Las autoridades de Filipinas deben investigar urgentemente los informes que indican que los agentes de los barangay (barrios) cometen abusos contra personas acusadas de incumplir los toques de queda. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional Filipinas hoy.

El 7 de abril, un agente de barangay de Mexico, Pampanga, obligó a tres personas LGBTQI+ a realizar actos humillantes como castigo por presunta violación del toque de queda; el castigo se grabó en vídeo y el capitán del barangay lo publicó en las redes sociales. Al resto del grupo lo sometieron a otras formas de castigo degradante.

Amnistía Internacional Filipinas pide al gobierno que investigue estos abusos y haga rendir cuentas a los responsables.

“Los organismos pertinentes deben investigar estos informes de malos tratos y penalizar a los agentes de los barangay y a los miembros de grupos de voluntarios civiles de los que se determine que han cometido estos actos. Las autoridades locales no deben barrer bajo la alfombra estas prácticas abusivas bajo el pretexto de que están ‘implementando los toques de queda’ y ‘simplemente cumpliendo órdenes’”, ha manifestado el director ejecutivo de Amnistía Internacional Filipinas, Butch Olano.

Durante las dos primeras semanas de incremento de la cuarentena comunitaria en Luzón, Amnistía Internacional Filipinas ya había expresado preocupación por varios incidentes de trato cruel, inhumano y degradante cometidos presuntamente por agentes de los barangay contra quienes incumplían el toque de queda. La organización declaró que esos actos son una clara violación de las prohibiciones absolutas establecidas en la Ley contra la Tortura de 2009, así como en las obligaciones internacionales contraídas por el gobierno filipino en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura.

“Existe un patrón intensificado de conducta indebida por parte de los agentes de los barangay al implementar los protocolos de la cuarentena. También se han denunciado casos de humillación y abuso desde el inicio de la cuarentena comunitaria, como meter en jaulas para perros a quienes incumplían el toque de queda, golpear a la gente con palos y, más recientemente, humillar sexualmente a miembros de la comunidad LGBTQI+”, ha manifestado Olano.

En declaraciones anteriores, la organización advirtió de que las restricciones impuestas para proteger la salud pública en el contexto de la pandemia de COVID-19, como las cuarentenas y los confinamientos, entrañan graves riesgos para los derechos humanos. Las restricciones de los derechos a la libertad y la seguridad de la persona sólo pueden imponerse en circunstancias limitadas, con directrices claras y estrictas de implementación que deben ser conformes con las normas internacionales de derechos humanos.

“No deben tolerarse los actos de abuso, lo cual incluye la tortura y el trato o pena cruel, inhumano o degradante. Burlar la ley, especialmente durante la pandemia de COVID-19, sólo hará aumentar la cultura de impunidad ya de por sí imperante en el país. La ley debe implementarse adecuadamente, y los agentes que cometan abusos deben rendir cuentas incluso durante los confinamientos”, ha manifestado Olano.

 

Información complementaria

En marzo de 2020, una noticia informó de que se había acusado formalmente a agentes de barangay de Sta Cruz, Laguna, por encerrar en una jaula para perros a personas que violaban el toque de queda. A esta noticia le siguió un vídeo que mostraba a un policía golpeando a varios residentes de Manila por incumplir los protocolos de la cuarentena; la Policía Nacional de Filipinas respondió con una investigación del incidente. La información más reciente fue un vídeo publicado por el capitán de un barangay en el que se pide a tres miembros de la comunidad LGBTQI+ que hagan actos obscenos como castigo.

La Ley contra la Tortura de 2009 garantiza que “se respetarán en todo momento los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que sean sospechosas y las que estén detenidas o presas; además, ninguna persona sometida a investigación o bajo la custodia de una persona de autoridad o de un agente de una persona de autoridad será sometida a daño, fuerza, violencia, amenaza o intimidación de carácter físico, psicológico o mental, ni a ningún acto que afecte a su libre voluntad o ultraje o degrado de cualquier manera la dignidad humana”.

Montse Tiana (en nombre del AILRC-ES)