Ante la noticia de que un tribunal de Manila ha declarado culpables de “ciberdifamación” a la jefa de redacción de Rappler, Maria Ressa, y al ex periodista Reynaldo Santos Jr. por un artículo publicado en 2012, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, declaró:
“Esta sentencia es una farsa y debe ser anulada. Ressa, Santos y el equipo de Rappler al completo están siendo señalados por informar de manera crítica sobre el gobierno de Duterte, incluidas las violaciones de derechos humanos que siguen cometiéndose en Filipinas. Las acusaciones contra ellos son políticas, el procesamiento se basó en motivos políticos y la sentencia no deja de ser política.
Con este último ataque a los medios de comunicación independientes, el historial de derechos humanos de Filipinas continúa en caída libre. Ya es hora de que la ONU abra una investigación internacional urgente sobre la crisis de derechos humanos en el país, en consonancia con las recientes conclusiones de la propia Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“Ressa y su equipo se han convertido en símbolos mundiales de la libertad de prensa después de que el propio presidente Duterte los haya señalado repetidamente como blanco de ataques, intimidación y acoso. Tienen una larga batalla por delante, ya que están en espera de juicio por varios cargos más de motivación política.
“Este fallo condenatorio sucede al cierre de ABS-CBN, que continúa sin emitir después de convertirse también en blanco de los ataques del presidente. La comunidad internacional no puede seguir guardando silencio ante esta venganza descarada contra la prensa.”
Información complementaria
El 15 de junio de 2020, Ressa y Santos fueron declarados culpables de ciberdifamación por un tribunal de Manila, convirtiéndose en los primeros periodistas de Filipinas condenados por este delito. La sentencia conlleva una pena de entre seis meses y un día hasta seis años de prisión, y establece que Ressa y Santos deben pagar al denunciante, el empresario William Keng, un total de 400.000 pesos filipinos (7.950 dólares estadounidenses) en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El tribunal permitió que ambos quedaran en libertad bajo fianza.
La causa contra ambos tiene su origen en un artículo de investigación de Santos publicado el 29 de mayo de 2012. En él se afirmaba que el expresidente del Tribunal Supremo de Filipinas, Renato Corona, utilizaba un vehículo propiedad de Keng, presuntamente vinculado al tráfico de drogas y la trata de seres humanos.
Siete años más tarde, el 13 de febrero de 2019, Ressa fue detenida por la Oficina Nacional de Investigación y permaneció recluida toda la noche; quedó en libertad provisional bajo fianza una vez que el Departamento de Justicia hubo acusado a Ressa y Santos de “ciberdifamación” por el artículo. El artículo se había publicado más de tres meses antes de la promulgación de la Ley contra la ciberdifamación. Esta ley nunca debió aplicarse con carácter retroactivo, dado que los hechos no eran delictivos en su momento.
Ressa, Santos y la dirección de Rappler en su conjunto se enfrentan a varios pleitos e investigaciones más, por presuntos delitos fiscales y violaciones de la prohibición del control extranjero de medios de comunicación. Rappler ha criticado sistemáticamente al presidente Duterte y su gobierno, publicando investigaciones detalladas sobre algunas de las miles de ejecuciones extrajudiciales de personas pobres y marginadas perpetradas por la policía y otras personas armadas sin identificar durante las operaciones de “guerra a las drogas”.
El 5 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones emitió una orden de cese y desistimiento contra la empresa de radiodifusión ABS-CBN, que obligaba a la empresa a suspender sus emisiones nacionales de radio y televisión “debido a la expiración de la franquicia concedida por el Congreso”. ABS-CBN ha producido numerosos informes de investigación sobre violaciones de derechos humanos, y desató la ira del presidente Duterte cuando al parecer se negó a emitir sus anuncios políticos pagados durante las elecciones de 2016, que terminó ganando.
El 4 de junio, un informe de la OACNUDH llamaba la atención sobre las “graves violaciones de derechos humanos” cometidas en el país. Entre otras cosas, “incluía información detallada sobre las continuas amenazas a la libertad de expresión, con acusaciones formales y apertura de procesos contra periodistas y destacados políticos de postura crítica con el gobierno, así como medidas para cerrar medios de comunicación”.
