A principios de febrero, se calcula que la epidemia ha infectado a más de 24.500 personas en todo el mundo. Las autoridades chinas han informado de 490 muertes, la mayoría en la provincia de Hubei, y más de 24.300 casos en total. La enfermedad se ha extendido ya a otros 25 países y territorios de todo el mundo.
La respuesta a una epidemia tiene el potencial de afectar a los derechos humanos de millones de personas. Primero, y ante todo, está el derecho a la salud, pero también hay otros derechos en juego.
“La censura, la discriminación, la detención arbitraria y las violaciones de derechos humanos no tienen cabida en la lucha contra la epidemia del coronavirus”, ha manifestado Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional. “Las violaciones de derechos humanos obstaculizan, en lugar de facilitar, las respuestas a las emergencias de salud pública, y reducen su efectividad.”
Censura temprana
El gobierno chino ha realizado grandes esfuerzos para ocultar la información sobre el coronavirus y los peligros que éste representaba para la salud pública. A finales de diciembre de 2019, los médicos de Wuhan compartieron con colegas sus temores sobre pacientes con síntomas parecidos al brote del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) que comenzó en el sur de China en 2002. Las autoridades locales los silenciaron de inmediato y los castigaron por “difundir rumores”.
“Los profesionales médicos de China trataron de dar la alarma sobre el virus. Si el gobierno no hubiera intentado minimizar el peligro, el mundo podría haber respondido más rápidamente a la propagación del virus”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
En una publicación online realizada un mes después, el Tribunal Supremo Popular cuestionó la decisión tomada por las autoridades de Wuhan. Esta publicación se consideró en general como una vindicación de los médicos.
Sin embargo, los esfuerzos por minimizar la gravedad del brote los compartieron los más altos niveles del gobierno chino, tal como dejó patente la agresiva labor de captación de apoyos de China para que la Organización Mundial de la Salud no declarara el brote una emergencia de salud pública de importancia internacional.
El derecho a la salud
El sistema médico de Wuhan está ahora desbordado, y tanto los centros médicos como los profesionales de la salud luchan por hacer frente a la magnitud del brote.
Hay muchos pacientes a quienes, tras soportar horas de espera, no se les admite en los hospitales. Los centros no tienen acceso a las pruebas diagnósticas necesarias.
“China debe garantizar que todas las personas afectadas por el coronavirus tengan acceso a atención médica adecuada, en Wuhan y en cualquier otro lugar. La contención de la epidemia es importante, pero también lo son la prevención y el tratamiento. Por eso es por lo que el derecho a la salud debería ser una parte fundamental de la respuesta”, ha declarado Nicholas Bequelin.
“Aunque la OMS ha dedicado sin cesar grandes elogios a China, la realidad es que la respuesta del gobierno fue —y sigue siendo— sumamente problemática.”
Los medios de comunicación locales han informado de que la gente no puede acudir rápidamente a los hospitales porque se ha cerrado el transporte público y, en algunos casos, no puede retirar los cadáveres de las personas fallecidas de sus hogares.
El derecho a la salud, tal como lo garantiza la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho a acceder a atención médica, el derecho a acceder a información, la prohibición de la discriminación en la prestación de servicios médicos, la libertad para no recibir tratamiento médico no consentido y otras garantías importantes.
La censura continúa hoy día
La insistencia de las autoridades chinas en controlar las noticias de los medios de comunicación y acallar la cobertura negativa ha seguido impulsando la censura de información en ocasiones legítima sobre el virus.
Desde que comenzó la crisis se han censurado numerosos artículos, entre ellos algunos de los principales medios de comunicación, como una filial del Beijing Youth Daily y Caijing.
“Las autoridades chinas amenazan con ocultar información que podría ayudar a la comunidad médica a hacer frente al coronavirus y ayudar a la población a protegerse de él”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
“El hecho de que parte de esta información no esté a disposición de todo el mundo incrementa el riesgo de sufrir daños a causa del coronavirus y retrasa una respuesta efectiva.”
Acoso e intimidación de activistas
El gobierno chino también ha atacado a gente que ha tratado de compartir información sobre el coronavirus en las redes sociales. Por ejemplo, el destacado abogado y profesional del periodismo ciudadano Chen Qiushi denunció acoso de las autoridades después de publicar imágenes de hospitales en Wuhan.
