Tras la decisión de la Fiscalía de retirar su recurso de apelación contra la absolución de Martine Landry, de 76 años, que se enfrentaba a hasta cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros por el cargo de “facilitar la entrada irregular” de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes por ayudar a dos niños de 15 años a llegar a una comisaría de policía en la frontera franco-italiana, Martine declaró:

“Esta decisión supone un gran alivio. Estaba convencida de que tenía el derecho de ayudar a estos niños. Ante las violaciones de los derechos de personas refugiadas y migrantes, cumplí con mi deber ciudadano de ayudarlos lo mejor que pude. Hoy no sólo he ganado yo, también la solidaridad.”

Lola Schulmann, responsable del trabajo de incidencia de Amnistía Internacional Francia en materia de personas refugiadas y migrantes, ha afirmado: “Al retirar los cargos, la Fiscalía confirmó que, para empezar, el procesamiento de Martine Landry no tenía que haberse producido. La decisión de retirar los cargos era necesaria y también lo correcto. Martine Landry y otras personas que han actuado solidariamente con personas refugiadas y migrantes no deberían sufrir hostigamiento ni intimidación, y mucho menos a través de un uso indebido del sistema de justicia penal.”

Laure Palun, directora de la ONG Anafé, sostuvo: “Martine Landry nunca debió ser procesada. Esta decisión es un paso en la dirección correcta. Es un alivio para Martine Landry y una señal de esperanza para quienes defienden los derechos de las personas refugiadas y migrantes. No obstante, todavía hay algunas personas que están siendo procesadas por acciones similares. Tenemos que ir más allá y eliminar el ‘delito de solidaridad’ de los códigos y hacer que sea imposible enjuiciar a personas cuyas acciones están motivadas por la solidaridad.”

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INFORMACIÓN GENERAL

Martine Landry es una activista de 76 años de Amnistía Internacional Francia y una señora jubilada que fue enjuiciada por “facilitar la entrada irregular” de dos niños guineanos de 15 años en 2017. Tras ser absuelta en primera instancia, la Fiscalía recurrió la sentencia y Martine se enfrentaba a hasta cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros. El hecho de que hoy se retiren los cargos pone fin a tres años de hostigamiento e incertidumbre para Martine.