“Las versiones claramente divergentes de sobrevivientes y de las autoridades griegas sobre las circunstancias del naufragio de Pylos ponen de relieve la necesidad urgente de una investigación efectiva, independiente e imparcial”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El barco pesquero Adriana llevaba alrededor de 750 personas a bordo cuando se hundió el 14 de junio frente a la costa de Pylos. Según los relatos que hicieron posteriormente varias de las 104 personas sobrevivientes, la embarcación fue remolcada por un barco de la guardia costera griega, lo que causó el naufragio mortal. Las autoridades griegas han negado rotundamente estas afirmaciones.

“Las disparidades entre los relatos de las personas sobrevivientes del naufragio de Pylos y la versión de las autoridades son sumamente preocupantes”, declaró Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia central.

“Las autoridades griegas, con el apoyo y el escrutinio de la comunidad internacional, deben garantizar que se lleva a cabo una investigación transparente que aporte verdad y justicia para las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas, y pedir cuentas a los responsables.”

Una delegación de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) visitó Grecia entre el 4 y el 13 de julio de 2023 como parte de una investigación en curso sobre las circunstancias del naufragio y las medidas destinada a la rendición de cuentas. En dicha visita, la delegación entrevistó a 19 sobrevivientes del naufragio, a 4 familiares de las personas desaparecidas y a representantes de organizaciones no gubernamentales, de la ONU, y de agencias y organizaciones internacionales, así como de la Guardia Costera Helénica y de la policía griega.

Las observaciones iniciales de ambas organizaciones confirman los motivos de preocupación expresados por otras fuentes fiables sobre la dinámica del naufragio. Las personas sobrevivientes entrevistadas por AI y HRW afirmaron sistemáticamente que el barco de la Guardia Costera Helénica enviado al lugar ató una cuerda al Adriana y empezó a remolcarlo, lo que hizo que el pesquero se tambaleara y después volcara. También dijeron de forma insistente que las personas que viajaban en el barco habían pedido ser rescatadas y que, en las horas previas al naufragio, habían visto a algunas suplicar un rescate por teléfono satelital.

En una reunión con Amnistía Internacional y Human Rights Watch, altos cargos de la Guardia Costera Helénica dijeron que quienes viajaban en el barco sólo habían pedido comida y agua, y que expresaron su intención de seguir hasta Italia. Afirmaron que la tripulación del barco de la Guardia Costera se acercó al Adriana y usó una cuerda para aproximarse y evaluar si el pasaje quería ayuda, pero que, tras las primeras “negociaciones”, éste devolvió la cuerda y el barco continuó su viaje.

Las autoridades griegas han abierto dos investigaciones penales, una contra los presuntos pasadores de fronteras y otra sobre la actuación de la guardia costera. Es vital que estas investigaciones cumplan las normas internacionales de derechos humanos de imparcialidad, independencia y eficacia.

Para mejorar la credibilidad de las investigaciones judiciales tanto en la práctica como en su percepción, éstas deben estar bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Además, las autoridades griegas deben garantizar que se facilita sin demora a la Defensoría del Pueblo de Grecia la información y los recursos necesarios para que ésta desempeñe sus funciones como mecanismo nacional para investigar incidentes de arbitrariedad en relación con cualquier investigación disciplinaria.

Varias personas sobrevivientes dijeron que las autoridades les habían confiscado el teléfono tras el naufragio sin darles documentación alguna a cambio ni decirles cómo recuperarlo. Nabil, sobreviviente de origen sirio, dijo a Amnistía Internacional y HRW: “No me han quitado sólo la prueba del naufragio, son mis recuerdos de las amistades que perdí, me han quitado mi vida”.

La prolongada inacción de las autoridades griegas a la hora de garantizar la rendición de cuentas por devoluciones sumarias violentas e ilegales en las fronteras del país pone en cuestión su capacidad y su voluntad de llevar a cabo unas investigaciones efectivas e independientes.

