La población tigriana de la disputada zona etíope de Tigré Occidental ha sufrido una campaña continua de limpieza étnica a manos de las fuerzas de seguridad de la vecina región de Amhara y sus aliados.
La campaña de asesinatos, violaciones, detenciones masivas y traslados forzosos es equiparable a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El gobierno etíope debe pedir a las fuerzas de seguridad y a las milicias que pongan fin a estas atrocidades, permitir el acceso de las agencias humanitarias —incluso a los centros de detención— y apoyar las iniciativas creíbles para hacer justicia que garanticen la rendición de cuentas de los responsables de graves delitos.
Las fuerzas de seguridad de Amhara y las autoridades civiles de Tigré Occidental han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos de la población tigriana desde noviembre de 2020 que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un nuevo informe que han publicado hoy (6 de abril). Las autoridades etíopes han restringido gravemente el acceso a la zona y el escrutinio independiente de la situación allí, y con ello mantienen en gran medida oculta la campaña de limpieza étnica.
El informe, ‘We will erase you from this land’: Crimes against humanity and ethnic cleansing in Ethiopia’s Western Tigray Zone, documenta cómo las nuevas autoridades de Tigré Occidental y las fuerzas de seguridad de la vecina Amhara, con la aquiescencia y posible participación de las fuerzas federales etíopes, expulsaron sistemáticamente a varios cientos de miles de civiles tigrianos de sus casas mediante amenazas, homicidios ilegítimos, violencia sexual, detenciones arbitrarias masivas, pillaje, traslados forzosos y negación de ayuda humanitaria. Estos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil tigriana constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
“Desde noviembre de 2020, las autoridades y fuerzas de seguridad de Amhara han llevado a cabo una campaña de limpieza étnica incesante para obligar a la población tigriana de Tigré Occidental a abandonar sus casas”, ha manifestado Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Las autoridades etíopes han negado rotundamente la escandalosa diversidad de crímenes cometidos y han tomado la atroz decisión de no abordarlos.”
El gobierno etíope debe garantizar el acceso inmediato y sostenido de las agencias humanitarias a la región, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e investigar y procesar debidamente a todos los responsables de los abusos. Todo acuerdo alcanzado por las partes del conflicto armado debe incluir el envío de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz liderada por la Unión Africana (UA) a la zona de Tigré Occidental para garantizar la protección de todas las comunidades frente a los abusos.
“La respuesta de los socios regionales e internacionales de Etiopía no se ajusta a la gravedad de los crímenes que siguen cometiéndose en Tigré Occidental”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Sus gobiernos deben contribuir a poner fin a la campaña de limpieza étnica, garantizar que la población tigriana puede regresar a sus casas de forma voluntaria y segura, y tomar medidas concertadas para que se haga justicia por estos terribles crímenes.”
Tigré Occidental es una fértil división administrativa de la región etíope de Tigré. El aumento de las disputas relacionadas con las fronteras y la identidad desde 1992 tiene su origen en las reivindicaciones sobre Tigré Occidental. A las dos semanas del estallido del conflicto en Tigré en noviembre de 2020, Tigré Occidental ya había caído bajo el control de las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía y las fuerzas y milicias de Amhara aliadas con ellas.
Durante las primeras ofensivas, las fuerzas federales etíopes y sus aliadas cometieron crímenes de guerra contra comunidades tigrianas, como bombardeos indiscriminados de localidades y ejecuciones extrajudiciales, que obligaron a miles a huir a otras partes de Tigré y al vecino Sudán. Milicias y residentes tigrianos cometieron también crímenes de guerra contra trabajadores migratorios y residentes de etnia amhara en una masacre perpetrada en la localidad de Mai Kadra el 9 de noviembre, primera masacre en gran escala de este conflicto comunicada oficialmente.
En los meses siguientes, las nuevas autoridades de Tigré Occidental y la Fuerza Especial de Amhara —fuerza paramilitar regional— emprendieron una campaña de limpieza étnica contra la población tigriana de la zona.
Durante más de 15 meses, los equipos de investigación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch hablaron con más de 400 personas, en entrevistas presenciales con tigrianos refugiados en Sudán y entrevistas a distancia con residentes de las etnias tigriana y amhara en Tigré Occidental y en Amhara que habían sufrido o presenciado abusos. Además, los equipos investigadores consultaron informes médicos y periciales, documentos judiciales, imágenes de satélite y materiales fotográficos y videográficos que corroboraban los relatos de graves abusos.
Campaña de limpieza étnica
Las fuerzas de seguridad de Amhara, las milicias y las nuevas autoridades pusieron en marcha una campaña coordinada de persecución étnica a finales de 2020.
En varias localidades de Tigré Occidental se colocaron letreros que ordenaban salir a la población tigriana, y el gobierno local comentó sus planes de expulsar a dicha población en reuniones abiertas. Una mujer tigriana de la localidad de Baeker describió las amenazas que había recibido de Fanos, una milicia irregular amhara: “Decían todas las noches: ‘Te vamos a matar [...] Vete de aquí.” Aparecieron folletos que advertían a la población tigriana que moriría si no abandonaba la región en un plazo de 24 o 72 horas.
Las autoridades arrestaron a miles de residentes tigrianos y los sometieron a detención prolongada en condiciones de hacinamiento y abusos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch creen que actualmente miles de personas tigrianas continúan recluidas en condiciones que hacen peligrar su vida.
