“El asesinato a sangre fría de Malayao viene a sumarse a la creciente lista de activistas políticos que han sido víctimas de ataques y homicidios en el país”.
“Malayao había participado en negociaciones de paz entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional de Filipinas. Su homicidio tiene lugar en un momento en el que los activistas políticos del país se han convertido en blanco habitual de ataques violentos, y en un clima en el que esos homicidios se están normalizando bajo el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. De manera alarmante, los vínculos con grupos de izquierdas o comunistas, ya sean reales o supuestos, han dado a algunas personas un aparente permiso para matar”.
“Estos ataques son otro ejemplo más de cómo se está erosionando la protección y la seguridad pública en Filipinas. La oleada de homicidios debe cesar. Las autoridades filipinas deben investigar a fondo el asesinato de Malayao, así como los asesinatos de muchos otros activistas que han muerto desde que este gobierno llegó al poder. El gobierno debe llevar a los responsables ante la justicia”.
Información complementaria
Según la información publicada en los medios de comunicación, Randy Felix Malayao murió por disparos a manos de un hombre no identificado cuando el autobús de pasajeros en el que viajaba se detuvo en la localidad de Aritao, Nueva Vizcaya, el 30 de enero. Según la información, el sospechoso subió al autobús hacia las dos de la madrugada y disparó dos veces contra Malayao, que estaba dormido.
Malayao era asesor sobre reformas políticas y constitucionales del Frente Democrático Nacional de Filipinas, una coalición de grupos que mantienen una insurgencia continuada en partes del país. El Frente Democrático Nacional lleva mucho tiempo manteniendo negociaciones de paz con el gobierno filipino. Malayao se unió a las negociaciones en Europa con el presidente Rodrigo Duterte, antes de que el presidente cancelara las conversaciones de paz.
En febrero de 2018, Malayao fue uno de los más de 650 individuos a los que el Departamento de Justicia de Filipinas pidió que un tribunal declarara “terroristas”. Su nombre fue finalmente retirado de la lista. En 2008 estuvo encarcelado durante más de cuatro años bajo el gobierno de la entonces presidenta Gloria Macapagal Arroyo por cargos de asesinato, unos cargos que, según afirman grupos activistas, eran de motivación política.