Las autoridades de los Estados de Europa deben detener de inmediato la transferencia de refugiados y solicitantes de asilo provenientes del Cáucaso septentrional a Rusia, donde corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos y podrían ser forzados a combatir en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación publicado hoy.

Europa: The point of no return concluye que las autoridades de Croacia, Francia, Alemania, Polonia y Rumanía, entre otros países, han intentado extraditar o expulsar, o lo han hecho, a solicitantes de asilo que habían huido de la persecución en el Cáucaso septentrional y buscaban asilo en los Estados de Europa, lo que significa negarles el derecho a protección internacional. Se ha acusado a comunidades enteras de “extremismo peligroso” y de representar una amenaza existencial para la seguridad nacional debido a su identidad religiosa y étnica —la mayoría de habitantes de la región es musulmana y de origen checheno, daguestaní e ingusetio, entre otras etnias—, y al parecer eso justifica su devolución a una región en la que sus derechos están en auténtico peligro.

“Es escandaloso que varios Estados de Europa estén amenazando con devolver a personas que huyeron de la persecución en el Cáucaso septentrional de Rusia al lugar exacto en el que se produjeron los abusos, a pesar de que se afirme haber congelado toda cooperación judicial con Rusia tras la invasión de Ucrania a gran escala. Los países europeos deben reconocer que muchas personas originarias de esa región podrían enfrentarse a su regreso a arresto o secuestro, tortura, otros malos tratos o reclutamiento forzado”, ha declarado Nils Muižnieks, director de la Oficina Regional de Europa de Amnistía Internacional.

La situación a la que se enfrentan aquellos que han huido del Cáucaso septentrional ha empeorado radicalmente a causa de la creciente degradación de las normas de derechos humanos en Rusia desde que invadió Ucrania. Podrían verse sometidos a tortura, detención arbitraria y desaparición forzada, sin rendición de cuentas en sus países de origen, y son personas históricamente estigmatizadas y objeto de expulsión o extradición en los Estados de Europa.

La situación de los derechos humanos en el Cáucaso septentrional es pésima, especialmente en Chechenia. Cualquier persona que exprese opiniones críticas, esté comprometida con el activismo de derechos humanos o que se la tenga por miembro de la comunidad LGBTI corre el peligro de ser objetivo de agresiones, al igual que sus amistades y familiares.

La ya de por sí precaria situación de los derechos humanos en Rusia ha empeorado considerablemente desde el comienzo de la invasión en gran escala de Ucrania. El riesgo de tortura y otros malos tratos, prácticas generalizadas en los lugares de detención antes de la invasión, ha aumentado y existen informes creíbles que apuntan a una movilización desproporcionada de las minorías étnicas de Rusia para incorporarse a las fuerzas armadas. Aquellas personas que rechazan o intentan huir de la movilización corren peligro de sufrir graves violaciones de los derechos humanos.

Una persona solicitante de asilo de Chechenia declaró a Amnistía Internacional: “Te detienen en la calle y solo tienes dos opciones, ir a la cárcel durante 10 años o ir al frente. La cárcel en Chechenia… es como si dejaras de existir, pero al menos hay posibilidades de salir pasados 10 años. Creo que es mejor que ir a filas, luchar y morir”.

La retirada de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la represión de las iniciativas independientes de vigilancia de esos derechos en el país han incrementado drásticamente el peligro de abusos contra los derechos humanos y han privado a las víctimas de un medio importante para exigir responsabilidades a quienes perpetran los delitos.

Muchas personas del Cáucaso septentrional, que huyeron de la grave situación en sus lugares de origen, se encuentran ahora en peligro de expulsión, extradición o devolución desde países europeos, lo cual constituiría una violación del principio de no devolución. La amenaza de los Estados de devolver a personas a Rusia se está llevando a cabo en un contexto predominante de discriminación y estigmatización en Europa hacia población del Cáucaso septentrional, que son en su mayoría de religión musulmana. Este peligro ha aumentado desde los bombardeos de Israel en Gaza y los ataques, arrestos y homicidios cada vez más violentos en Cisjordania tras los ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre.

