Amnistía Internacional pide a Nigeria, Reino Unido y Países Bajos que investiguen al gigante petrolero angloholandés Shell por su papel en una serie de delitos, cometidos por las fuerzas armadas nigerianas, en la región productora de petróleo de Ogoniland, en los años noventa.

La organización hizo público un análisis revelador de miles de páginas de documentos internos de la empresa y declaraciones de testigos, así como del archivo propio de Amnistía Internacional correspondiente a ese período.

La campaña de las fuerzas armadas nigerianas para silenciar las protestas del pueblo ogoni contra la contaminación causada por parte de Shell, incluyó violaciones de derechos humanos graves y generalizadas, que en muchos casos constituyeron también delitos según la legislación nacional.

“Las pruebas que analizamos muestran que Shell alentó reiteradamente a las fuerzas armadas nigerianas para que hicieran frente a las protestas de la comunidad, aun sabiendo los horrores en los que tal actuación derivaría: homicidios ilegítimos, violaciones, torturas e incendios de pueblos”, señaló Amnistía Internacional.

 “En medio de esa represión brutal, Shell hasta brindó a las fuerzas armadas apoyo material, incluido transporte, y por lo menos una vez pagó a un gobernador militar, conocido por haber perpetrado violaciones de derechos humanos. Es indignante que nunca haya tenido que responder por eso. Es indiscutible que Shell tuvo un papel clave en los acontecimientos devastadores que se registraron en Ogoniland en los años noventa, y creemos que ahora estaría justificada una investigación penal. Reunir este enorme archivo de pruebas fue el primer paso para llevar a Shell ante la justicia. Ahora prepararemos una denuncia penal para interponerla ante las autoridades pertinentes, de cara a solicitar un enjuiciamiento”, sostuvo Amnistía Internacional.

La campaña del gobierno de Nigeria contra el pueblo ogoni culminó con la ejecución, hace 22 años, de nueve hombres ogonis, entre ellos Ken Saro-Wiwa, el escritor y activista que había liderado las protestas. Las ejecuciones se produjeron tras un juicio claramente injusto y causaron indignación en todo el mundo. En junio de 2017, las viudas de cuatro de esos hombres presentaron un auto judicial contra Shell en Países Bajos, acusando a la compañía de ser cómplice de sus muertes.

 Se pueden exigir a una persona o empresa responsabilidades penales por un delito si lo ha alentado, posibilitado, agravado o facilitado, aunque no haya participado directamente en el mismo. Por ejemplo, saber que determinada conducta empresarial puede contribuir a un delito o tener un vínculo cercano con quienes perpetran ese delito podría derivar en una responsabilidad penal. El nuevo informe de Amnistía Internacional A Criminal Enterprise? argumenta que Shell estuvo involucrada de esa forma en los delitos cometidos en Ogoniland.

En los años noventa, Shell era la empresa individual más importante de Nigeria. Durante la crisis en torno al pueblo ogoni, Shell y el gobierno nigeriano actuaron como socios empresariales y mantuvieron reuniones periódicas para hablar sobre la protección de sus intereses.

Hay notas internas y actas de reuniones que muestran que Shell trató de obtener apoyo militar de altos funcionarios del gobierno, incluso después de que las fuerzas de seguridad hubieran matado en masa a participantes en las protestas. También muestran que, en varias ocasiones, Shell brindó asistencia logística o financiera a personal de las fuerzas armadas y de la policía a sabiendas de que esas personas habían estado involucradas en ataques asesinos contra habitantes del lugar indefensos.

 Shell siempre negó haber estado involucrada en las violaciones de derechos humanos, pero nunca se han investigado las acusaciones contra la empresa.

 Lo que Shell sabía

Las protestas en Ogoniland las lideraba el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), en respuesta a años de derrames de petróleo por parte de Shell, que habían devastado el medio ambiente. En enero de 1993, el MOSOP declaró que las operaciones de Shell en la zona ya no eran bienvenidas, y eso obligó a la compañía a abandonar la región temporalmente, alegando razones de seguridad.

