Amnistía Internacional celebra la iniciativa de la organización de la sociedad civil Rohingya Burmese Rohingya Organización UK (BROUK por sus siglas en inglés) que el día miércoles 13 de noviembre presentó ante la justicia argentina una denuncia por crímenes de derecho internacional cometidos contra la comunidad Rohingya en Myanmar, en el Sudeste asiático.

BROUK invocó el principio de la jurisdicción universal para denunciar a quienes podrían ser penalmente responsables por genocidio y crímenes de lesa humanidad entre 2012 y 2018.

Amnistía Internacional ha bregado por asegurar el ejercicio del principio de jurisdicción universal en todo el mundo. Conforme dicho principio, los tribunales nacionales de cualquier estado pueden (y en algunos casos establecidos por el derecho internacional deben) investigar a toda persona sospechosa de responsabilidad penal por un crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u homicidio extrajudicial) cometido fuera de sus fronteras, y con independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima, e incluso en ausencia de todo vínculo con el Estado.

 

“La justicia argentina ya ha ejercitado la jurisdicción universal en varias oportunidades. Por ejemplo, en el caso de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en España o en el caso de los practicantes de Falun Gong en China. La jurisdicción universal, reconocida en la Constitución de la Nación Argentina desde 1853, es en una vía para buscar una justicia negada sistemáticamente por el estado del territorio donde los crímenes han sido cometidos. La actual iniciativa constituye un paso importante para garantizar que se haga justicia por las atrocidades cometidas contra mujeres, hombres, niños y niñas Rohingyas en Myanmar.” indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

 

La denuncia envía una clara advertencia a las autoridades de Myanmar de que la comunidad Rohingya y los miembros de la comunidad internacional están explorando todas las vías posibles para lograr que quienes cometieron estos graves delitos rindan cuentas ante la justicia.

 

Información adicional

 

Integrantes del Ejército de Myanmar han sido acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La denuncia presentada en Buenos Aires incluye una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular como parte de un ataque contra la comunidad Rohingya a partir de agosto de 2017, en el que miles de mujeres, hombres y niños fueron asesinados, mujeres y niñas fueron violadas, hombres y niños fueron torturados en los centros de detención y cientos de hogares y aldeas Rohingya fueron incendiadas.

 

El jueves 14 de noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado la decisión de autorizar una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos contra la población Rohingya de Myanmar. Aunque la acogemos con satisfacción, esta decisión sólo permite a la CPI investigar algunos de los crímenes cometidos por los militares contra las minorías étnicas de Myanmar. Es por eso que continúa siendo esencial que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación en el conjunto del país a la CPI.

El Consejo de Seguridad de la ONU hasta el momento no ha remitido el caso a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), restringiendo una vía posible para la rendición de cuentas por parte de los presuntos responsables. El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir de manera urgente la situación a la CPI, para que ésta pueda investigar toda la gama de crímenes de derecho internacional cometidos en todo el país.

Además de los crímenes cometidos contra la comunidad Rohingya, Amnistía Internacional continúa documentando los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos por integrantes del Ejército de Myanmar contra otras minorías étnicas en los Estados de Kachin, Rakhine y Shan.

Por otra parte, dado que las fuerzas militares siguen cometiendo crímenes y graves violaciones contra civiles, Amnistía Internacional exhorta a todos los Estados a que suspendan toda cooperación y asistencia militar a Myanmar, y a que apoyen y pidan públicamente al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo de armas exhaustivo a Myanmar, así como sanciones financieras selectivas contra altos funcionarios implicados en estos graves delitos.

A su vez, la organización hace un llamado a todos los Estados para que ejerzan la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial para investigar a cualquier persona sospechada de haber cometido crímenes de derecho internacional en Myanmar. Cuando haya suficientes pruebas admisibles, los Estados deben iniciar acciones contra los sospechosos a través de procedimientos justos ante tribunales civiles ordinarios que cumplan con las normas internacionales de equidad y que no entrañen nunca la búsqueda o imposición de la pena de muerte, o extraditarlos a una jurisdicción que pueda llegar a hacerlo.