No hay que olvidar la sentencia de 2022 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el [https://xn--farmakonisi%20shipwreck-2s2nfb/]naufragio del Farmakonisi en 2014, cuyos sobrevivientes dijeron que su barco había zozobrado porque la Guardia Costera Helénica había hecho maniobras peligrosas para remolcarles hacia aguas turcas. El Tribunal condenó a Grecia por la deficiente gestión de las autoridades de las operaciones de salvamento y por las carencias de la investigación posterior sobre el incidente, incluida la forma en que se trataron los testimonios de las víctimas.

A la vista de la gravedad y de la importancia internacional de la tragedia de Pylos, las autoridades griegas deben pedir y recibir la asistencia y la cooperación internacionales y europeas en la realización de las investigaciones nacionales como garantía adicional de independencia, eficacia y transparencia.

Una investigación exhaustiva y creíble sobre el naufragio debería tratar de depurar cualquier responsabilidad tanto del hundimiento del barco como de los retrasos o fallos en las labores de salvamento que podrían haber contribuido a la terrible pérdida de vidas. La investigación debe incluir tomar los testimonios de todas las personas sobrevivientes en condiciones que garanticen su confianza y su seguridad.

Deben recogerse, evaluarse y protegerse todas las pruebas forenses —como rastros de comunicaciones, vídeos y fotografías— para facilitar los procesos de rendición de cuentas. Cualquier propiedad, como teléfonos móviles, tomada a sobrevivientes con fines de investigación deberá ser registrada adecuadamente y devuelta en un plazo razonable.

Todas las personas implicadas en el incidente o que tengan conocimiento de éste, incluidos la Guardia Costera Helénica, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Agencia Frontex), los capitanes y las tripulaciones de los dos barcos mercantes, y otras que participaron en la operación de rescate tras el naufragio deberán ser invitadas o conminadas, en su caso, a declarar y a cooperar de forma plena y sin dilación con las investigaciones.

Paralelamente a la investigación nacional, la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo ha anunciado que abrirá una investigación sobre el papel de la Agencia Frontex en las actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo, incluido el naufragio del Adriana. Esto planteará preguntas importantes sobre el papel, las prácticas y los protocolos de la Agencia en el contexto de las operaciones de búsqueda y salvamento y sobre las medidas que ha adoptado para cumplir sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y las leyes de la UE tanto en este naufragio como en otros.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch siguen investigando el naufragio de Pylos y exigiendo justicia para todas las personas perjudicadas.

“Esta tragedia evitable muestra la quiebra de las políticas de migración de la Unión Europea basadas en la exclusión racializada de personas en movimiento y una disuasión letal”, dijo Esther Major, asesora general de Investigación para Europa de Amnistía Internacional.

“Para garantizar que ésta es la última de una lista inaceptablemente larga de tragedias en el Mediterráneo y no sólo la más reciente, la UE debe reorientar sus políticas de fronteras hacia el salvamento marítimo y unas vías seguras y legales para las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes.”

Información complementaria

Información complementaria Como parte de su investigación en curso, AI y HRW han enviado cartas pidiendo información a varias entidades clave, incluidos el Ministerio de Asuntos Marítimos y Política Insular, la Fiscalía del Tribunal Supremo y el Tribunal Naval de El Pireo y la Agencia Frontex.

El 13 de junio de 2023, la Agencia Frontex dijo que su avión de vigilancia había divisado el Adriana a las 9.47 horas UTC (12.47 EEST/en Atenas) y había alertado a las autoridades de Grecia y de Italia. En las horas siguientes, dos barcos mercantes y, posteriormente un barco de la Guardia Costera Helénica, interactuaron con el Adriana. Después de que éste zozobrase hacia las 2 horas EEST del 14 de junio, solo fueron rescatadas 104 personas, varias de ellas menores.

La Fiscalía de Kalamata ordenó la detención de nueve personas egipcias que sobrevivieron al naufragio a las que acusó de tráfico de personas, pertenencia a una red delictiva organizada, homicidio y otros delitos graves.

Por orden de la dirección de la Fiscalía del Tribunal Naval de El Pireo, un miembro de ésta realiza actualmente una investigación preliminar sobre las condiciones del naufragio y los posibles delitos punibles cometidos por personal de la Guardia Costera Helénica. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido información al ministro griego de Asuntos Marítimos y Política Insular sobre cualquier investigación disciplinaria abierta en relación con la actuación de personal de la Guardia Costera Helénica.