mismos agentes que se comprometieron bajo juramento a protegerlas. Los agentes responsables de uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegítimos deben rendir cuentas siempre.”
Investigación basada en fuentes abiertas sobre las protestas de Estados Unidos
Para evaluar estos incidentes, el proyecto Evidence Lab de Amnistía Internacional para situaciones de crisis recopiló casi 500 vídeos y fotografías de protestas publicados en plataformas de redes sociales.
Este contenido digital fue luego verificado, geolocalizado y analizado por un equipo de investigación con conocimientos especializados en armas, tácticas policiales y disposiciones del derecho internacional y la legislación estadounidense aplicables en materia de uso de la fuerza.
En algunos casos, el equipo pudo también entrevistar a las víctimas y confirmar la conducta policial con los departamentos locales de policía.
Violencia policial en decenas de estados
Como muestra el mapa, el análisis de Amnistía Internacional pone de manifiesto una abrumadora variedad de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales en todo Estados Unidos, concretamente en el 80% de los estados del país.
El 30 de mayo, un patrulla conjunta de policía de Mineápolis y personal de la Guardia Nacional de Minnesota dispararon ilegítimamente proyectiles de impacto de 37/40 mm fabricados en Estados Unidos contra personas que se encontraban en actitud pacífica en el porche de sus casas. Al ver que las grababan con sus teléfonos móviles, estas fuerzas comenzaron a disparar contra ellas al grito de “adentro” y “abran fuego”.
El 1 de junio, personal de seguridad de varios organismos federales, incluidas la Policía de Parques y la Oficina de Prisiones, así como personal de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, cometió una variedad de violaciones de derechos humanos contra manifestantes en la plaza Lafayette de Washington, D.C. Utilizó escudos antidisturbios para empujar a manifestantes y profesionales de medios de comunicación, hizo uso indebido de diversos agentes para el control multitudes y lanzó granadas Stinger Ball de fabricación estadounidense, que contienen gas pimienta y tienen al explotar un efecto “cegador” conmocionante, lanzando indiscriminadamente pelotas de goma en todas direcciones. El ataque, que precedió a una sesión fotográfica del presidente Trump ante una iglesia cercana, recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación, incluida una larga línea de tiempo en vídeo del Washington Post para la que Amnistía Internacional aportó el análisis táctico y de las armas.
También el 1 de junio, en el centro de Filadelfia, la policía estatal y municipal utilizó grandes cantidades de gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta para desalojar a personas que se manifestaban pacíficamente en la autopista de la calle Vine. Una manifestante que se vio afectada, Lizzie Horne, alumna de una escuela rabínica, dijo a Amnistía Internacional:
“De repente comenzaron a pulverizar gas pimienta contra la multitud. En la mediana había un agente que estaba pulverizando también. Luego empezaron con el gas lacrimógeno. Alguien que estaba delante, al que un bote de gas lacrimógeno había golpeado en la cabeza, comenzó a retroceder rápidamente. Estábamos intentando ayudarlo, enjuagándole los ojos, y entonces se desmayó y comenzó a sufrir convulsiones. Volvió en sí muy pronto. Cuando por fin lo levantamos y empezamos a apartarlo de la calzada, comenzaron a lanzar más gas lacrimógeno, y fue entonces cuando la gente empezó a asustarse de verdad. Empezaron a gasear a la vez que nos acorralaban: estábamos contra una verja enorme que la gente tenía que saltar, en lo alto de una empinada cuesta. La verja debía de tener casi dos metros de alto. La gente empezó a poner las manos en alto, pero la policía no paraba. Era una bote tras otro y tras otro. Estábamos en una nube de gas. No podíamos dejar de babear y toser.
“Entonces la policía apareció por el otro lado de la verja y comenzó a gasear desde allí. Después, la policía comenzó a subir la cuesta [...] iba golpeando y derribando a la gente. Arrastraba a la gente cuesta abajo y la obligaba a ponerse de rodillas; la ponía en fila, arrodillada, en la mediana de la autopista con las manos atadas con abrazaderas, y le quitaba las mascarillas y volvía a pulverizarla y a gasearla.
