Para quienes realizamos trabajo de incidencia en el Consejo y, en especial, para los defensores y defensoras filipinos de los derechos humanos presentes en la sala, esta decisión supusó un cambio enorme. Fue un paso decisivo de la impunidad casi total de los atroces delitos cometidos por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte contra miles de personas al comienzo de la rendición de cuentas. Muchas personas se echaron a llorar ante este rayo de esperanza y justicia.
La resolución, adoptada con apoyo transregional, es de modesto alcance, ya que se limita solicitar un informe de la oficina de derechos humanos de la ONU sobre la situación en Filipinas. Expertos de la ONU, así como nuestras organizaciones, habían pedido una investigación en toda regla, pero creemos que la resolución es un paso decisivo para abordar la crisis de derechos humanos que tantas vidas humanas se cobró en Filipinas.
Los homicidios generalizados de Filipinas no se cometen por accidente, sino en aplicación de una política oficial, articulada en los niveles más altos. El mismo presidente Duterte instó reiteradamente a matar a personas relacionadas con las drogas, afirmando: “Mi orden es disparar a matar. No me importan los derechos humanos, será mejor que me crean”. Al mismo tiempo juró proteger a la policía y otros agentes de la acción de la justicia.
Estimaciones creíbles de organizaciones independientes y de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas sitúan la cifra de muertes en el contexto de la “guerra contra las drogas” en más de 27.000. Incluso la policía admite más de 6.600 homicidios en los que ha participado directamente al intentar justificarlos señalando que en todos ellos las personas sospechosas “opusieron resistencia”. Pero la información de los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación contradice estas afirmaciones y apunta en cambio a que es habitual que la policía coloque pruebas como armas y drogas en los cuerpos de las víctimas para justificar los homicidios, y también a que es a menudo cómplice en homicidios cometidos por personas armadas no identificadas.
La resolución adopta en respuesta a estas violaciones de derechos humanos no surgió de la nada. Islandia dirigió ya tres declaraciones conjuntas sobre Filipinas con el apoyo de casi 40 Estados en 2017 y 2018, la última de la cuales indicaba que podrían tomarse próximamente acciones formales del Consejo si el país no cambiaba la situación. Tanto los anteriores como los actuales altos funcionarios de derechos humanos de la ONU hicieron sonar también la alarma, y la Corte Penal Internacional anunció una investigación preliminar en febrero de 2018. Filipinas tuvo tiempo de sobra para detener los homicidios e investigar las violaciones de derechos humanos. Pero no lo hizo.
En cambio, los cadáveres continuaron amontonándose en las zonas urbanas de Manila y otras partes del país. Los niños y niñas de las comunidades más pobres continuaron quedándose huérfanos a medida que mataban a quienes sostenían a sus familias. Se siguió difamando y hostigando a quienes criticaban las políticas del gobierno. Y no hubo enjuiciamientos, excepto en un caso de gran repercusión grabado en vídeo de homicidio policial de un adolescente indefenso. Continúan cometiéndose homicidios a diario, y el presidente Duterte prometió que su guerra contra las drogas no hará más que endurecerse. Incluso con el Consejo de Derechos Humanos reunido y la resolución dirigida por Islandia presentada, la policía mató a tiros a Myka, niña de tres años, durante un asalto en busca de drogas a su casa, cerca de Manila.
Mientras tanto, Filipinas empleó todos los medios posibles en una campaña masiva de desinformación y contactos selectivos con Estados de todo el mundo para intentar bloquear la resolución. La magnitud y hostilidad de los esfuerzos de Filipinas fueron inmensos, incluso para quienes hemos seguido los procesos conducentes a acciones del Consejo sobre violaciones de derechos humanos cometidas por Estados más poderosos, pero no eran nada nuevo. Aunque Filipinas intentó retratarse como miembro cooperativo del Consejo de Derechos Humanos, difamó a expertos de la ONU que pidieron una investigación, acusándolos de estar “cuestionados intelectualmente” y representar a “los enemigos del Estado”. El gobierno filipino incluyó a la experta de la ONU sobre los pueblos indígenas en una lista de control de terroristas cuando lo criticó, y el mismo presidente amenazó con abofetear a la experta de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales si investigaba la guerra contra las drogas.
No es de extrañar que los partidarios de gobierno filipino hayan criticado a Islandia por la “intromisión en su soberanía”, es algo común entre los Estados responsables de violaciones de derechos humanos que intentan eludir el escrutinio y protegerse unos a otros de él. Pero aunque el liderazgo de Islandia fue audaz y efectivo a la hora de llamar la atención sobre el sufrimiento de las víctimas, incluso a pesar de la agresiva contracampaña de Filipinas, no hubo nada extraordinario en su decisión de abordar la situación de los derechos humanos en el país. Es lo que se espera de los miembros del principal órgano de derechos humanos del mundo, muchos de los cuales dirigen resoluciones sobre violaciones de derechos en otros países.
La enorme cantidad de homicidios de Filipinas, la incitación del presidente a cometerlos, la falta de rendición de cuentas y la hostilidad hacia los mecanismos de derechos humanos de la ONU hacían que la situación en Filipinas llamara muchísimo la atención, y la resolución llevaba mucho tiempo pendiente. Islandia la adoptó valientemente.
En todo el mundo hay muchos gobiernos abusivos, que cometen violaciones de derechos humanos, pero sólo unos cuantos defensores están dispuestos a hacerles rendir cuentas. Islandia parece estar tomándose en serio su responsabilidad como miembro de Consejo de Derechos Humanos, así como la situación de los derechos humanos en Filipinas. Otros países harían bien en seguir su ejemplo.
