Formosa debe cumplir con el fallo de la Corte Suprema y respetar los derechos humanos


Sólo un tercio de las personas varadas en el país lograron ingresar a Formosa dentro del plazo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que ordenó a las autoridades provinciales permitir el acceso de alrededor de 8500 ciudadanos. El fallo se había dictado en el marco del amparo colectivo presentado por los abogados Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora.

Según informó el gobierno formoseño al Máximo Tribunal, hasta el 14 de diciembre sólo ingresaron 2774 personas, otras 500 habrían desistido de entrar y 3980 habrían “rechazado” la propuesta de ingreso. Sin embargo, los motivos que invocan dichas personas explican su imposibilidad de ingreso en las condiciones requeridas por la provincia:

📌La imposibilidad económica de afrontar los gastos del test PCR y/o el alojamiento que exige la Provincia

📌El escaso tiempo entre la fecha indicada para el ingreso y la posibilidad material de lograr la realizacón el test o llegar a la Provincia.

📌Las dificultades para conseguir medios de transporte para llegar a Formosa.

📌La falta de alternativas a la cuarentena obligatoria en los centros de aislamiento dispuestos por la provincia para ingresar.

Justamente, la Corte Suprema había llamado a la Provincia a reformular el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado por entender que las medidas provinciales constituyen “limitaciones irrazonables” a los derechos ya sea por la demora que se produce para concretar el ingreso, como por delegar en la capacidad económica de las personas la posibilidad de su regreso. Sin embargo, Formosa continuó implementando el mismo sistema, incorporando únicamente mayor cantidad de Centros de Aislamiento Preventivo (CAP).

Por otro lado, la Provincia negó el ingreso de 48 personas por presentar un PCR positivo, dejando a la deriva a quienes podrían requerir atención médica.

A más de 9 meses de la declaración de la emergencia sanitaria, siendo que desde junio  Formosa se encuentra en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y sin circulación viral en la mayoría de su territorio, resulta inadmisible que haya tantas personas que aún están esperando una respuesta para volver a sus hogares. Las autoridades deben cumplir íntegramente con lo ordenado por la Corte Suprema y respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos.

👉El deber de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos

En los últimos días, la abogada Gabriela Neme, representante de muchas personas que se encuentran solicitando ingresar, habría sido denunciada ante el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa por manifestaciones vertidas durante una audiencia judicial en la que describía las malas condiciones de los CAP. Allí, indicaba que muchos de los CAP tienen las ventanas bloqueadas y no pueden ser abiertas, los patios se encuentran clausurados, sin permitir que las personas puedan salir a caminar ni que los niños salgan a distraerse. Además, se realizarían requisas de los elementos que son acercados por las familias, incluyendo los alimentos.

Amnistía Internacional alerta sobre la importancia de garantizar que las defensoras de los derechos humanos puedan llevar adelante su tarea sin restricciones que socaven su labor y sin temor a sufrir castigos, represalias ni intimidación.

👉Contexto: la situación de las personas varadas de Formosa

En octubre de 2020, a más de siete meses de la declaración de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, Amnistía Internacional recibió denuncias de personas que habían solicitado autorización para regresar a la provincia de Formosa desde hacía meses y no habían obtenido respuesta. Algunas se encontraban esperando el permiso varadas en la ruta, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas y durmiendo en la intemperie; otras distanciadas de familiares e hijos; otras con situación de salud urgentes sin poder trasladarse para su tratamiento.

El 6 de noviembre, la Justicia Federal declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado dispuesto por las autoridades formoseñas e instó a la provincia a diseñar un nuevo sistema de ingreso respetuoso de los derechos humanos. Sin embargo, la Provincia no brindó una solución a todas las personas que solicitaban ingreso.

El 10 de noviembre, Amnistía Internacional solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga para garantizar que se brinde una respuesta urgente a todas las personas que aún no podían regresar a sus hogares en la provincia de Formosa.

El 19 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que el gobierno de Formosa garantizara en un plazo de 15 días el ingreso de las más de todas las personas que habían solicitado autorización para regresar a la provincia.

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