La prohibición de devolución por riesgo de tortura y otros malos tratos es absoluta y no admite excepciones, incluidos los motivos de seguridad nacional. A menudo, la base legal para las transferencias a Rusia son opacas o falsas, incluida la utilización de indicios secretos proporcionados por los servicios de seguridad y las denuncias infundadas provenientes de la propia Rusia y, en particular, las que se presentan como “notificaciones rojas” de Interpol. Rusia ha instrumentalizado estas notificaciones para atacar a opositores políticos, disidentes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y a sus familias y colaboradores. Algunos Estados europeos también aceptan “garantías diplomáticas” contra la tortura intrínsecamente poco fiables provenientes de las autoridades rusas para justificar la devolución de personas del Cáucaso septentrional. Tales “garantías” de un país como Rusia, donde la tortura es endémica y se hace un mal uso del sistema de justicia penal con regularidad, son meros intentos de eludir la obligación absoluta de un Estado de no enviar a nadie a lugares en los que correrían riesgo de sufrir atroces violaciones de derechos humanos.

El riesgo de expulsión de Francia a Rusia ha aumentado significativamente tras el fatal apuñalamiento de un maestro de escuela en Arras por un hombre del Cáucaso septentrional el 13 de octubre de 2023. Lo días posteriores al ataque de Arras, el presidente Macron pidió una respuesta “implacable” contra lo que denominó “extremismo”, con “especial atención a los hombres jóvenes del Cáucaso de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años”. El Presidente autorizó asimismo a su ministro del Interior, Gérald Darmanin, a entablar contactos con las autoridades rusas sobre posibles transferencias. Según los informes, se han puesto en marcha planes para la deportación a Rusia de hasta 11 personas.

Francia cuenta con un largo historial de cooperación con Rusia en el tema de las deportaciones de personas chechenas sospechosas de ser “extremistas”. En febrero de 2022, murió mientras estaba detenido en circunstancias sospechosas Daoud Muradov, un joven checheno al que Francia había expulsado a Rusia pese a las claras evidencias de que estaría en peligro de tortura y otros malos tratos. Las autoridades francesas no solo lo expulsaron, sino que también entregaron a las autoridades rusas detalles de su solicitud de asilo con la información personal de quienes lo ayudaron a huir, así como la de sus familiares.

Francia no es el único gobierno europeo dispuesto a enviar personas a Rusia, violando así el principio de no devolución, esto es, la prohibición absoluta de enviar a personas a aquellos lugares en los que estarían en peligro de sufrir graves abusos.

En Rumanía, las autoridades nacionales detuvieron en marzo de 2022 a Amina Gerikhanova, una mujer chechena solicitante de asilo, alegando que suponía una presunta amenaza para la seguridad nacional. Había huido de su hogar en Ucrania tras la invasión rusa en febrero de 2022. La guardia de fronteras de Rumanía la separó de su hijo pequeño y la detuvo en espera de extradición basándose en una notificación roja de Interpol de Rusia. Solo la multitudinaria indignación pública y la imposición de medidas cautelares por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pudieron detener su extradición a Rusia. Finalmente, Rumanía le concedió el asilo.

En 2017, Magomed Zubagirov huyó de la persecución que sufría en su Daguestán natal y se estableció en Ucrania con su esposa, pero en marzo de 2022 se vio obligado a huir de nuevo debido a la invasión de Rusia en gran escala. A pesar de su petición de asilo en la frontera entre Polonia y Ucrania, las autoridades polacas le negaron la entrada fundamentándose en una notificación roja de Interpol solicitada por Rusia, y lo expulsaron a ese país.

“Desde hace algunos años, los gobiernos y las instituciones europeos han ignorado o restado importancia a los graves peligros a los que se enfrentan las personas que regresan al Cáucaso septentrional. Esos peligros son ahora incluso mayores y es inadmisible utilizar el pretexto de las fuertes tensiones en Oriente Medio para justificar la devolución de solicitantes de asilo”, ha afirmado Nils Muižnieks.

“Los gobiernos europeos deben detener de inmediato todas las transferencias a Rusia de personas que se encuentren en peligro de sufrir torturas u otras violaciones de los derechos humanos; además, deben reconocer que esos peligros son ahora considerablemente mayores para las personas del Cáucaso septentrional. Las necesidades de protección de las personas en Europa deben evaluarse de forma justa a la luz de la deficiente situación de los derechos humanos en Rusia y de la guerra que se libra en Ucrania.”