Al residente de Wuhan Fang Bin también se lo llevaron brevemente las autoridades tras publicar un vídeo en el que supuestamente se mostraban cadáveres de víctimas del coronavirus.
“Aunque es fundamental refutar las afirmaciones falsas sobre el virus, el cierre de contenido periodístico y de redes sociales legítimo sobre el tema no ayuda a mantener la salud pública”, ha declarado Nicholas Bequelin.
Represión regional de las “noticias falsas”
A medida que el virus se ha ido propagando desde China hacia los países vecinos del sureste asiático, también lo ha hecho la tendencia de los Estados a tratar de controlar la cobertura sobre el problema.
Se ha detenido o multado a gente en Malasia, Tailandia y Vietnam por publicar “noticias falsas” sobre el brote.
“Los gobiernos deben evitar la desinformación y proporcionar orientación para la salud oportuna y exacta. No obstante, las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionadas, legítimas y necesarias”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
“Si los gobiernos del sureste asiático y otros lugares deben aprender una lección sobre la manera en que China ha manejado la crisis del coronavirus, es que limitar la información y sofocar el debate en nombre de la ‘estabilidad’ entraña graves riesgos y puede ser desastrosamente contraproducente.”
Discriminación y xenofobia
La gente de Wuhan —incluso la que no tiene síntomas— ha sido rechazada de hoteles, se ha encontrado bloqueada en sus propios apartamentos y ha visto cómo sus datos personales se filtraban online en China, según la información publicada en los medios de comunicación.
También ha habido numerosos informes de xenofobia antichina o antiasiática en otros países. Algunos restaurantes de Corea del Sur, Japón y Vietnam se han negado a aceptar clientes chinos, y un grupo que protestaba dijo a unos huéspedes chinos que abandonaran un hotel en Indonesia. También se ha acusado a periódicos franceses y australianos de racismo en su manera de informar sobre la crisis.
Las comunidades asiáticas en todo el mundo han respondido, y la etiqueta de Twitter #JeNeSuisPasUnVirus (No soy un virus) se convirtió en tendencia en Francia.
“El gobierno chino debe tomar medidas para proteger a la gente frente a la discriminación, mientras los gobiernos de todo el mundo deben mostrar una tolerancia cero respecto al enfoque racista hacia las personas de origen chino y asiático. El mundo sólo podrá luchar contra este brote mediante la solidaridad y la cooperación más allá de las fronteras”, ha declarado Nicholas Bequelin.
Los controles fronterizos y las cuarentenas deben ser proporcionados
En respuesta al virus, muchos países han cerrado sus puertas a quienes viajan desde China u otros países asiáticos, mientras que otros han impuesto estrictas medidas de cuarentena.
El gobierno de Australia ha mandado a cientos de personas de ciudadanía australiana a un centro de detención para inmigrantes en la isla de Navidad, donde las condiciones de tratamiento ya habían sido descritas anteriormente como “inhumanas” por la Asociación Médica Australiana a causa del sufrimiento mental y físico que han padecido las personas refugiadas detenidas allí.
Papúa Nueva Guinea ha cerrado sus fronteras a la gente de todos los demás países asiáticos, sin limitarse a los casos confirmados de coronavirus. Esto ha dejado a estudiantes papúes abandonados en Filipinas después de que, por instrucciones de las autoridades de Papúa Nueva Guinea, se les impidiera tomar un vuelo de vuelta a su país.
Las cuarentenas, que restringen el derecho a la libertad de circulación, sólo pueden estar justificadas en virtud del derecho internacional si son proporcionadas, tienen límites temporales, se imponen con fines legítimos, son estrictamente necesarias, son voluntarias siempre que sea posible y se aplican de forma no discriminatoria. Las cuarentenas se deben imponer de una manera segura y respetuosa. Deben respetarse y protegerse los derechos de las personas en cuarentena, incluida la garantía de acceso a atención médica, alimento y otras necesidades.
“Los gobiernos se enfrentan a una situación difícil y deben tomar medidas tanto para prevenir la propagación del coronavirus como para garantizar que las personas afectadas tienen acceso a la atención médica que necesiten”, ha manifestado Nicholas Bequelin.
