El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable.

El 48º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) comienza hoy en Ginebra. Amnistía Internacional se une a más de 1.100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas para pedir a los Estados miembros que adopten una resolución que reconozca formalmente el derecho a un medioambiente saludable. Los Estados miembros también deben establecer un nuevo mandato para un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia. Como principal órgano global de derechos humanos, el CDH debe hacer uso de todas las herramientas a su disposición para contrarrestar la crisis. Pedimos a todos los Estados que apoyen el reconocimiento del derecho a un medioambiente saludable, en la ONU y en el ámbito nacional. Aquellos que no lo hagan estarán en el lado equivocado de la Historia y opuestos a futuro común de la humanidad”.

Un derecho humano esencial

El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales. Son muchas las voces que sostienen que también está contenido implícitamente en los tratados globales de derechos humanos, aunque no haya sido reconocido de forma explícita por los Estados a través de las Naciones Unidas. Una amplia variedad de entidades de la ONU y otros organismos intergubernamentales, así como ONG, sindicatos y grupos empresariales, han declarado su apoyo al reconocimiento global del derecho a un medioambiente saludable.

El reconocimiento de la ONU dejaría claro que los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y hacer efectivo este derecho.

Animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación. También respaldaría la decisiva labor de los defensores y defensoras de los derechos ambientales, respaldaría la legitimidad de sus esfuerzos y ejercería más presión sobre los Estados para que los protejan frente a amenazas y ataques.

Junto con la creación de un procedimiento especial sobre cambio climático y derechos humanos, el reconocimiento formal también facilitaría el apoyo de la ONU a los Estados para que mejoren su desempeño en asuntos ambientales.

Actualmente, la implicación de los órganos de derechos humanos de la ONU en asuntos ambientales depende de la relación entre los efectos ambientales y otros derechos; por ejemplo, podrían examinar si se ha violado el derecho a la vivienda a través de la deforestación, o si el derecho a la salud está amenazado por no abordarse la contaminación del aire.

Un derecho a un medioambiente saludable reconocido universalmente facilitaría la labor de los órganos de derechos humanos de la ONU a la hora de examinar el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos en relación con el medioambiente y de proporcionar apoyo y asistencia a los Estados para ese cumplimiento.

La investigación demuestra que el reconocimiento a nivel de Estado del derecho a un medioambiente saludable contribuye a mejorar los resultados ambientales, como un aire más limpio, la mejora del acceso a agua potable segura y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También empodera a las comunidades para defender sus derechos ante efectos ambientales adversos vinculados a la responsabilidad de los Estados y las empresas.

“Como ha señalado el relator especial sobre los derechos humanos y el medioambiente, cuando la ONU adoptó resoluciones que reconocían el derecho humano al agua y el saneamiento en 2010, estimuló a muchos Estados a incluir estos derechos en su legislación nacional. También movilizó miles de millones de dólares para aumentar la inversión en infraestructuras hídricas, lo que mejoró radicalmente las vidas de cientos de millones de personas”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Reconocer el derecho a un medioambiente saludable podría estimular cambios transformadores semejantes en los enfoques del cambio climático por parte de los Estados. Pedimos a todos los Estados miembros del CDH que aprovechen esta oportunidad para ampliar el trabajo del CDH sobre la crisis climática, uno de los desafíos de derechos humanos más abrumadores y urgentes de la Historia”.