Las fuerzas de seguridad utilizaron también la violación en grupo, acompañada de insultos y agresiones, secuestro y esclavitud sexual. Una mujer tigriana de 27 años contó que un miliciano le había dicho mientras otros hombres la violaban: “Los tigrianos tenéis que desaparecer de todo el territorio al oeste [del río Tekezé]. Eres mala y estamos purificando tu sangre.”
Además, las autoridades de Tigré Occidental impusieron restricciones sobre la libertad de circulación, la ayuda humanitaria, el uso de la lengua tigriana y el acceso a las tierras de cultivo para obligar a la población tigriana a marcharse. Las fuerzas de seguridad amharas y, en algunos lugares, las fuerzas eritreas presentes en Tigré saquearon cultivos, ganado y materiales, privando a la población tigriana de sus medios de vida. Un agricultor de 63 años vio cómo un grupo de hombres destruía su casa. Uno de ellos le dijo: “Éstas no son tus tierras. No tienes nada que reclamar aquí.”
Muchas comunidades tigrianas, ante el riesgo de intimidación y hambruna, no vieron otra salida que marcharse. En otros casos, las autoridades locales facilitaron camiones o autobuses para expulsar a decenas de miles de personas tigrianas y enviarlas al este, a Tigré Central.
Esta campaña coordinada duró meses. En marzo de 2021, decenas de miles de personas tigrianas habían sido expulsadas o habían huido. Los abusos y expulsiones volvieron a aumentar en noviembre de 2021, cuando decenas de miles de personas ancianas y enfermas, madres jóvenes, niños y niñas de etnia tigriana fueron expulsadas, mientras que miles de hombres adultos fueron detenidos y puestos bajo custodia por las fuerzas amharas, que dispararon a los que intentaban huir.
La masacre del puente del río Tekezé
El 17 de enero de 2021, la milicia amhara Fanos y residentes locales acorralaron y detuvieron a decenas de varones tigrianos residentes en la localidad de Adi Goshu.
Miembros de la Fuerza Especial de Amhara acorralaron y ejecutaron sumariamente a unos 60 hombres tigrianos junto al río Tezeké. En opinión de testigos y los pocos hombres que sobrevivieron, la masacre fue un acto de venganza por las graves pérdidas que habían sufrido las fuerzas ahmaras durante los combates librados la noche anterior con fuerzas tigrianas.
“Cuando nos dispararon, yo caí primero y luego vi que disparaban a otros que iban delante y caían al suelo”, contó un sobreviviente de 74 años. “Los que iban detrás de mí me taparon al caer […] Después oí que decían: ‘los tigrianos no mueren fácilmente, disparad otra vez’.”
Esta matanza desencadenó el éxodo masivo de la población tigriana de Adi Goshu.
Muertes en lugares de detención
Según el testimonio de personas que estuvieron recluidas en lugares de detención dirigidos por las fuerzas ahmaras y la milicia Fanos en todo Tigré, muchas personas murieron bajo custodia: unas como resultado de tortura, privación de asistencia médica y falta de comida y agua, y otras asesinadas por los guardias. Un agricultor de 72 años contó: “[Los guardias de la milicia amhara] nos decían continuamente que los tigrianos merecían morir de hambre”.
Tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades ahmaras niegan las acusaciones de limpieza étnica en Tigré Occidental. El 25 de febrero, Amnistía Internacional y Human Rights Watch escribieron a las autoridades federales etíopes y a las autoridades regionales de Amhara y Tigré para comunicarles sus conclusiones. En el momento de redactarse estas líneas sólo había respondido el gobierno regional de Amhara.
En un conflicto armado, todas las partes están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra). Las fuerzas ahmaras y otras afines al gobierno etíope en la división de Tigré Occidental han cometido crímenes de guerra de asesinato, tortura, violación, deportación, traslado forzoso y desaparición forzada. Cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil en apoyo de una política de una organización o Estado, tales violaciones de derechos humanos constituyen crímenes contra la humanidad.
El gobierno federal etíope y sus socios regionales e internacionales deben adoptar medidas concretas para proteger a todas las comunidades de Tigré Occidental, entre ellas liberar a la población tigriana detenida arbitrariamente allí y permitir el seguimiento de las medidas de protección. El 24 de marzo, el gobierno anunció una tregua humanitaria. Al margen de cualquier tregua o alto el fuego, las autoridades federales y regionales de Etiopía deben permitir una asistencia humanitaria sin trabas, independiente y sostenida.
Asimismo, el gobierno debe desmovilizar y desarmar a todas las milicias que hayan cometido abusos en Tigré Occidental y someter a escrutinio la Fuerza Especial de Amhara y las fuerzas federales etíopes para retirar a todos los miembros implicados en abusos graves; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los cargos civiles —incluidas las autoridades provisionales de Tigré Occidental— y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos graves deben ser apartados del servicio en espera de que se lleven a cabo investigaciones.
Todo acuerdo alcanzado por las partes enfrentadas debe incluir el envío urgente a Tigré Occidental de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz dirigida por la UA con un sólido mandato de protección civil. Es una medida fundamental para promover los derechos humanos, permitir el reparto de ayuda humanitaria y ayudar a proteger a las comunidades en situación de riesgo en Tigré. Los socios regionales e internacionales de Etiopía deben apoyar estos llamamientos.
