Tras la prohibición de varias manifestaciones de protesta por la violencia policial a raíz del homicidio ilegítimo de Nahel M., de 17 años, a manos de un policía, Amnistía Internacional pide al gobierno francés que dé prioridad a la reforma integral de las normas que regulan el uso de armas de fuego y de fuerza letal por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que ponga fin a su peligrosa negación de los efectos del racismo sistémico entre las fuerzas del orden y que respete el derecho de reunión pacífica.

La organización ha hecho hoy este llamamiento en una declaración pública. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo la creación de un órgano independiente encargado de investigar las denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“El disparo de un policía que se saldó con la muerte de Nahel —el último de una larga serie de homicidios ilegítimos cometidos por la policía en controles de tráfico— pone de relieve la necesidad urgente de acometer una reforma profunda de las peligrosamente imprecisas y permisivas normas sobre el uso de armas de fuego por la policía”, ha manifestado Nils Muižnieks, director regional para Europa de Amnistía Internacional.

“Las normas actuales, que incumplen el derecho y las normas internacionales, junto al largo tiempo en el que no se ha puesto fin a la utilización de perfiles raciales y al racismo sistémico ni se ha garantizado la rendición de cuentas de los agentes que hacen un uso innecesario y excesivo de la fuerza, han generado un clima de impunidad y de miedo.”

El homicidio por parte la policía francesa de personas que conducen vehículos o que viajan en ellos es un problema de larga data. Unas modificaciones del Código de Seguridad Interna introdujeron la “absoluta necesidad y la estricta proporcionalidad” en las normas existentes sobre el uso de armas de fuego en una serie de circunstancias. Esto implica que los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar armas de fuego si pueden lograr un objetivo legítimo a través de otros medios menos dañinos, y que, cuando empleen armas de fuego, no deberían causar un daño mayor del que se pretende evitar con su uso. Sin embargo, estas normas no restringen el uso de armas de fuego a los casos en los que hay una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves y, por lo tanto, incumplen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Desde 2017, el uso de fuerza letal por agentes de policía a raíz de un “refus d’obtempérer”, o negativa a obedecer la orden de un policía de detener el vehículo —normalmente para un control de identidad y por una manifiesta violación del código de circulación— se ha quintuplicado. Según datos del Ministerio del Interior, el uso de amas de fuego contra personas dentro de vehículos en movimiento ha aumentado significativamente desde 2017. No obstante, el mero hecho de que una persona se resista a ser detenida o traté de huir, sin poner en peligro la vida de nadie, no es razón suficiente para usar armas de fuego.

“Demasiadas personas —en particular hombres negros y árabes— han muerto por disparos de la policía francesa en circunstancias similares. La gente siente rabia con razón y la pregunta ‘¿Cuántos Nahels no han sido filmados?’ sigue en el aire,” ha afirmado Nils Muižnieks.

“Las autoridades no sólo tienen que hacer justicia a Nahel y reformar la política sobre armas de fuego de la policía, sino que también deben adoptar medidas significativas para abordar el racismo sistémico en las actuaciones de la policía francesa.”

Información complementaria
Uno de los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley es el Principio 9, que establece que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves […]. [S]ólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.”

El 7 de julio de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial afirmó en una declaración que estaba “profundamente preocupado por la práctica constante del uso de perfiles raciales junto con el uso excesivo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley, en particular la policía, contra miembros de minorías, en particular personas de ascendencia africana y árabe, lo que con frecuencia da lugar homicidios desproporcionadamente recurrentes con casi total impunidad”.

En respuesta, las autoridades francesas reiteraron su afirmación de que “cualquier acusación de racismo o discriminación sistémica por parte de las fuerzas del orden en Francia carece de fundamento”.https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/article/declaration-du-comite-pour-l-elimination-de-la-discrimination-raciale-08-07-23

Amnistía Internacional Francia forma parte de una coalición de grupos de derechos humanos que en 2021 interpuso una demanda colectiva contra el Estado francés por su inacción en relación con el uso de los perfiles raciales y la discriminación racial sistémica. El caso sigue abierto.