En consecuencia, Amnistía Internacional organizó en sus oficinas un encuentro con periodistas del que participaron Cristina Castro, mamá de Facundo, junto a sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y Margarita Jarque, querellante institucional por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La mesa estuvo encabezada por Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
“Mi vida quedó detenida hace 3 años y medio. Con todas las pruebas que tenemos y que al día de hoy no haya ni imputados ni detenidos, significa que la Justicia nos está tomando el pelo. Los jueces y fiscales deberían hacer su trabajo para garantizar justicia y reparación. El Estado debe imputar a los policías responsables por la desaparición y muerte de Facu”, sostuvo Cristina Castro, mamá de Facundo.
Por su parte, Paola García Rey señaló: “Argentina sigue mostrando profundas falencias para superar los patrones de impunidad que atraviesan este tipo de casos: por un lado, el Estado es incapaz de garantizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y diligente, que determine el paradero de una persona desaparecida; y por el otro, ha mostrado una incapacidad y falta de voluntad de investigarse a sí mismo, habilitando a que la trama de poder que subyace a estos casos se imponga por sobre la justicia”.
El caso
Facundo Astudillo Castro había sido visto por última vez el 30 de abril de 2020 cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada a causa del COVID-19. El 2 de julio su familia había presentado una denuncia ante la Justicia federal para iniciar las investigaciones sobre su paradero.
Tras conocer la desaparición, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente global a lo largo de todo su movimiento presente en más de 160 países y territorios para pedir por la aparición de Facundo.
En septiembre de 2022, se confirmó que los restos encontrados en un cangrejal en la zona de Villarino viejo pertenecían a Facundo Astudillo Castro.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) señalaron que las denuncias por mal desempeño a la jueza y el fiscal que intervinieron en primer término en la causa no han avanzado.
A tres años de la aparición del cuerpo de Facundo, los abogados de la familia subrayaron que “no hay más nada que probar” pues “en la causa está claro que a Facundo lo desapareció y asesino la policía”. Además, señalaron que es necesario avanzar con las imputaciones y que las autoridades de la provincia de Buenos Aires no han hecho nada más que agregar obstáculos en el desarrollo de la resolución del caso.
"Lo tenían marcado”
El racismo es un componente influyente en el ejercicio de la violencia institucional. Tal como tiene dicho en su último informe, Amnistía Internacional da cuenta de que esa violencia es también racista y discriminatoria, ya que sus víctimas suelen pertenecer a grupos en situación de vulnerabilidad y marginalizados, cuyas posibilidades de acceder a la justicia son remotas.
Este es el caso de Facundo, sobre el cual su mamá recordó: “Facu sentía que lo tenían marcado: por la forma de vestirse, por rapear, por la visera”. Ella recuerda que era habitual que la policía maniobrara sus camionetas sobre la huerta que Facundo había armado con otros compañeros al lado de la estación. Al lado de la vía.
Pedro Luro está dividido por la vía. Es una marca geográfica, pero es principalmente una marca social. “Ese estigma que tiene este pueblo no lo ha podido borrar nadie: de un lado son todos negros, del otro lado cambia clase social”, explica la mamá de Facundo. Es una marca de nacimiento. “Si cruzas a vivir del otro lado no importa. Vas a seguir siendo un ‘negro de atrás de la vía’. Y los negritos no importan”, lamenta Cristina.
A más de tres años de la muerte de Facundo, el Estado es responsable por las demoras, la impericia y la impunidad en la causa. Amnistía Internacional acompaña a los familiares en su pedido de justicia y reparación.
