Amnistía Internacional ha publicado hoy nuevos indicios del uso indebido de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad en varios países en la segunda mitad de 2020, por ejemplo, durante las protestas en torno a las elecciones de Uganda, al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y en la represión de manifestantes en Líbano.

La organización ha actualizado su sitio web interactivo Tear Gas: An Investigation, que ahora incluye nuevos casos de violaciones de derechos humanos de manifestantes pacíficos cometidas por la policía en todo el mundo.

Desde el lanzamiento del sitio web en junio de 2020, Amnistía Internacional ha verificado incidentes recientes de uso indebido de gas lacrimógeno en varios países, como Francia, Guatemala, India, Malí, Nigeria, Perú, Serbia y Túnez.

“El constante uso indebido de gas lacrimógeno por parte de la policía en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pacíficos”, ha declarado Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Nuestro análisis actualizado constituye una prueba más de que las fuerzas de seguridad continúan haciendo un uso indebido de esta arma menos letal a escala masiva. En 2020, con demasiada frecuencia se respondió con violencia a manifestantes pacíficos, incluso mediante el uso ilegítimo generalizado de gas lacrimógeno, que en determinadas circunstancias puede constituir tortura u otros malos tratos.

“Una vez más, pedimos a las autoridades de todo el mundo que respeten el derecho de manifestación pacífica y hagan rendir cuentas a quienes hayan empleado de manera ilegítima gas lacrimógeno contra personas que ejercían este derecho.”

La actualización incluye 27 nuevos casos en 12 países donde el gas lacrimógeno se ha utilizado indebidamente; el lugar y la fecha de cada caso han sido verificados en fuentes de acceso público por investigadores, que han evaluado su legitimidad. En total, en el sitio web figuran ahora vídeos de más de 100 incidentes de uso indebido de gas lacrimógeno en 31 países y territorios.

 

Muertes y lesiones causadas por el uso indebido

En Uganda, a la inestabilidad política actual generada tras las disputadas elecciones se ha respondido con un bloqueo de Internet y con una represión que ha incluido homicidios, palizas y dispersión violenta de simpatizantes de la oposición mediante el uso de gas lacrimógeno y balas de goma.

En Líbano, las calles se llenaron de manifestantes tras la devastadora explosión ocurrida en el puerto de Beirut en agosto de 2020 que se saldó con la muerte de al menos 204 personas. Durante las protestas contra la respuesta del gobierno a la explosión, las fuerzas de seguridad libanesas hicieron reiteradamente un uso peligroso e ilegítimo de la fuerza, que incluyó el uso excesivo de gas lacrimógeno, para tratar de controlar las manifestaciones.

En Nigeria, en octubre de 2020 estallaron protestas de #EndSars en las que la población pedía el fin de la brutalidad policial, de las ejecuciones extrajudiciales y de la extorsión a manos de la Unidad Especial Antirrobos (SARS), una unidad policial encargada de la lucha contra la delincuencia violenta en el país. Fuerzas policiales y del ejército respondieron con el uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó el lanzamiento de gas lacrimógeno y, según informes, al menos 12 manifestantes pacíficos murieron abatidos a tiros cuando el ejército abrió fuego sobre miles de manifestantes en el peaje de Lekki.

En decenas de ciudades de Estados Unidos, diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley lanzaron gas lacrimógeno y otros agentes de control de multitudes contra manifestantes pacíficos del movimiento Black Lives Matter. Hubo ejemplos similares de uso indebido de gas lacrimógeno en protestas en Indonesia, Perú y Guatemala.

 

Investigación de fuentes de acceso público

El Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional comenzó a investigar el uso indebido de gas lacrimógeno en el mundo a partir de 2019, principalmente mediante el análisis de vídeos subidos a plataformas de redes sociales.

Utilizando métodos de investigación basados en fuentes de acceso público, la organización ha verificado y señalado eventos en los que se hizo un uso indebido de gas lacrimógeno. El análisis lo ha realizado el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional, una red de estudiantes de siete universidades en cuatro continentes con formación en el rastreo y la verificación de contenido de las redes sociales.

El sitio incluye un vídeo producido con SITU Research en el que se analizan las características funcionales del gas lacrimógeno, se explica el funcionamiento interno de las municiones y se muestra cómo su uso indebido puede mutilar y matar.

Amnistía Internacional ha documentado múltiples formas de uso indebido del gas lacrimógeno por la policía, entre las que figuran: dispararlo en espacios cerrados; dispararlo directamente contra personas; usarlo en cantidades excesivas; dispararlo contra manifestaciones pacíficas, y dispararlo contra grupos que tienen menos posibilidades de huir o son más sensibles a sus efectos, como menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

 

Un comercio mal regulado

A pesar del mal uso generalizado, no se ha acordado una normativa internacional sobre el comercio del gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes Muy pocos Estados ofrecen información pública sobre el volumen y el destino de las exportaciones de gas lacrimógeno, lo que dificulta una vigilancia independiente.

Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega llevan más de dos decadas haciendo campaña en favor de mayores controles sobre la producción, el comercio y el uso del gas lacrimógeno y otras armas y material para hacer cumplir la ley. Como resultado, la ONU y organismos regionales como la Unión Europea y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de regular la exportación de este material.

Gracias a la labor de incidencia diplomática de alto nivel llevada a cabo por los más de 60 Estados que integran la Alianza por un Comercio sin Tortura, apoyada por Amnistía Internacional y la Fundación Omega, la ONU está estudiando la posible elaboración de controles sobre el comercio internacional de armas y material para hacer cumplir la ley, y otros artículos, y así evitar su uso para cometer tortura y otros malos tratos o aplicar la pena de muerte. Amnistía Internacional y la Fundación Omega están presionando para que esas medidas incluyan el gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes.