La COP 28, la conferencia anual del clima de las Naciones Unidas, se celebrará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Reunirá a 198 Estados y partes para abordar la amenaza global que representa el cambio climático. El historial en materia de derechos humanos de Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión, también será objeto de escrutinio. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, asistirá del 1 al 6 de diciembre.

En anteriores COP, los países acordaron limitar el calentamiento global. ¿Qué ha sucedido?

En la COP21 de París, en 2015, los países acordaron que intentarían limitar el calentamiento global para este siglo a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales a fin de evitar los peores efectos del cambio climático. Ya estamos en torno a 1,4 °C, y el clima mundial se encamina a ser al menos 2,8 °C más cálido en el año 2100, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climáticos, lo que tendrá consecuencias catastróficas para miles de millones de personas y los ecosistemas. La concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, que están calentando la atmósfera y derivan principalmente de la producción y la quema de combustibles fósiles, ya está en niveles sin precedentes y sigue aumentando.

 

Pero el clima mundial ha cambiado históricamente. Entonces, ¿cuál es el problema?

Las temperaturas globales están aumentando a un ritmo sin precedentes. Los últimos ocho años han sido los más cálidos jamás registrados. En julio, el mundo vivió el día más caluroso del que se tiene registro y, casi con total certeza, 2023 será el año más cálido hasta la fecha. El calor está aumentando la frecuencia y la severidad de los fenómenos climáticos extremos, aniquilando cultivos y ganado, dañando ecosistemas, y destrozando vidas y medios de subsistencia. El patrón de más calor, sequía e incendios, seguidos de lluvias de extrema intensidad, es cada vez más habitual. Los procesos de más largo aliento, como el deshielo y el retroceso de los glaciares, la pérdida de los mantos de hielo polares y el aumento del nivel del mar, se han intensificado.

 

¿Qué tiene que ver el cambio climático con los derechos humanos?

Todo el mundo tiene el derecho a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible. Con la intensificación de la crisis climática, éste y otros derechos están cada vez más amenazados. El cambio climático agrava las sequías, los daños a las cosechas y da lugar a la escasez y el encarecimiento de los alimentos, y, tras decenios de constante disminución, el hambre en el mundo ha vuelto a crecer. Esta escasez incrementa la competencia por los recursos y puede provocar desplazamiento de poblaciones, migración y conflictos, que a su vez dan lugar a otros perjuicios a los derechos humanos. Con frecuencia, las comunidades ya de por sí vulnerables, que emplean menos combustibles fósiles —como los agricultores de subsistencia, los pueblos indígenas, y los que viven en Estados insulares de poca altitud que afrontan el aumento del nivel del mar y tormentas más intensas—, son las que más sufren las consecuencias del cambio climático y las que más a menudo ven amenazado su derecho a la salud, a la vida, a la alimentación y a la educación. El calentamiento global afecta a muchos otros derechos en países de todos los niveles de ingresos, por ejemplo, con el significativo empeoramiento de la contaminación atmosférica. También implica que los mosquitos transmisores de enfermedades se estén extendiendo a nuevas zonas. El calor extremo causa muertes de personas que trabajan al aire libre, y aumenta los índices de mortalidad en residencias y centros médicos. En los países de altos ingresos, los perjuicios causados por la extracción de combustibles fósiles y por el cambio climático a menudo se producen en las denominadas “zonas de sacrificio”, donde es frecuente que comunidades que ya son objeto de discriminación sufran contaminación nociva; y la desinversión implica que las infraestructuras públicas no están bien equipadas para soportar fenómenos meteorológicos extremos.

 

¿Qué se puede hacer para solucionar esto?

Mucho más. Un acuerdo en la COP28 para un abandono gradual de los combustibles fósiles rápido, justo y financiado es fundamental para proteger los derechos humanos. Dirigentes gubernamentales y empresariales pueden y deben hacer mucho más por detener el creciente desarrollo de la producción de recursos de combustibles fósiles, que es incompatible con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Muchos países están invirtiendo en la expansión de las energías renovables, pero se necesita mucho más para lograr una transición justa que dé acceso a las energías renovables a todo el mundo. La financiación pública para las energías renovables, hacer que quien contamine pague, y la electrificación obligatoria son enfoques de políticas que pueden generar impactos mensurables en las emisiones.