Las violaciones de derechos humanos no se cometieron sólo en grandes ciudades. La policía local utilizó injustificadamente gas lacrimógeno contra protestas pacíficas en Louisville, Kentucky; Murfreesboro, Tennessee; Sioux Falls, Dakota del Sur, y Albuquerque, Nuevo México, entre otras localidades. Y en Fort Waynne, Indiana, el 30 de mayo, un periodista local perdió un ojo al dispararle la policía una granada de gas lacrimógeno en la cara.
Análisis jurídico del uso de la fuerza
El uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente viola la Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional de los derechos humanos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todos niveles tienen la obligación de respetar, proteger y facilitar las reuniones pacíficas.
Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo manifestantes que recurrieron a la violencia. No obstante, en muchos casos, en vez de responder a infracciones individuales, las fuerzas de seguridad han hecho uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestaciones enteras.
Las fuerzas de seguridad sólo pueden hacer uso de la fuera en reuniones pacíficas si es absolutamente necesario y proporcionado para alcanzar un objetivo legítimo de aplicación de la ley, en respuesta a violencia grave y que amenace la vida o los derechos de otras personas. E incluso entonces, las autoridades deben distinguir estrictamente entre manifestantes y viandantes cuya actitud es pacífica y cualquier persona que ejerza activamente la violencia. Los actos violentos de una persona no justifican nunca el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes cuya actitud es en general pacífica, y la fuerza sólo está justificada hasta que la amenaza inmediata de violencia contra otras personas se contenga.
Cualquier restricción de las reuniones públicas, incluido el uso de la fuerza contra manifestantes, no debe discriminar por motivos de raza, etnia, ideología política o pertenencia a determinado grupo social.
La reforma de la policía es urgente
En una orden ejecutiva emitida el 16 de junio, el presidente Trump propusó crear incentivos para limitar el uso de técnicas de estrangulamiento como la que mató a George Floyd en Mineápolis el mes pasado, así como una base nacional de datos sobre denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía.
Asimismo, algunas fuerzas policiales estatales y municipales emprendieron reformas parciales de ámbito local desde que comenzaron las protestas, entre ellas la suspensión del uso de algunas armas para el control de multitudes, como el gas lacrimógeno. En Mineápolis, el Ayuntamiento prometió por mayoría disolver la fuerza de policía y sustituirla por instituciones de seguridad pública más eficaces.
Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo reformas reales y duraderas de la actuación policial en Estados Unidos, que sean de ámbito general, entre ellas:
• poner fin a la comisión policial de homicidios extrajudiciales de personas negras y hacer rendir cuentas por tales muertes mediante investigaciones independientes e imparciales, que proporcionen reparación a víctimas y supervivientes;
• garantizar el derecho de protesta pacífica contra la violencia policial, sin que manifestantes, periodistas o viandantes corran el riesgo de ser objeto también de violencia policial;
• aprobar legislación federal, incluida la Ley PEACE, así como estatal, que restringa el uso policial de la fuerza de manera que sólo se recurra a ella cuando sea estrictamente necesario y proporcionado;
• poner fin a la doctrina de la “inmunidad calificada”, que impide hacer rendir judicialmente cuentas a la policía cuando infringe la ley, y
• aprobar legislación federal que desmilitarice las fuerzas policiales.
“La reforma real, sistémica y duradera de la policía en todos los niveles es necesaria para garantizar en todo el país que las personas pueden sentirse seguras cuando salen a la calle para expresar sus opiniones libre y pacíficamente, sin que exista un riesgo real de que sufran daños a manos de los mismos agentes que se supone que deben protegerlas. Es un derecho constitucional que se halla reflejado en el derecho internacional de los derechos humanos, y negar este derecho con violencia física, gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta es señal de represión”, ha afirmado Brian Griffey, investigador/asesor para Estados Unidos de Amnistía Internacional.
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