“Etiopía está al borde de una catástrofe humanitaria y de derechos humanos —ha advertido hoy Amnistía Internacional—, mientras se suceden acontecimientos preocupantes ligados a la escalada del conflicto de Tigré”.

El 4 de noviembre, el gobierno etíope se arrogó nuevos poderes generales de excepción que restringen arbitrariamente los derechos humanos y amenazan la independencia del poder judicial.

Mientras tanto, se está produciendo un aumento alarmante de publicaciones en las redes sociales que propugnan la violencia interétnica y algunas autoridades han rogado a la población que tomen las armas contra el Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF) y el Ejército de Liberación Oromo (OLA), que se han unido recientemente contra el gobierno central.

“La terrible crisis humanitaria y de derechos humanos que comenzó hace un año en Tigré se ha desbordado hasta llegar a otras zonas del país. Para impedir que la situación siga intensificándose sin control, las autoridades etíopes deben adoptar con urgencia medidas serias para garantizar que se respetan el derecho internacional humanitario y el de derechos humanos”, ha declarado Deprose Muchena, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

El estado de excepción

El Parlamento federal de Etiopía decretó el estado de excepción el 4 de noviembre, exactamente un año después del comienzo del conflicto armado con el TPLF.

La proclamación del estado de excepción es excesivamente general, pues se extiende a todo el país y restringe derechos humanos cuyo disfrute, según el derecho internacional, no se puede limitar ni suspender en ninguna circunstancia.

Por ejemplo, permite que las autoridades detengan a cualquier persona sin orden judicial si hay una “sospecha razonable” de que coopera con “grupos terroristas” y la recluyan sin revisión judicial mientras esté en vigor la proclamación, actualmente seis meses.

Esto podría tener repercusiones especialmente preocupantes para quienes defienden los derechos humanos y quienes se dedican al periodismo. El estado de excepción permite la suspensión o cancelación de las licencias de ONG y medios de comunicación si se sospecha que proporcionan, directa o indirectamente, apoyo material o moral a “organizaciones terroristas”, términos deficientemente definidos y abiertos a una interpretación amplia.

Este mismo año, Amnistía Internacional documentó detenciones masivas y arbitrarias de personas de etnia tigré, entre las que había periodistas y una persona activista de derechos humanos a quien las autoridades acusaron de tener lazos con el TPLF, considerado grupo terrorista por el gobierno federal etíope.

El estado de excepción también permite la prohibición de toda forma de expresión contraria a “la actividad de la Operación de Emergencia y el propósito de la proclamación” y dificulta la independencia del poder judicial.

“El carácter general de este estado de excepción es un plan para la escalada de violaciones de derechos humanos como la detención arbitraria, en especial de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, minorías y quienes critican al gobierno, y pone a las personas detenidas en un riesgo mayor de sufrir tortura y otros malos tratos”, prosiguió Deprose Muchena.

Llamamientos a la población civil para que tome las armas

Otro acontecimiento preocupante es que las autoridades del gobierno de varias regiones de Etiopía han rogado recientemente a la población civil que tome las armas para rechazar la ofensiva en curso del TPLF.

En la capital, Adis Abeba, algunas autoridades han pedido a la población civil que se organice para proteger su entorno y que, las personas que no puedan usar las armas por sí mismas, las registren o las entreguen a sus vecinos. Los gobiernos de las regiones de Amhara, Oromia y Somalí se han hecho eco de estos llamamientos que ponen en peligro los derechos e incluso la vida de las personas al alentar la creación de milicias no capacitadas y que no responden ante nadie.

Este tipo de grupos ya están cometiendo crímenes de guerra en este conflicto, incluidos homicidios ilegítimos, violaciones y otros actos de violencia sexual contra personas en función de su etnia.

Aumento del discurso de odio en Internet

El 3 de noviembre, Facebook retiró una publicación del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, por haber violado las políticas de la plataforma sobre incitación a la violencia.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha observado un aumento significativo de otras publicaciones recientes en las redes sociales en las que se incita a la violencia y se utilizan comentarios étnicos ofensivos contra las personas de origen tigré; algunas de estas publicaciones no se han controlado. Según los análisis de una organización local de derechos humanos, entre quienes compartían estas publicaciones había personas influyentes como periodistas y figuras políticas, y las plataformas de redes sociales eran lentas para eliminarlas.

“Las autoridades etíopes tienen la obligación de prohibir la apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Las autoridades deben denunciar con urgencia cualquier declaración, en Internet o fuera de Internet, que haga apología de la violencia contra un grupo étnico específico. Dado el aumento de la tensión política y étnica en Etiopía, las empresas de redes sociales también tienen la responsabilidad de aumentar sus esfuerzos de moderación de contenidos y garantizar que los algoritmos que hay detrás de sus plataformas no están alimentando la apología de la violencia”, afirmó Deprose Muchena.

Civiles en peligro mientras la situación se agrava

Amnistía Internacional reiteró su llamamiento a todas las partes en el conflicto en Etiopía para que respeten el derecho internacional humanitario y protejan a la población civil. Además, los dirigentes de todas las partes deben renunciar a la incitación a la violencia contra las personas en función de su etnia.

Desde que comenzó el conflicto en Tigré en noviembre de 2020, la organización ha documentado crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía, fuerzas eritreas y fuerzas de la región de Amhara, y está documentando un número creciente de denuncias de crímenes de guerra a manos del TPLF. El Ejército de Liberación Oromo (OLA), por su parte, ha estado implicado en reiteradas ocasiones en abusos graves contra los derechos humanos, sobre todo ataques contra la minoría amhara en Oromia Occidental.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por las partes en conflicto incluyen  masacres, el homicidio extrajudicial de personas cautivas y actos de violencia sexual contra mujeres y niñas. Los obstáculos para el acceso de las organizaciones humanitarias a las zonas afectadas por el conflicto y los ataques contra personal e instalaciones de ayuda humanitaria han empeorado en gran medida la terrible situación humanitaria causada por conflicto.

“Los líderes y las lideresas africanos y otros actores internacionales con influencia deben dejar claro a todas las partes en Etiopía que deben alejarse del abismo, proteger a la población civil, acabar con la incitación a la violencia, permitir el acceso sin trabas a las organizaciones humanitarias y de observación, y respetar los derechos humanos”, concluyó Deprose Muchena.

“Las partes deben entender que los responsables de crímenes de guerra y otras violaciones e derechos responderán de sus actos.”