Hay documentos internos que muestran que, cuando Shell trató de minimizar públicamente los daños ambientales que había causado, altos representantes de la empresa sabían que las quejas del MOSOP tenían fundamentos legítimos y a esos ejecutivos les preocupaba el mal estado de los oleoductos.

El 29 de octubre de 1990, Shell solicitó la “protección de seguridad” de una unidad policial paramilitar de élite, denominada Policía Móvil, para sus instalaciones del pueblo de Umuechem, donde se estaban registrando protestas pacíficas. Durante los dos días siguientes, la Policía Móvil atacó el pueblo con armas de fuego y granadas, provocando la muerte de al menos 80 personas, además de incendiar 595 casas. Muchos de los cadáveres se arrojaron a un río cercano.

 Se considera que, en ese momento, si no antes, los ejecutivos de Shell debieron entender los riesgos derivados de pedir una intervención de las fuerzas de seguridad. Y aun así, hay pruebas claras de que Shell siguió actuando de la misma forma.

Por ejemplo, en 1993, poco después de haberse retirado de Ogoniland, Shell pidió reiteradas veces al gobierno nigeriano que movilizara al ejército en esa región para proteger un nuevo oleoducto que estaban construyendo contratistas de la empresa. Eso llevó a que 11 personas fueran alcanzadas por disparos el 30 de abril en un pueblo llamado Biara y a que un hombre muriera del mismo modo en el pueblo de Nonwa el 4 de mayo.

Menos de una semana después del tiroteo en Nonwa, varios ejecutivos de Shell mantuvieron una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad.

Las actas de esas reuniones muestran que, en lugar de plantear su preocupación por los disparos efectuados contra personas desarmadas que protestaban, Shell solicitó activamente al gobierno y a las fuerzas de seguridad que le permitieran seguir activa en Ogoniland, y ofreció a cambio apoyo “logístico”.

Apoyo financiero

Shell también ofreció apoyo financiero. Un documento interno de la empresa revela que, el 3 de marzo de 1994, ésta hizo un pago de más de 900 millones de dólares estadounidenses a la ISTF, una unidad especial creada para “restablecer el orden” en Ogoniland. Eso sucedió solo diez días después de que el comandante de esa unidad ordenara disparar contra personas desarmadas que se manifestaban ante la sede regional de Shell en Port Harcourt. En el documento se afirma que ese pago fue una “muestra de gratitud y un elemento para motivar una disposición favorable y constante en relación con [Shell] en tareas futuras”.

“En varias ocasiones, la ayuda que Shell había pedido al gobierno para abordar lo que la empresa denominaba la ‘cuestión ogoni’ produjo una nueva ola de violaciones brutales de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en Ogoniland. Es difícil no ver vínculos causales o suponer que Shell no era consciente entonces de cómo se interpretaban sus peticiones”, afirmó Amnistía Internacional.

 “A veces Shell cumplió una función más directa en el derramamiento de sangre; por ejemplo, al trasladar a personal de las fuerzas armadas para que dispersara protestas, incluso cuando las consecuencias de hacerlo eran evidentes. Eso equivale claramente a posibilitar o facilitar los delitos horribles que se cometieron después”.

 Señalar pueblos por su nombre

 El 13 de diciembre de 1993, poco después de que un golpe de Estado llevara al poder al general Sani Abacha, Shell escribió al nuevo administrador militar del estado de Rivers, señalando comunidades específicas en las que habían tenido lugar protestas en su contra y solicitando asistencia.

Un mes después, en enero de 1994, el gobierno ordenó la creación de la ISTF. Más tarde ese mismo año, la violencia contra los ogonis alcanzó su espeluznante punto máximo, cuando la ISTF llevó a cabo incursiones en pueblos ogonis en las que mató, violó, torturó y detuvo a muchas personas.