Hay en marcha varios procesos judiciales relacionados con el cambio climático y con la vulneración de derechos. Amnistía Internacional participa en alguno de los procesos, y éstos demuestran que existen sendas jurídicas para hacer rendir cuentas a los Estados y las empresas.

Las campañas y el activismo relacionado con el cambio climático han conseguido victorias importantes, lo que pone de manifiesto que la presión que ejercen las comunidades de base sobre los gobiernos y las empresas para que dejen de invertir en los combustibles fósiles puede ayudarnos a que se produzca un giro. La juventud y las comunidades minorizadas que más están sufriendo las violaciones de derechos humanos relacionadas con el cambio climático están a menudo a la vanguardia de estas iniciativas.

 

¿Qué ocurre con los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos? ¿Acaso no es un gran productor de combustibles fósiles?

El funesto historial de Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos supone una amenaza para el éxito de la cumbre. La promesa de permitir que “distintas voces sean escuchadas” en la COP28 es inadecuada y sirve para poner de relieve el contexto normalmente restrictivo de Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos y las fuertes limitaciones que el país impone a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Preocupan el cierre del espacio cívico, y la posibilidad del espionaje digital y la vigilancia. Amnistía Internacional ha preparado un completo informe sobre la situación de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos. La COP debe ser un foro en el que se respete el derecho a la libertad de expresión y de manifestación pacífica y la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades y grupos en primera línea afectados por el cambio climático puedan participar abiertamente y sin temor. La ciudadanía emiratí y las personas de cualquier nacionalidad deben poder criticar libremente a Estados, empresas y políticas, incluidas las de Emiratos Árabes Unidos, para poder contribuir a conformar las políticas sin sufrir intimidación.

Emiratos Árabes Unidos es, además, uno de los 10 mayores Estados productores de petróleo del mundo y se opone al rápido abandono gradual de los combustibles fósiles. El sector de los combustibles fósiles genera una enorme riqueza para relativamente pocos actores empresariales y Estados, que tienen un interés particular en bloquear una transición justa a energías renovables, y en silenciar a quienes se oponen a ellos.

La COP28 la preside Sultan al Jaber, que también es el director ejecutivo de ADNOC, la empresa petrolera y gasística estatal de Emiratos Árabes Unidos, que está ampliando su producción de combustibles fósiles. Amnistía Internacional ha instado a Sultan Al Jaber a dimitir de su cargo en ADNOC, pues considera que existe un evidente conflicto de intereses que amenaza el éxito de la COP28, y que es sintomático de la creciente influencia que el lobby de los combustibles fósiles ha podido ejercer en los Estados y en la COP.

 

¿Cómo se espera que los países con menos recursos cumplan los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero?

Muchos países no disponen de recursos suficientes para corregir los daños causados por el calentamiento global, ni para adaptarse a sus consecuencias y proteger los derechos de la población. En virtud del derecho de los derechos humanos y del Acuerdo de París de 2015, los Estados de ingresos más elevados tienen la obligación de proporcionarles apoyo.

En 2009, los Estados de ingresos más elevados, que históricamente han sido los mayores emisores de gases de efecto invernadero, prometieron 100.000 millones de dólares estadounidenses al año para 2020 con el propósito de ayudar a los países “en desarrollo” con la reducción de emisiones y la adaptación climática. Hasta la fecha, han incumplido ese compromiso de financiación, aunque el cumplimiento de todas las promesas formuladas e incrementar la financiación para la adaptación y los programas de protección social son fundamentales para proteger derechos.

Durante años, los Estados de ingresos más elevados se negaron a pagar por las pérdidas y daños provocados por el cambio climático en los países “en desarrollo”; no obstante, en la COP del año pasado se acordó crear un Fondo de Pérdidas y Daños. En la Conferencia de este año se va a negociar cómo se dirigirá y gestionará el fondo.

Los Estados de ingresos más elevados, con su función de acreedores y reguladores, y mediante su influencia en el Banco Mundial para aliviar la deuda o conceder préstamos con unas condiciones menos severas, pueden contribuir a acelerar una transición justa a energías renovables en todo el mundo.

Amnistía Internacional ha publicado una lista completa de recomendaciones para la COP28, y encontrarán más información sobre nuestro trabajo relacionado con el cambio climático aquí.