Además, las autoridades impidieron celebrar diversas protestas pacíficas organizadas en torno a la cumbre en ciudades y zonas próximas a Biarritz, y sólo permitieron dos manifestaciones.
“Desde que comenzó esta cumbre del G-7 en Biarritz estaba claro que las autoridades francesas tenían planeado restringir las libertades de reunión y circulación, con la presencia anunciada de más de 13.000 policías para controlar la zona”, dijó Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Francia.
“Es un escándalo que cientos de personas permanecieran atrapadas en un cordón policial durante horas sin ninguna razón, antes incluso de que comenzaran su protesta pacífica.
Es una triste ironía, además, que las autoridades francesas decidieran que debían reprimir el derecho de la sociedad civil a manifestarse pacíficamente durante estos tres días cuando muchos puntos de la agenda del G-7, como la crisis climática y la igualdad de género, están ahí precisamente gracias a la presión ejercida por esa misma sociedad civil. Socava todas las conversaciones de la cumbre.”
Restricción de la libertad de reunión
Se adoptaron medidas de seguridad excepcionales en ciudades como Bayona, a unos ocho kilómetros de Biarritz, así como en la misma Biarritz, dirigidas a impedir que la gente se congregue para ejercer su derecho de reunión.
A primera hora de la tarde del sábado, las autoridades enviaron cientos de agentes de policía a Bayona y levantaron vallas de cuatro metros de alto en los cuatro puentes, dividiendo la ciudad en dos partes. Personal observador de Amnistía Internacional fue interceptado y registrado seis veces en unas dos horas de estancia en el lugar.
Las autoridades habían emitido una orden por la que se establecía una zona de seguridad en el centro de la ciudad donde la policía podía dar el alto y registrar a cualquier persona. Varios centenares de manifestantes, así como periodistas, observadores y residentes, estuvieron unas cinco horas bloqueados. La policía no les permitió irse hasta última hora de la tarde.
Además, el domingo, 25 de agosto, la policía atrapó en un cordón policial a unos 50 manifestantes pacíficos que intentaban congregarse en un aparcamiento de Bidart, a ocho kilómetros de Biarritz, bastante lejos de la zona de seguridad donde estaban reunidos los jefes de Estado. El incidente, que duró más de dos horas, afectó también a observadores de la organización, que no tenían posibilidad de marcharse.
Cuando el personal de Amnistía Internacional mostró a la policía una carta con los detalles de su misión de observación, fue informado de que la medida tenía como fin realizar controles de identidad, a pesar de que no se pidió al personal delegado ni a ninguna otra persona que presentara la documentación necesaria.
Alrededor de un centenar de manifestantes detenidos
Aunque es cierto que hubieron muy pocos episodios violentos en estos tres días, unas 100 personas fueron arrestadas del 23 al 25 de agosto, de las cuales unas 70 pasaron a estar en detención preventiva, y hoy está previsto que comiencen varios de los juicios. Entre ellas se encuentran tres observadoras de la Liga de los Derechos Humanos de Francia, arrestadas y puestas en detención preventiva el 24 de agosto, tras detectarse materiales de protección. Finalmente quedaron en libertad el domingo, 25 de agosto.
En vista de las fuertes medidas de seguridad y el arresto de uno de sus miembros el 24 de agosto, los organizadores de la “contracumbre” del G-7 decidieron cancelar varias acciones pacíficas previstas para el 25 de agosto. Los manifestantes sólo pudieron llevar a cabo una manifestación pacífica el sábado 24 de agosto en Hendaya, a más de 30 kilómetros de la cumbre del G-7 en Biarritz.
“Las autoridades francesas deben dejar de tratar con desprecio el derecho a la protesta. A menos que los manifestantes hayan participado en actos violentos, deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”, afirmó Marco Perolini.
“Ejercer la libertad de expresión y de reunión pacífica no es delito, sino un derecho humano fundamental.”
