“Cuando los hospitales están pidiendo bolsas para cadáveres y otros productos de urgencia, las insensibles amenazas de las autoridades muestran a un gobierno sordo y poco dispuesto a mantener a toda la población a salvo durante esta pandemia global. Esta peligrosa retórica debe parar ya.
“Este lenguaje peligroso no es nunca aceptable. Al producirse poco después de la alarmante orden del presidente Duterte de ‘disparar a matar’, esto muestra una clara constante de incitación coherente con la hostilidad general del gobierno hacia los derechos humanos.
“El comentario del senador crea, además, un efecto inhibidor en periodistas y denunciantes de irregularidades que tratan de revelar las lagunas y los problemas de la respuesta del gobierno a la COVID-19. En lugar de proferir amenazas, el gobierno filipino debe poner los derechos a la salud y a la vida de todas las personas en el centro de sus planes y medidas”.
Información complementaria
El 12 de abril, el senador filipino Bong Go dijo a los medios de comunicación que tenía bolsas para cadáveres para “drogodependientes y vendedores ambulantes de noticias falsas”.
El senador —que fue el asistente más cercano del presidente Duterte y que sigue haciendo anuncios importantes en nombre de este o le asesora durante sus comparecencias públicas— hizo el comentario cuando decía que había recibido una carta de un hospital en la que este pedía más bolsas para cadáveres porque el número de muertes por COVID-19 seguía aumentando. Con anterioridad, un conocido periodista de una importante cadena de televisión había afirmado que los hospitales se habían quedado sin bolsas para cadáveres, al mismo tiempo que el gobierno supuestamente pedía a los hospitales que no informaran de las muertes por COVID-19. Autoridades del gobierno calificaron estas informaciones de “noticia falsa”.
El 1 de abril, el presidente Rodrigo Duterte declaró en un discurso televisado que había ordenado a la policía, a las fuerzas armadas y a las autoridades de losbarangay (pueblos) que disparasen “a matar” a las personas que protestaran o cuestionaran las medidas del gobierno durante la vigencia de la cuarentena comunitaria impuesta en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Desde el comienzo de la administración de Duterte, en junio de 2016, miles de personas, en su mayoría procedentes de comunidades pobres y marginadas, han perdido la vida –a manos de la policía o de individuos armados desconocidos, algunos de ellos con vínculos con la policía– en la “guerra contra las drogas” del gobierno.