Según un informe de Amnistía Internacional publicado el 24 de junio de 1994, alrededor de 30 pueblos fueron atacados y “más de 50 personas de la etnia ogoni fueron ejecutadas extrajudicialmente”. El comandante de la ISTF alardeó de esas operaciones en televisión, y se informó ampliamente sobre ellas. En julio de ese año, el embajador holandés comunicó a Shell que el ejército había matado aproximadamente a 800 ogonis.

Ken Saro-Wiwa en el punto de mira

Los documentos internos de Shell muestran que el entonces presidente de la empresa en Nigeria, Brian Anderson, mantuvo al menos tres reuniones con el general Sani Abacha entre 1994 y 1995, en el período más crítico de la crisis en torno al pueblo ogoni. El 30 de abril de 1994, Anderson planteó “el problema de los ogonis y Ken Saro-Wiwa” al describir las consecuencias económicas de la oposición del MOSOP.

 Saro-Wiwa ya estaba en el punto de mira del gobierno y, al mencionar su nombre en esa reunión, Anderson alentó de una manera temeraria medidas contra el activista, y reportó que había abandonado el encuentro con la sensación de que Abacha iba a “intervenir con las fuerzas armadas o con la policía”.

En efecto, al cabo de un mes, Saro-Wiwa y otros líderes del MOSOP eran detenidos, sometidos a acusaciones infundadas de haber participado en el asesinato de cuatro líderes tradicionales muy conocidos, e incomunicados en su reclusión. Durante la misma sufrieron torturas y malos tratos y, posteriormente, fueron declarados culpables en un juicio que fue una farsa y ejecutados en noviembre de 1995.

Los documentos que analizó Amnistía Internacional muestran que Shell sabía que, muy probablemente, Saro-Wiwa iba a ser declarado culpable y ejecutado. Aun así, la empresa siguió debatiendo con el gobierno las formas de hacer frente al “problema ogoni”. Es difícil ver cómo Shell puede no haber alentado, e incluso respaldado, las acciones del gobierno contra Saro-Wiwa y otras personas.

Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell.

“En sus últimas palabras al tribunal que lo declaró culpable, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell también tendría que comparecer algún día ante la justicia. Estamos decididos a lograr que eso suceda”, señaló Audrey Gaughran.

“Debe hacerse justicia, por Ken Saro-Wiwa y por los miles de personas más cuyas vidas arruinó la destrucción de Ogoniland por parte de Shell", sostuvo Amnistía Internacional y pidió que se abran investigaciones.

Información complementaria

Varios documentos internos de la compañía, entre ellos cartas, comunicaciones enviadas por fax y mensajes de correo electrónico intercambiados por distintas oficinas de Shell, muestran que la responsabilidad de las acciones de la empresa durante la crisis en torno al pueblo ogoni no le corresponde únicamente al personal de Shell en Nigeria. En todo momento, los directores de Shell en La Haya y Londres eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo en Nigeria.

Hay una nota que hace referencia a la aprobación por parte de los directores de una estrategia detallada que ideó Shell Nigeria en diciembre de 1994, sobre cómo debía responder la empresa a las críticas que recibía tras las protestas ogonis. En marzo de 1995, varios ejecutivos de Shell en Londres mantuvieron una reunión con representantes de las fuerzas armadas nigerianas en la capital británica, en la cual acordaron reunirse “cada cierto tiempo” para intercambiar información.

Amnistía Internacional escribió a Royal Dutch Shell y a Shell Nigeria para solicitar información al respecto. Shell Nigeria respondió: “Las acusaciones citadas en su carta contra [Royal Dutch Shell] y [Shell Nigeria] son falsas y carecen de fundamento. [Shell Nigeria] no se confabuló con las autoridades militares para reprimir los disturbios en la comunidad y en modo alguno fomentó o propugnó ningún acto de violencia en Nigeria. De hecho, la compañía cree que el diálogo es la mejor forma de resolver las disputas. Siempre hemos negado categóricamente esas acusaciones.”