Gaza: Hamás debe poner fin a la brutal represión de personas que se manifiestan y defienden los derechos humanos


Una empleada de Amnistía Internacional en Gaza, interrogada y maltratada por las fuerzas de seguridad

La violenta represión ejercida por las fuerzas de seguridad de Hamás contra activistas, manifestantes pacíficos, trabajadores de los derechos humanos —incluida una empleada de Amnistía Internacional— y periodistas de Palestina tiene que acabar y ser investigada, ha afirmado la organización.

Cientos de manifestantes han sufrido palizas, detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros malos tratos desde el 14 de marzo, cuando la población palestina salió a la calle en toda la Franja de Gaza para protestar por la subida del coste de la vida y el deterioro de las condiciones económicas con el gobierno de facto de Hamás.

Hind Khoudary, la asesora de investigación de Amnistía Internacional detenida Hind Khoudary, la asesora de investigación de Amnistía Internacional detenida

Hoy, las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior han detenido e interrogado a una asesora de investigación de Amnistía Internacional, Hind Khoudary, por trabajar para la organización. Su interrogatorio ha durado tres horas, durante las cuales cuatro interrogadores varones la han sometido a malos tratos. Los hombres han empleado insultos, le han advertido que no investigue sobre derechos humanos y han amenazado con procesarla por espiar y trabajar como agente extranjero.

La represión de la libertad de expresión y el uso de la tortura en Gaza han alcanzado nuevas cotas alarmantes. En los últimos días hemos visto escandalosas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Hamás contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas y trabajadores de los derechos humanos”, ha afirmado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Es evidente que las fuerzas de seguridad de Hamás intentan impedir que defensoras y defensores de los derechos humanos lleven a cabo la labor esencial de documentar las graves violaciones que dichas fuerzas están cometiendo en su violenta y arbitraria campaña de represión. Hoy queremos enviar un mensaje claro a las autoridades de Gaza: que estamos observando y trabajaremos para garantizar que los responsables rindan cuentas por estos abusos”.

Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de Hamás contra periodistas, manifestantes pacíficos y defensores de los derechos humanos son las más graves desde hace más de un decenio.

Protestas contra el hambre y los impuestos


La última oleada de represión de Hamás tuvo lugar el 10 de marzo de 2019, cuando 13 activistas que planeaban manifestarse para protestar por el alto coste de la vida en Gaza fueron detenidos en medio de una reunión privada organizada en una casa propiedad del activista Jihad Salem al Arabeed en la localidad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Las detenciones se practicaron después de que el grupo lanzara una campaña en redes sociales titulada “La revuelta de los hambrientos” y “Abajo la subida de precios” y convocara una manifestación en Jabalia para el jueves, 14 de marzo de 2019.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la vivienda sin una orden de arresto. Los activistas sufrieron tortura y otros malos tratos bajo custodia, y el 12 de marzo fueron liberados previa advertencia de que no siguieran adelante con sus planes.

A primera hora de la tarde del 14 de marzo de 2019, fuerzas de seguridad de Hamás, entre las cuales había agentes vestidos de civil, atacaron violentamente a cientos de personas que se estaban manifestando pacíficamente en los campos para personas refugiadas de Jabalia, Deir al Balah y Al Bureij y en Rafá, recurriendo a granadas sonoras de aturdimiento, porras, pulverizadores de pimienta, munición real y agresiones físicas.

Periodistas y trabajadores de derechos humanos en el punto de mira


El 15 de marzo, las fuerzas de Hamás irrumpieron en la vivienda de un periodista local, Osamah al Kahlout, situada en el campo de Deir al Balah. En la casa estaban Jamil Sarhan, director de la Comisión Independiente por los Derechos Humanos, y Baker al Turkmani, abogado de la Comisión. Ambos trabajadores de derechos humanos, que habían actuado como observadores en las protestas, fueron golpeados y hospitalizados, y vieron confiscados sus teléfonos móviles. Tras identificarse ante los agentes de seguridad que asaltaron la vivienda, Sarhan y Turkmani fueron conducidos al exterior, donde recibieron repetidos puñetazos.

El 16 de marzo, las fuerzas de seguridad de Hamás en Gaza detuvieron a varios defensores y defensoras de los derechos humanos que estaban trabajando en el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza. Las cuatro personas detenidas, según informes, fueron: Samir al Manaama, abogado del Centro Al Mezan para los Derechos Humanos; Khaled Abu Isbetan, trabajador sobre el terreno de Al Mezan; Sabreen al Tartour, trabajadora sobre el terreno del Centro Palestino de Derechos Humanos; y Fadi Abu Ghunaima, trabajador sobre el terreno de la Asociación Al Dameer para los Derechos Humanos en Gaza.

Mientras, varios periodistas fueron golpeados, detenidos y privados de cubrir la información de las manifestaciones en toda Gaza. Según los informes recibidos, numerosos periodistas, profesionales del derecho y trabajadores de ONG han sido citados para interrogatorio tras haber documentado testimonios de la conducta de la policía de Hamás.

“El gobierno de facto de Hamás debe poner en marcha inmediatamente una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el uso excesivo e innecesario de la fuerza, la detención y reclusión arbitrarias y la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando existan pruebas admisibles suficientes, los presuntos autores deberán ser enjuiciados con las debidas garantías”, ha afirmado Saleh Higazi.

“Las autoridades de Gaza tienen el deber de garantizar que las personas que ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos pueden realizar libremente su trabajo sin sufrir amenazas, intimidación ni abusos; no proteger sus actividades e interferir deliberadamente en su trabajo son violaciones flagrantes del derecho internacional”.

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