Ante la vista del recurso contra la decisión de un tribunal británico de no conceder la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, la secretaria general de Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estadounidenses que retiren los cargos contra él y que las autoridades británicas no lo extraditen, sino que lo dejen en libertad de inmediato.

Agnès Callamard hace este llamamiento tras una investigación de Yahoo News que revela que los servicios de seguridad de Estados Unidos consideraron la posibilidad de secuestrar o matar a Julian Assange cuando residía en la embajada de Ecuador en Londres. Esto debilita aún más las ya poco fiables garantías diplomáticas estadounidenses de que Assange no será puesto en condiciones que podrían constituir malos tratos si es extraditado.

“Las garantías del gobierno estadounidense de que Julian Assange no ingresará en un centro penitenciario de máxima seguridad ni será sometido a medidas administrativas especiales abusivas quedaron desacreditadas al admitir que se reserva el derecho a revocarlas. Ahora, las informaciones de que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange han arrojado aún más dudas sobre la fiabilidad de las promesas estadounidenses y han puesto más al descubierto la motivación política que subyace a este caso”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Resulta grotesco que, casi 20 años después, prácticamente ninguna persona responsable de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante las guerras de Afganistán e Irak haya rendido cuentas, y menos aún haya sido procesada, y sin embargo un editor que sacó a la luz dichos crímenes se enfrenta a una posible cadena perpetua.”

Se espera que en la vista del recurso, prevista para el 27 y el 28 de octubre, se examinen cinco motivos de apelación de Estados Unidos, entre ellos la fiabilidad de las garantías ofrecidas por el gobierno estadounidense después de que un tribunal británico inferior fallara en contra de la extradición de Assange en enero de 2021, y que Amnistía Internacional considera escasa.

Estados Unidos acusa a Assange de conspirar con un denunciante de irregularidades (la analista de inteligencia militar Chelsea Manning) para obtener ilegalmente información clasificada, y quiere que sea juzgado en Estados Unidos en aplicación de la Ley de Espionaje y la Ley de Abuso y Fraude Informático, lo cual podría acarrearle una pena de hasta 175 años de prisión.

El procesamiento iniciado por el gobierno estadounidense supone una grave amenaza para la libertad de prensa, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, pues describe una conducta que incluye actividades profesionales que llevan a cabo diariamente editores y profesionales del periodismo de investigación. Autorizar la extradición de Julian Assange supondría criminalizar prácticas periodísticas habituales y permitir que Estados Unidos y probablemente otros países atacaran a editores y periodistas fuera de sus jurisdicciones por sacar a la luz actuaciones indebidas de los gobiernos.

“La implacable persecución de Julian Assange por el gobierno estadounidense deja ver a las claras que este procesamiento es una medida punitiva, pero además el caso presenta motivos de preocupación que van mucho más allá de la suerte de un hombre y ponen en peligro la libertad de prensa y la libertad de expresión”, ha dicho Agnès Callamard.

“Periodistas y editores son de importancia vital a la hora de someter a escrutinio a los gobiernos, sacar a la luz sus irregularidades y hacer rendir cuentas a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Esta engañosa apelación debe ser desestimada, los cargos deben ser retirados y Julian Assange debe quedar en libertad.”

Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con press@amnesty.org, stefan.simanowitz@amnesty.org, +44 2030365599.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La solicitud de extradición de Estados Unidos se basa en una serie de cargos directamente relacionados con la publicación de documentos clasificados filtrados como parte del trabajo de Julian Assange con Wikileaks. La publicación de información de interés público es una piedra angular de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a la información sobre las actuaciones indebidas de los gobiernos, está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y no debe ser criminalizada.

En caso de ser extraditado a Estados Unidos, Julian Assange podría ser juzgado por diversos delitos en aplicación de la Ley de Espionaje y de la Ley de Abuso y Fraude Informático. También correría un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos a causa de unas condiciones de reclusión que podrían constituir tortura y otros malos tratos, entre ellas la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Julian Assange es el primer editor que se enfrenta a un enjuiciamiento en aplicación de la Ley de Espionaje.

Para más información, véase:
https://www.amnesty.org/es/documents/eur45/4450/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/the-us-diplomatic-assurances-are-inherently-unreliable-julian-assange-must-be-released/