Las autoridades georgianas han vulnerado reiteradamente el derecho de reunión pacífica utilizando ilegalmente la fuerza contra personas que protestan pacíficamente y no impidiendo los actos de violencia de grupos de hombres no identificados. Amnistía Internacional pide a las autoridades que pongan fin de inmediato a estas violaciones y garanticen que todo el mundo es libre de ejercer el derecho de reunión pacífica. Asimismo, deben retirar el proyecto de “Ley sobre la transparencia de la influencia extranjera”, que pretende claramente restringir de forma indebida el derecho a la libertad de asociación.
La policía y las fuerzas de seguridad deben cumplir el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y poner fin a las detenciones arbitrarias. Las denuncias de uso ilegal de la fuerza —utilizar sustancias químicas irritantes, cañones de agua y balas de goma contra personas que se manifiestan pacíficamente, así como golpearlas y someterlas a otros malos tratos— deben ser investigadas sin demora y de forma independiente e imparcial. Las autoridades presuntamente responsables deben comparecer ante la justicia en juicios con garantías procesales.
Informes de uso ilegal de la fuerza, detención arbitraria y malos tratos
Desde hace tres semanas hay grandes protestas en Tiflis tras la presentación el 15 de abril por el partido gobernante del proyecto de "Ley sobre la transparencia de la influencia extranjera”, muy cuestionado. De aprobarse, las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación del extranjero tendrían que registrarse como “organizaciones que atienden los intereses de una potencia extranjera” y someterse a una exhaustiva presentación de informes, cuyo incumplimiento sería duramente sancionado. La aprobación de este proyecto de ley amenaza con socavar gravemente los derechos a la libertad de asociación y de expresión en Georgia.
El 15 de abril estallaron en Tiflis protestas pacíficas generalizadas para pedir al gobierno que retirara del Parlamento el proyecto de ley. Ese primer día la policía detuvo a 14 personas. Al día siguiente, el enfrentamiento entre manifestantes pacíficos y fuerzas policiales acabó en la dispersión violenta de las protestas por la policía, que empleó medidas de fuerza ilegal, como el uso de sustancias químicas irritantes, y la detención arbitraria de 11 personas. Según los informes, en las protestas hubo personas que resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellos varios periodistas. Ese mismo día (16 de abril), el proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento en la primera de las tres lecturas de su tramitación.
A partir del 30 de abril, mientras el partido gobernante impulsaba la ley a las últimas etapas de su aprobación y crecía el número de manifestantes en las calles, las autoridades incrementaron la represión. La policía antidisturbios ha utilizado sustancias químicas irritantes y cañones de agua para dispersar a las personas congregadas pacíficamente en torno al edificio del Parlamento y obligarlas a alejarse de una de sus entradas laterales, alegando que bloqueaban el acceso de los parlamentarios.
Varias personas que participaban en las protestas y se vieron atrapadas en la represión dijeron a Amnistía Internacional que la policía las atacó simultáneamente con pulverizadores de pimienta, gas lacrimógeno y cañones de agua a corta distancia, sin previo aviso y sin darles la oportunidad de dispersarse. La actuación policial les provocó dificultades para respirar, quemaduras en la piel e irritación en los ojos, y estuvieron a punto de perder el conocimiento. A juzgar por las imágenes publicadas por Radio Free Europe Georgia Service, al menos ocho manifestantes sufrieron heridas a consecuencia de las balas de goma, en un caso una herida penetrante en la zona inferior del tórax y en otro una grave lesión ocular.[1]
Quienes asistieron a las protestas denunciaron también que la policía perseguía, rodeaba y golpeaba a manifestantes aislados que no suponían amenaza alguna. Según las declaraciones de grupos pro derechos humanos y las imágenes de vídeo disponibles, también hubo casos en que la policía golpeó con porras a personas que se manifestaban pacíficamente, les pegó puñetazos, las agredió en grupos y golpeó a las que yacían en el suelo, además de arrastrarlas tras el cordón policial y golpearlas allí. Entre las víctimas había mujeres y personas menores de edad, así como periodistas y parlamentarios de la oposición, que en algunos casos sufrieron heridas en la cabeza, incluso conmoción cerebral, fractura de huesos faciales y otras lesiones.[2]
El 3 de mayo, aproximadamente a la una de la madrugada, varias personas que protestaban pacíficamente en la Plaza de los Héroes de Tiflis fueron rodeadas, atacadas y golpeadas por grupos de hombres sin identificar que avanzaron con sus vehículos entre la multitud, golpeando a una persona que iba en bicicleta, según informaron medios de comunicación locales.[3] Un testigo dijo a Amnistía Internacional que de los vehículos salieron aproximadamente una decena de hombres “atléticos”, que rodearon a manifestantes aislados y comenzaron a golpearlos y darles patadas hasta tirarlos al suelo. Según testigos, la policía no llegó hasta una hora después, cuando los agresores se habían ido del lugar en sus vehículos. Los testigos dijeron también que, al parecer, una de las personas golpeadas perdió el conocimiento, y otra tenía heridas en la cabeza y sangraba.
Además de las palizas y otros malos tratos, la policía ha acusado a decenas de personas detenidas en las protestas pacíficas de actos de vandalismo leve y desobediencia a la policía.
