Behind barbed wire: Human rights toll of “borderization” in Georgia revela el devastador impacto de los esfuerzos de las fuerzas rusas y las autoridades de facto de establecer una “frontera internacional” a lo largo de la línea fronteriza en conflicto instalando alambre de espinos, vallas, fosos y otras barreras físicas que dividieron a comunidades y han separado a residentes de sus tierras cultivables, sus fuentes de agua, sus lugares de culto e incluso sus tumbas familiares.
“Estas arbitrarias medidas están estrangulando vidas. Cientos de personas se enfrentan a detención arbitraria todos los años tratando de cruzar la frontera simplemente para ver a sus familiares, cuidar sus cosechas o acceder a atención médica. Comunidades enteras se vieron separadas de fuentes vitales de ingresos y otros aspectos importantes de sus vidas, castigadas exclusivamente por el lugar donde da la casualidad de que viven”, ha manifestado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
“Rusia ejerce un control efectivo sobre Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tskhinvali, y por tanto debe cumplir las obligaciones que contrajo en virtud del derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos en estos territorios.”
Comunidades separadas, medios de vida devastados
Desde el conflicto de agosto de 2008 se estacinaron fuerzas rusas en Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tskhinvali sin el consentimiento de Georgia.
En 2011, las fuerzas rusas iniciaron el denominado proceso de “fronterización” para convertir la Línea de Fronteras Administrativa —que a menudo era sólo una línea de puntos en un mapa— en una barrera física que separa Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tskhinvali, en un lado, y el territorio controlado por Georgia, en el otro.
Davit Vanishvili, de 85 años y residente en el pueblo de Khurvaleti, dividido durante el proceso de “fronterización”, contó a Amnistía Internacional que unos miembros de las fuerzas rusas le habían planteado una difícil elección en 2013: quedarse en su casa en el lado de la línea correspondiente a Osetia del Sur/Región de Tskhinvali, o trasladarse y pasar el resto de su vida desplazado en el lado controlado por Tiflis.
Él eligió quedarse, pero ahora está separado de sus familiares y amigos. Él y sus familiares se arriesgan a ser detenidos cada vez que intentan cruzar la valla al amparo de la oscuridad para recoger su pensión, medicinas y otros productos en el lado georgiano.
“Unos soldados rusos vinieron a mi casa y me dijeron que ya no es Georgia. Ese mismo día empezaron a instalar vallas alrededor de mi patio. Ya no puedo acceder al resto del pueblo, ni al resto del país”, dijo a Amnistía Internacional. La “fronterización” de la Línea de Fronteras Administrativa afectaron a comunidades de todos los grupos étnicos a ambos lados de la línea divisoria.
Según las autoridades de Georgia, a finales de 2018 al menos 34 pueblos fueron divididos por vallas instaladas por las fuerzas rusas. Se calcula que un total de entre 800 y 1.000 familias han perdido el acceso a sus tierras cultivables.
Amiran Gugutishvili, agricultor de 71 años del pueblo de Gugutiankari, cerca de la línea fronteriza de Osetia del Sur/Región de Tskhinvali, lleva dependiendo de los servicios sociales desde 2017, cuando perdió el acceso a su huerto de manzanas.
“Cada año cosechaba más de un centenar de cajas de manzanas de mi huerto y las vendía. El beneficio era suficiente para que mi familia sobreviviera. Desde 2017 no puedo acceder a mi jardín. Unos soldados rusos instalaron allí una señal de frontera estatal. Aún paso por allí a veces para ver mis manzanas a través de la valla”, contó a Amnistía Internacional.
El cierre de los pasos fronterizos afecta al comercio
La “fronterización” provocó el cierre de varios pasos fronterizos oficiales entre Osetia del Sur/Región de Tskhinvali y Abjasia.
“La ‘fronterización’ afectó negativamente a lo que en tiempos era un activo comercio transfronterizo. Ha erosionado seriamente la situación económica y social en comunidades que están en medio de la frontera, pues los productores locales han perdido el acceso a los mercados más cercanos”, ha manifestado Marie Struthers.
El pueblo de Khurcha, en el lado abjasio del río Enguri, que separa la región escindida del resto del territorio georgiano, fue en tiempos un núcleo de comercio local, gracias a su paso fronterizo. Pero el paso se cerró en marzo de 2017, lo que llevó a algunos residentes a trasladarse a otros lugares del territorio controlado por Tiflis.
“Nuestro pueblo se convirtió en un callejón sin salida, igual que nuestras vidas”, dijo un residente de Khurcha de 85 años de edad.
El cruce por puntos que no son pasos fronterizos designados oficialmente, y sin documentos adecuados que suelen ser difíciles de conseguir, es considerado ilegal por las autoridades tanto rusas como de facto. Esto provoca que cientos de personas sean detenidas arbitrariamente cada año; algunas de esas personas fueron presuntamente golpeadas y sometidas a malos tratos bajo custodia.
“Las autoridades rusas y las autoridades de-facto de los territorios escindidos deben reabrir los pasos fronterizos que cerraron y deben suavizar las restricciones de circulación y de otro tipo para la población local que vive cerca de la línea administrativa. Las restricciones a la libertad de circulación, cuando se aplican, deben ser estrictamente necesarias, estar dictadas por auténticos motivos de seguridad y militares, y ser proporcionadas”, ha manifestado Marie Struthers.
Además, Amnistía Internacional pide a Georgia que proporcione apoyo pertinente a las familias cuyos derechos económicos, sociales y culturales se vieron afectados negativamente por la “fronterización”, incluidas aquellas que han perdido el acceso a sus medios de sustento.
Información complementaria
Las amplias cuestiones políticas que subyacían bajo las hostilidades entre Georgia, Rusia y las dos regiones escindidas en las décadas de 1990 y 2000 son importantes y aún perduran, pero van más allá del ámbito de nuestra investigación.
El informe se basa en unos 150 testimonios recopilados durante viajes sobre el terreno a Georgia en marzo y julio de 2018 y en junio de 2019. Amnistía Internacional escribió al gobierno ruso, a las autoridades de facto en Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tskhinvali y al gobierno de Georgia exponiendo un resumen de nuestras conclusiones y nuestros motivos de preocupación en materia de derechos humanos, y les ofreció la oportunidad de responder y de que su aportación apareciera reflejada en el informe. Amnistía Internacional sólo recibió una respuesta de Georgia.
