Los casos de terrible uso indebido de gas lacrimógeno por las fuerzas de seguridad durante la brutal represión de protestas en Irán, Perú y Sri Lanka el año pasado son algunos de los muchos incidentes que se exponen en el sitio web de Amnistía Internacional Gas lacrimógeno: Investigación.

Este sitio web interactivo incluye ahora datos sobre 30 nuevos incidentes en 13 países en los que la policía y las fuerzas de seguridad causaron daños debido al uso inadecuado de gas lacrimógeno.

Desde el lanzamiento en 2020 de este sitio web, galardonado con el premio Webby, Amnistía Internacional ha verificado incidentes de uso indebido de gas lacrimógeno en más de 115 países y territorios, entre ellos, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Israel/Territorios Palestinos Ocupados, Líbano, Malí, Myanmar, Nigeria, Serbia, Sudán, Túnez y Uganda.

“Año tras año, Amnistía Internacional sigue documentando usos peligrosos y temerarios de gas lacrimógeno en todo el mundo”, ha afirmado Marija Ristic, directora del Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional.

“La gente ha salido a la calle a protestar para reclamar que se respeten sus derechos humanos, y la respuesta ha sido el uso de violencia innecesaria o fuerza excesiva, que en muchos casos ha incluido el uso ilegítimo de gas lacrimógeno.

“Las autoridades de todo el mundo deben respetar el derecho de manifestación pacífica y hacer rendir cuentas a toda persona que emplee de manera ilegítima gas lacrimógeno contra personas que ejercen sus derechos humanos fundamentales.”

La campaña en curso Protejamos la Protesta de Amnistía Internacional también está documentando ataques contra protestas pacíficas en solidaridad con quienes los sufren y para apoyar a los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos en todo el mundo.

Muertes y lesiones causadas por uso indebido

Durante 2022, las autoridades de Irán aplicaron sistemáticamente una respuesta militarizada a las protestas de ámbito local y nacional y usaron munición real, perdigones, gas lacrimógeno y cañones de agua para aplastar unas protestas en gran medida pacíficas. Cientos de manifestantes y transeúntes fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos decenas de niños y niñas. Una niña de 6 años murió tras recibir el impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cabeza. Miles de personas sufrieron lesiones de consideración, incluida pérdida de la vista, para las que muchas no buscaron atención médica por miedo a ser detenidas.

Durante las protestas generalizadas que comenzaron en Perú en diciembre de 2022, las fuerzas armadas y la Policía Nacional de Perú dispararon ilegítimamente armas letales y usaron otras armas menos letales contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Este uso ilegítimo de la fuerza causó 49 muertes por la represión del Estado hasta febrero de 2023. Las protestas fueron en su mayor parte pacíficas, pero los datos indicaban que la policía y el ejército dispararon balas, perdigones y gas lacrimógeno de forma temeraria y mataron o causaron lesiones a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas.

En Sri Lanka, el gobierno intensificó su represión de la disidencia cuando miles de personas protestaron contra la grave situación económica del país. El uso indebido de gas lacrimógeno y de cañones de agua se convirtió en habitual en la respuesta a las manifestaciones y afectó a manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas. Estas tácticas causaron al menos una muerte en una protesta en julio de 2022.

Y, en Ucrania, las fuerzas de seguridad rusas dispararon gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que salieron a la calle en Jersón en abril de 2022 para reclamar el fin de la ocupación rusa de la ciudad.

La última actualización del sitio web incluye ejemplos semejantes de Colombia, Ecuador, Grecia, India, Indonesia, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados y Turquía.

Investigación de fuentes de acceso público

El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional comenzó a investigar el uso indebido de gas lacrimógeno en 2019, principalmente mediante el análisis de vídeos publicados en redes sociales. Usando métodos de investigación basada en fuentes de acceso público, la organización identificó y verificó casos en los que se usó de forma indebida gas lacrimógeno y confirmó la ubicación, la fecha y la validez. El análisis fue realizado por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional, una red de estudiantes de cinco universidades en cuatro continentes con formación en la verificación de vídeos y fotografías de potenciales violaciones de derechos humanos derivadas de conflictos y crisis en todo el mundo.

Amnistía Internacional ha documentado múltiples formas de uso indebido del gas lacrimógeno por la policía, entre las que figuran: dispararlo en espacios cerrados; dispararlo directamente contra personas; usarlo en cantidades excesivas; dispararlo contra manifestaciones pacíficas, y dispararlo contra grupos que tienen menos posibilidades de huir o son más sensibles a sus efectos, como menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

Necesidad de regulación

A pesar del uso indebido generalizado, no se ha acordado una normativa internacional sobre el comercio del gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes Muy pocos Estados ofrecen información pública sobre el volumen y el destino de las exportaciones de gas lacrimógeno, lo que dificulta una vigilancia independiente.

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega llevan más de dos decenios haciendo campaña en favor de mayores controles sobre la producción, el comercio y el uso del gas lacrimógeno y otras armas y material destinados a hacer cumplir la ley. Como consecuencia, la Unión Europea ha introducido controles sobre el comercio de algunos tipos de material, y la ONU y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de regular la exportación de material para hacer cumplir la ley que pueda utilizarse para infligir tortura y otros malos tratos.

Gracias a la labor de incidencia diplomática de alto nivel llevada a cabo por los más de 60 Estados que integran la Alianza por un Comercio sin Tortura, con el apoyo de una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil, la ONU está estudiando la posible elaboración de controles sobre el comercio internacional de material para hacer cumplir la ley —incluido el gas lacrimógeno— y así evitar su uso para cometer tortura u otros malos tratos. En enero de 2023, Amnistía Internacional y más de 30 ONG se unieron para firmar la Declaración de Shoreditch, que pide que se establezca un tratado internacional a fin de controlar el comercio de los instrumentos de tortura que se utilizan en todo el mundo para reprimir protestas pacíficas y cometer abusos contra personas detenidas.

FIN

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