Grecia ha devuelto ilegalmente al menos a ocho personas refugiadas sirias a Turquía sin respetar el debido procedimiento ni estudiar sus solicitudes de asilo, según revelan los documentos y testimonios conseguidos por Amnistía Internacional.

Estas personas, entre las que hay cuatro menores de cinco años, fueron rescatadas en aguas griegas al surgir problemas en la embarcación en la que viajaban de Turquía a Italia, y llevadas a la isla de Milos el 9 de octubre. Las ocho hicieron constar su intención de solicitar asilo, a pesar de lo cual fueron devueltas a Turquía el 20 de octubre. Los refugiados afirman que los engañaron diciéndoles que los trasladaban a Atenas, pero en realidad volaron escoltados por agentes de la agencia europea de gestión de fronteras de la UE (Frontex) hasta Adana (Turquía), violando el derecho internacional y la legislación de la UE.

Las autoridades griegas y la UE han insistido reiteradamente en que las solicitudes de asilo de todas las personas refugiadas sirias que llegan al país son adecuadamente evaluadas, pero aquí hemos visto claros indicios de lo contrario.

Estas personas refugiadas han sido traicionadas por un sistema que no sólo no les ha ofrecido la protección a la que tienen derecho, sino que no ha tenido para nada en cuenta sus necesidades de protección.

Amnistía Internacional ha hablado con dos miembros del grupo de refugiados sirios, uno de ellos un hombre que viajaba con su esposa y sus cuatro hijos. La organización también ha visto documentos oficiales en los que consta la intención de solicitar asilo de ocho miembros de este grupo, y está investigando otros dos casos más de personas que fueron devueltas en el mismo vuelo.

Una de ellas contó a Amnistía Internacional: “Cuando vi la bandera de Turquía en el aeropuerto, todos mis sueños se desvanecieron”. Otra afirmó: “Nos mintieron”.

Documentos firmados cuya copia ha obtenido Amnistía Internacional confirman que los días 14 y 15 de octubre de 2016, en el Centro de Recepción e Identificación de la isla de Leros, al menos ocho de los refugiados sirios expresaron formalmente su intención de solicitar protección internacional en Grecia, una petición que fue completamente ignorada, violando con ello el derecho internacional y las leyes griegas. Estas personas afirman que no retiraron sus solicitudes ni pidieron ser enviadas a Turquía voluntariamente.

Los refugiados dijeron a Amnistía Internacional que no les habían permitido tener contacto externo alguno ni habían tenido oportunidad de hablar con un abogado o con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mientras estuvieron detenidos en la comisaría de Leros, a pesar de que lo pidieron varias veces.

Las autoridades griegas apoyadas por Frontex, la agencia de gestión de fronteras de la UE, han enviado de nuevo a Turquía a estas personas sirias, entre las que hay cuatro niños pequeños, sin tener en cuenta los peligros que pueden encontrar allí ni respetar su derecho a solicitar asilo en Grecia.

En el mejor de los casos se trata de una cuestión de incompetencia, y en el peor, de un cínico intento de las autoridades —bajo la presión siempre creciente de la Unión Europea— de sacar a los refugiados sirios del país a cualquier coste. Es preciso investigarlo urgentemente, permitir a estas personas refugiadas regresar a Grecia y estudiar su reubicación a otros Estados miembros de la UE.