Ante la noticia de que el juzgado ha concedido a la exsenadora Leila de Lima su solicitud de libertad bajo fianza en relación con el tercer y último cargo relacionado con drogas formulado en su contra, Butch Olano, director de la Sección de Filipinas de Amnistía Internacional, ha declarado:

 “Acogemos con satisfacción la concesión por el juzgado de la solicitud de libertad bajo fianza de Leila de Lima. Permitir su libertad temporal debería ser un paso hacia la justicia para Leila, comenzando con la desestimación de este último cargo formulado contra ella.”

 “Leila lleva detenida casi siete largos años, durante los cuales ha sido sometida a agresiones verbales e incluso físicas. Hemos afirmado reiteradamente que nunca debió haber sido encarcelada. Las pruebas, incluido el hecho de que varios testigos se hayan retractado de sus declaraciones en las que la implicaban en el narcotráfico ilegal, muestran que los cargos fueron fabricados.”

“El gobierno ha atacado a Leila debido a sus críticas a la sangrienta ‘guerra contra las drogas’ y otras violaciones de derechos humanos. Nunca debió haber pasado ni un solo día entre rejas. Esta última causa por drogas que se sigue contra ella debe ser desestimada con rapidez, y quienes están tras su detención arbitraria y otras violaciones de sus derechos humanos deben responder de ellas ante la justicia.”

“También pedimos a la administración Marcos que garantice su seguridad mientras recupera temporalmente su libertad. Hay que recordar que su vida corrió peligro cuando fue tomada como rehén en 2022 en la celda donde esta recluida dentro nada menos que de la jefatura de policía. El gobierno debe garantizar ahora su seguridad y su protección mientras siga siendo blanco de difamación y amenazas.”

Información general

El 13 de noviembre de 2023, la Sala 206 del Juzgado de Instrucción Regional de Muntinlupa concedió la libertad temporal de la defensora de los derechos humanos y exsenadora Leila de Lima al conceder su solicitud de libertad bajo fianza por la tercera y última causa de drogas que se sigue contra ella, bajo una fianza de 300.000 pesos filipinos (5.349 dólares estadounidenses). En esta última causa, Leila de Lima está acusada de tolerar supuestamente el “narcotráfico generalizado” en el interior de las instalaciones de máxima seguridad de la Prisión Nacional de Bilibid.

De Lima está detenida en la jefatura de la Policía Nacional de Filipinas desde su arresto, el 24 de febrero de 2017 por cargos de drogas. Como activista de derechos humanos y exsenadora, es una de las críticas más acérrimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la administración del expresidente Rodrigo Duterte. Desde su detención, Amnistía Internacional, junto con muchas otras organizaciones nacionales e internacionales, ha afirmado reiteradamente que los cargos contra ella eran falsos, al igual que las declaraciones de testigos en su contra.

Las autoridades detuvieron a de Lima después de que ésta hubiera intentado investigar los abusos perpetrados en el marco de la llamada “guerra contra las drogas” durante la administración del expresidente Duterte, incluida la ejecución extrajudicial de miles de personas como presuntas consumidoras o traficantes de drogas, que, Amnistía afirma, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Como en el caso de Leila de Lima, prácticamente no ha habido justicia ni rendición de cuentas para las víctimas de estos abusos ni sus familias.

Las actuaciones judiciales contra de Lima de los últimos seis años se han caracterizado por demoras indebidas, como la incomparecencia reiterada ante el tribunal de testigos de la acusación y los cambios en los miembros de la judicatura que juzgaban las causas abiertas contra ella. En 2018, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Leila de Lima era arbitraria porque carecía de base jurídica y no se respetaban las normas internacionales relativas el derecho a un juicio justo.

La detención arbitraria de Leila de Lima es un reflejo del contexto general de impunidad creciente por las violaciones de derechos humanos en el país que incluyen homicidios; y amenazas a, y hostigamiento de, activistas políticos, personas que defienden los derechos humanos, y miembros de los medios de comunicación y de otros grupos afectados.