En respuesta a la noticia de que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha promulgado la Ley Antiterrorista, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional para África y Oceanía, manifestó:
“Con la presidencia de Duterte, incluso quienes critiquen con moderación al gobierno pueden ser calificados de terroristas.
“Esta administración ha creado en la práctica una nueva arma para marcar y perseguir a quienquiera que parezca atacar al Estado. En el clima de impunidad imperante, una ley que define de manera tan imprecisa el “terrorismo” no hace más agudizar los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
“La aprobación de esta ley otorga al gobierno poderes excesivos y fuera de control. La legislación destinada a “contraatacar el terrorismo” debe garantizar el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario y proteger las libertades básicas.
“La introducción de esta ley es el último ejemplo del creciente empeoramiento del historial del país en materia de derechos humanos. Una vez más se pone de manifiesto por qué la ONU debe iniciar formalmente una investigación sobre las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que se cometen en el país.”
Información complementaria
El 3 de julio de 2020, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, promulgo la “Ley Antiterrorista de 2020”, que sustituye a la Ley de Seguridad Humana de 2007. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno filipino que rechace esta legislación, porque contiene peligrosas disposiciones y amenaza con menoscabar aún más los derechos humanos en el país.
La Ley define el terrorismo como:
• participar en actos que tienen por objeto causar la muerte o lesiones corporales graves a una persona o poner en peligro la vida de una persona;
• participar en actos que tienen por objeto causar enormes daños o destrucción a un gobierno o un centro público, un lugar público o un bien privado;
• participar en actos que tienen por objeto causar una enorme injerencia, daños o destrucción en una infraestructura esencial;
• desarrollar, fabricar, poseer, adquirir, transportar, suministrar o utilizar armas, y
• liberar sustancias peligrosas o provocar incendios, inundaciones o explosiones con el fin de intimidar a la ciudadanía en general; crear una atmósfera en la que propagar un mensaje de temor; provocar o influir con intimidación al gobierno o a cualquier organización internacional; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas o sociales fundamentales del país, o crear una emergencia pública o menoscabar gravemente la seguridad pública.
En virtud de la Ley, las personas que propongan planificar un delito tipificado en ella, prepararse para ello y facilitarlo, incitar a hacerlo, conspirar con tal fin y participar en ello, así como las que presten apoyo a “terroristas”, tal como se define el término en la Ley, o capten miembros para una “organización terrorista”, podrían ser condenadas a prisión sin posibilidad de libertad condicional.
La Ley pena también con 12 años de prisión los delitos siguientes:
• Amenazar con cometer “terrorismo”
• Proponer cometer “terrorismo” o incitar a ello
• Ingresar voluntariamente y a sabiendas en un “grupo terrorista”
• Ser cómplice en la comisión de “terrorismo”
La Ley permite a la policía y el ejército detener a las personas sospechosas sin orden judicial; mantenerlas recluidas durante 14 días, prorrogables 10 más, y someterlas a vigilancia durante 60 días, prorrogables también hasta 30 días.
