En respuesta a la propuesta realizada por el gobierno francés para restar fuerza al nuevo tratado propuesto sobre cooperación legal internacional en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuya negociación llega esta semana a su recta final en una conferencia que se celebra en Liubliana (Eslovenia), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Las maniobras diplomáticas del gobierno francés se dan de bruces con los principios establecidos en materia de derechos humanos y ponen en cuestión la esencia misma de la jurisdicción universal. De ser aceptada, su propuesta podría ofrecer a los Estados un resquicio legal para evitar procesar o extraditar a presuntos responsables de crímenes de derecho internacional. Para entendernos, esta preocupante modificación podría permitir escapar a presuntos torturadores y criminales de guerra e incluso llevar a que se les proporcione refugio seguro.
“La modificación reduciría drásticamente la potencia y la fuerza de la nueva convención. Equivale a supeditar la justicia a la política. Indica un preocupante retroceso en el derecho internacional, así como en la lucha universal por la justicia, la verdad y la reparación.
“El proyecto de convención debe incorporar los más estrictos criterios del derecho internacional de los derechos humanos. La propuesta francesa se arriesga a socavar normas que existen en tratados contra la tortura y las desapariciones forzadas y que han sido mundialmente aceptadas.
“Amnistía Internacional pide a todos los Estados que participan en la conferencia que rechacen firmemente las propuestas de Francia sobre la redacción de los artículos 6 y 11 del proyecto de convención y mantengan el texto propuesto originalmente”.
Información complementaria
Autoridades de más de 77 Estados se reúnen en Liubliana (Eslovenia) del 15 al 26 de mayo para concluir las negociaciones y adoptar un tratado histórico, la Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra.
El propósito de este tratado, conocido también como Convención de Asistencia Judicial Recíproca, sería obligar a los Estados que se incorporen a él a investigar y —si hay suficientes pruebas admisibles— enjuiciar a los presuntos perpetradores de estos crímenes en sus propios tribunales nacionales o entregarlos para que sean juzgados en otro Estado o en un tribunal penal internacional. Francia, con el apoyo de Reino Unido entre otros países, ha propuesto modificaciones que menoscabarían el objeto y propósito del nuevo instrumento. Entre ellas están los cambios en la redacción del artículo 6 y el artículo 11 para que la obligación de los Estados de establecer un mecanismo de jurisdicción universal y de extraditar o juzgar a los presuntos autores de crímenes de derecho internacional sea discrecional.
