El Estado argentino deberá posicionarse sobre las 287 recomendaciones recibidas durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió a principios de este año, antes de que los Estados adopten formalmente el informe final del examen en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo mes.

Recordemos que, en enero de este año, Argentina se enfrentó por cuarta vez a este examen que consiste en una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país por parte de otros Estados miembros de la ONU a través de recomendaciones que luego el Estado bajo examen decide si “acepta” y se compromete a implementar o solamente las “tiene en cuenta”.

Frente a esta oportunidad, Amnistía Internacional, envió una comunicación a las autoridades argentinas para instarles a aceptar importantes recomendaciones que recibieron durante el EPU relativas a los derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra las mujeres y personas LGBTI+, el uso excesivo de la fuerza y las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y la crisis climática, entre otras.

Los Estados que participaron del examen de Argentina reconocieron avances en materia de derechos humanos en los procesos de memoria, verdad y justicia, así como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo, muchos Estados mostraron preocupación por la persistente violencia de género, el uso excesivo de la fuerza, y la discriminación estructural contra los pueblos indígenas, entre otros temas.

 

Las recomendaciones que recibió Argentina

El nombramiento de una persona a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación estuvo entre las recomendaciones de varios países, incluyendo Alemania, España, Estados Unidos, y Reino Unido. La violencia institucional y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad fueron destacadas por países como Australia y Sudáfrica como cuestiones urgentes a abordar, mientras que otros como Ucrania y Uruguay hicieron foco en las políticas migratorias, de refugio y apatridia. Armenia y Paraguay, entre otros, destacaron la necesidad de combatir los discursos de odio y sus efectos.

Por otra parte, un gran número de países, entre ellos Canadá, Dinamarca, Francia, Noruega, y Suecia, hicieron recomendaciones relativas a las políticas de género, instando a seguir combatiendo la violencia y a garantizar la efectiva aplicación de la ley de aborto en todo el territorio nacional. Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, fueron muchos los países que instaron a completar el relevamiento de los territorios indígenas y aumentar la participación de los pueblos en decisiones que afecten sus derechos.

Muchos de los temas de preocupación y las recomendaciones que recibió Argentina están en línea con lo informado por las organizaciones de la sociedad civil al momento de presentar aportes para la evaluación en el EPU, incluyendo el informe de Amnistía Internacional.

 

Amnistía Internacional recibe con satisfacción la cooperación del gobierno argentino durante todo el proceso de examen, incluida la presentación del informe nacional, los esfuerzos para celebrar consultas de ámbito nacional en el periodo previo al examen, y sus respuestas a muchas de las cuestiones planteadas por los Estados durante el examen.

La organización espera que el Estado argentino acepte ahora las recomendaciones recibidas y trabaje para garantizar su plena y pronta aplicación.  Amnistía Internacional seguirá de cerca el posicionamiento de Argentina y la posterior adopción formal del informe de este cuarto EPU del país.