Tamar, hija de un manifestante de edad avanzada detenido el 30 de abril, dijo a Amnistía Internacional que su padre había sido golpeado y detenido por la policía cuando intentaba encontrar a su nieta entre quienes protestaban. Tamar pasó toda la noche buscándolo. Al final, un abogado de derechos humanos lo localizó al día siguiente en una comisaría a las afueras de la ciudad y dijo a la familia que el padre de Tamar tenía heridas en la cara y en el cuerpo. La familia no ha podido visitarlo ni comunicarse con él bajo custodia, y tampoco averiguar si hay cargos contra él.
Defensores y defensoras de los derechos humanos locales que proporcionan asistencia letrada gratuita a las personas detenidas en las protestas dijeron a Amnistía Internacional que a muchas de ellas se les había negado el acceso a asistencia letrada y atención médica. A las personas detenidas, en muchos casos menores de 18 años, no las dejaban avisar a sus familias de su paradero. En ocasiones, las trasladaban a comisarías en las afueras de Tiflis, y a sus abogados se les negaba información sobre su lugar de detención.
Marie Kapanadze, defensora de los derechos humanos que proporciona asistencia letrada gratuita a las personas detenidas en las protestas, afirmó que muchos de sus colegas habían pasado la noche intentando encontrar a personas detenidas, entre las que había menores. Al menos 15 de las personas que lograron localizar tenían heridas causadas por actos de violencia, como hematomas. En casi todos los casos, las autoridades prorrogaron el plazo de detención de 24 a 48 horas sin alegar ninguna circunstancia excepcional que lo justificara, como exigen las leyes de Georgia.
Obligaciones de Georgia en virtud del derecho y las normas internacionales
Según el derecho internacional de los derechos humanos, Georgia tiene la obligación de promover un entorno propicio para el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación, y las restricciones, de haberlas, no deben ser discriminatorias, ni “tener por objeto desalentar la participación en las reuniones o provocar un efecto disuasorio.”[4]
Las reuniones pacíficas, aunque sean obstructivas, entran dentro del ámbito de protección del derecho de reunión pacífica[5] lo cual quiere decir que el Estado tiene la obligación de protegerlas y facilitarlas.
Las autoridades georgianas también tienen la obligación de facilitar las reuniones pacíficas en el lugar preferido por quienes las organizan y permitir “que puedan ser vistas y oídas por sus destinatarios”.[6] Los gobiernos pueden dispersar una reunión sólo si la perturbación es “grave y sostenida”, y sólo en “casos excepcionales”, como cuando deja de ser pacífica, o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia grave que no se pueda abordar razonablemente con medidas más proporcionadas.
El uso de cualquier arma, incluidas las menos letales, debe ajustarse al derecho y las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza. En concreto, el uso de balas de goma debe estar estrictamente restringido a situaciones de desórdenes violentos que entrañen riesgo de daño a personas, y los proyectiles nunca deben ir dirigidos hacia la cabeza, el torso o la ingle. El gas lacrimógeno y los cañones de agua sólo pueden utilizarse en situaciones de violencia extrema e incontrolada y sólo tras avisarlo de forma clara y con tiempo suficiente para que las personas cumplan la orden. Debe prohibirse la mezcla de agua y sustancias químicas irritantes para su uso en cañones de agua, y el gas lacrimógeno no debe usarse de forma repetida, en cantidades excesivas ni en espacios reducidos o situaciones en las que la gente no pueda dispersarse. El uso de pulverizadores de pimienta contra personas que ya estén inmovilizadas o bajo control puede constituir tortura u otros malos tratos. La actuación de la policía georgiana incumplió claramente las normas internacionales sobre la labor policial en manifestaciones, especialmente del 30 de abril al 3 de mayo.
Observadores de derechos humanos y el Defensor del Pueblo georgiano han afirmado que las concentraciones han sido pacíficas y que no ha habido motivo alguno para impedir que se llevaran a cabo ni utilizar la fuerza contra ellas.[7] Los incidentes aislados de incumplimiento de las órdenes policiales o perturbación del orden público no justifican el uso de sustancias químicas irritantes, cañones de agua o balas de goma contra una protesta pacífica, y no hay nada que justifique golpear a sus participantes o maltratarlos durante su detención. La reacción punitiva de las autoridades ante las protestas pacíficas indica una clara intención por su parte de castigar a quienes asistieron a ellas por reunirse y de evitar nuevas protestas, lo cual es una flagrante violación del derecho de reunión pacífica.
Con manifestaciones tan multitudinarias en Tiflis y en todo el país, que se espera que se repitan en los días venideros, las autoridades deben permitir que toda persona que desee ejercer su derecho de reunión pacífica lo haga con seguridad y sin temor a sufrir malos tratos ni represalias.
Amnistía Internacional reitera asimismo su llamamiento a las autoridades georgianas para que retiren el proyecto de “Ley sobre la transparencia de la influencia extranjera”, que claramente restringe de manera indebida el derecho a la libertad de asociación, y que se abstengan de imponer cualquier otra legislación represiva que amenace con socavar los derechos humanos y la sociedad civil.
