Entre diferentes problemas, las denuncias señalan que:
📌Se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con COVID-19 positivo (con síntomas leves o asintomáticas) con personas que no tienen COVID-19 , exponiéndolas al contagio.
📌En muchos casos, a las personas no se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19, se les harían varios hisopados sin que se le pida consentimiento, resultando todo ello violatorio de su derecho a la información, al consentimiento informado, a la salud, entre otros.
📌La duración de las cuarentenas en los CAS en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días. Además, las personas no tendrían suficiente acceso a información sobre el tiempo que permanecerán alojadas ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.
📌Se obligaría a permanecer en los CAS a niñas, niños y adolescentes y, en algunos casos, sin el acompañamiento de sus padres o familiares.
📌Las fuerzas de seguridad trasladarían compulsivamente a las personas a los CAS.
📌Los CAS estarían custodiados las 24 hs. por personal policial mientras que el personal de salud solo se presentaría una o dos veces al día.
📌Los CAS, localizados en escuelas o estadios, no cumplirían con condiciones higiénicas y de salubridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus y respetar la dignidad de las personas, permaneciendo más de 200 personas en un estadio, sin intimidad, ventilación, espacios de recreación y compartiendo los sanitarios. En muchos casos, esos espacios resultan contraproducentes para evitar la generación del virus y exponen a las personas al contagio.
📌Muchas personas serían obligadas a permanecer allí, sin brindar su consentimiento. Algunas han sufrido crisis, angustia y depresión y no han sido atendidas adecuadamente.
Estos hechos se suman a la situación de extrema precariedad que debieron atravesar las personas varadas que fueron impedidas de reingresar a territorio jurisdiccional durante meses. En octubre pasado, Amnistía Internacional ya había alertado por las más de 8000 personas varadas que no podían regresar a Formosa desde el inicio de la emergencia sanitaria.
A su vez, la organización ha relevado la utilización de cuarentenas obligatorias en otros países de la región, tales como Venezuela, Paraguay y El Salvador, y alertado sobre las violaciones a los derechos humanos por las condiciones en las que se llevaron a cabo.
De acuerdo a información oficial , hoy se encuentran alojadas en los centros de aislamiento 3094 personas, pero solo hay 622 casos de COVID-19 activos en toda la provincia.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, en situaciones de emergencia de salud pública, las autoridades pueden imponer cuarentenas obligatorias, como han hecho en respuesta a la COVID-19. Sin embargo, dado que la cuarentena bajo custodia del Estado representa en la práctica la privación de la libertad de una persona, su uso es permisible únicamente en circunstancias limitadas.
Los gobiernos tienen la obligación clara de garantizar que las personas sometidas a cuarentena están recluidas en condiciones dignas y con garantías frente a los malos tratos.
Según las recomendaciones de la OMS, una cuarentena debe durar 14 días, transcurridos los cuales las personas pueden regresar a sus domicilios, siempre que no desarrollen síntomas de COVID-19. A su vez, recomiendan que las niñas, niños y adolescentes no sean obligados a cumplir cuarentenas obligatorias en centros públicos. La OMS afirma asimismo que, aunque la cuarentena puede retrasar la introducción de una enfermedad en un país, si no se aplica como es debido, puede crear fuentes adicionales de propagación de ésta.
El derecho internacional prevé excepciones a la libertad para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. Amnistía Internacional reconoce que los Estados deben tomar medidas para limitar el impacto del COVID-19 en la población; sin embargo, las mismas deben ser respetuosas de los derechos humanos.
“Los testimonios que recibió Amnistía Internacional muestran la vulneración de derechos a los que son expuestos los ciudadanos formoseños. El modo en que se viene implementando la cuarentena estricta bajo custodia de las autoridades de Formosa no lo observamos en ningún otro lugar del país. Las autoridades deben evitar recurrir a métodos coercitivos en la implementación de medidas de salud pública. La pandemia no debe ser una excusa para que los Estados violen sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Amnistía Internacional pide a las autoridades formoseñas que den prioridad a las campañas de prevención de la COVID-19 y a medidas de cuarentena voluntaria, y eviten someter a las personas a cuarentenas controladas por el Estado a menos que esta medida sea estrictamente necesaria y proporcionada, y únicamente cuando no se pueda alcanzar el fin de proteger la salud pública por otros medios, y sólo si pueden proporcionar un entorno con condiciones higiénicas, sanitarias, de privacidad y atención médica adecuados y dignos.
